El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, demandó ayer al gobierno mexicano que “aclare públicamente cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la salida del señor (Amerigo) Incalcaterra de México”, puesto que, de acuerdo con esta organización, existen “informes creíbles” que indican que este funcionario habría terminado su labor en el país a petición del Ejecutivo.
En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, Roth precisa que, según “fuentes oficales citadas en artículos de prensa mexicana e internacional, su ilustrado gobierno habría solicitado a Louise Arbour, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que retirara al diplomático como su representante en México”.
En la misiva refiere que el gobierno federal mexicano habría solicitado este retiro debido al “alto perfil” de Incalcaterra en el país, en particular por las observaciones que este hizo sobre el papel que los militares han desarrollado en la lucha contra el crimen organizado.
En la carta, de la cual fue enviada copia a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y al embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, Roth precisa que la salida de Incalcaterra “habría sido finalmente requerida por su gobierno a petición del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (José Luis Soberanes), tras declaraciones del funcionario internacional que apoyaban el reciente informe crítico de HRW sobre las fallas en el trabajo de la comisión para promover el progreso de los derechos humanos en México”.
En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, Roth precisa que, según “fuentes oficales citadas en artículos de prensa mexicana e internacional, su ilustrado gobierno habría solicitado a Louise Arbour, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que retirara al diplomático como su representante en México”.
En la misiva refiere que el gobierno federal mexicano habría solicitado este retiro debido al “alto perfil” de Incalcaterra en el país, en particular por las observaciones que este hizo sobre el papel que los militares han desarrollado en la lucha contra el crimen organizado.
En la carta, de la cual fue enviada copia a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y al embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, Roth precisa que la salida de Incalcaterra “habría sido finalmente requerida por su gobierno a petición del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (José Luis Soberanes), tras declaraciones del funcionario internacional que apoyaban el reciente informe crítico de HRW sobre las fallas en el trabajo de la comisión para promover el progreso de los derechos humanos en México”.
Nota de Carolina Gómez Mena, La Jornada, 8 de mayo.
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