La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación porque el gobierno de México no ha desmentido de manera expresa y públicamente los “informes creíbles” que atribuyen a presiones del gobierno de México la remoción del representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México, Amerigo Incalcaterra.
El 7 de mayo pasado, luego de que se dio a conocer la salida de Incalcaterra, el director ejecutivo de esta organización no gubernamental, Kennet Roth, envió una carta al presidente Felipe Calderón en la que solicitó aclarar las circunstancias que motivaron dicha remoción, pues de confirmarse las versiones que aseguran que el gobierno mexicano intervino, “representaría un alarmante retroceso en la política exterior”.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, contestó a esa organización a través de otra misiva que les fue entregada mediante la embajada de México en Estados Unidos, el 22 de mayo pasado.
En ella, la funcionaria señaló que el representante de dicha oficina “ha expresado públicamente la lógica de su traslado a otro país y sólo corresponde al gobierno de México expresarle su reconocimiento por la labor que ha realizado, así como reiterar su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación institucional entre el gobierno federal y la oficina de la Oficina de la Alta Comisionada”.
En la carta, cuya copia posee EL UNIVERSAL, la canciller aseguró que diversas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción de los derechos humanos “expresan de una manera absolutamente libre, en forma pública y privada, sus comentarios, observaciones y recomendaciones al gobierno de México. Suponer lo contrario, como podría inferirse de su comunicación, no se corresponde con la consolidación de la democracia en México”.
Aseguró que el gobierno mexicano ha estado abierto al escrutinio y la cooperación con el sistema internacional de tutela de los derechos humanos, por lo que destacó que éste y otros hechos “reflejan políticas públicas y decisiones plenamente consolidadas, así como el entorno democrático del país y fundamentan mi sorpresa ante algunas de sus aseveraciones y calificativos”.
Ayer, al participar en la presentación del informe “Defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero” de las Brigadas Internacionales de Paz, la representante interina de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valiña, reiteró el deber de los Estados de garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos y ver su labor “no como un signo de confrontación sino como una contribución al régimen democrático”.
El 7 de mayo pasado, luego de que se dio a conocer la salida de Incalcaterra, el director ejecutivo de esta organización no gubernamental, Kennet Roth, envió una carta al presidente Felipe Calderón en la que solicitó aclarar las circunstancias que motivaron dicha remoción, pues de confirmarse las versiones que aseguran que el gobierno mexicano intervino, “representaría un alarmante retroceso en la política exterior”.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, contestó a esa organización a través de otra misiva que les fue entregada mediante la embajada de México en Estados Unidos, el 22 de mayo pasado.
En ella, la funcionaria señaló que el representante de dicha oficina “ha expresado públicamente la lógica de su traslado a otro país y sólo corresponde al gobierno de México expresarle su reconocimiento por la labor que ha realizado, así como reiterar su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación institucional entre el gobierno federal y la oficina de la Oficina de la Alta Comisionada”.
En la carta, cuya copia posee EL UNIVERSAL, la canciller aseguró que diversas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción de los derechos humanos “expresan de una manera absolutamente libre, en forma pública y privada, sus comentarios, observaciones y recomendaciones al gobierno de México. Suponer lo contrario, como podría inferirse de su comunicación, no se corresponde con la consolidación de la democracia en México”.
Aseguró que el gobierno mexicano ha estado abierto al escrutinio y la cooperación con el sistema internacional de tutela de los derechos humanos, por lo que destacó que éste y otros hechos “reflejan políticas públicas y decisiones plenamente consolidadas, así como el entorno democrático del país y fundamentan mi sorpresa ante algunas de sus aseveraciones y calificativos”.
Ayer, al participar en la presentación del informe “Defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero” de las Brigadas Internacionales de Paz, la representante interina de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valiña, reiteró el deber de los Estados de garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos y ver su labor “no como un signo de confrontación sino como una contribución al régimen democrático”.
Liliana Alcántara, El Universal, 30 de mayo.
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