La legisladora panista María Serrano y el perredista Silvano Aureoles presentaron dos puntos de acuerdo para que el gobierno federal redefina sus estrategias de seguridad pública y de combate al crimen organizado.
El legislador del sol azteca presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente invite a una reunión de trabajo al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, y al secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, para que informen sobre la estrategia, las metas, los avances y los logros de los operativos de seguridad pública y combate a la delincuencia.
Consideró que ante las más de mil muertes asociadas a la lucha contra el hampa en lo que va del año, el gobierno federal se verá obligado a reforzar los operativos de seguridad en las zonas bajo influencia de la delincuencia organizada, donde ya se encuentran cerca de 36 mil elementos de las fuerzas armadas y de la policía federal, pues solo el pasado fin de semana murieron 17 personas en Guerrero, en dos ataques separados dirigidos contra el líder ganadero local Rogaciano Alba.
Destacó las 40 muertes que se registraron el pasado fin de semana por la acción del crimen organizado, mismas que, dijo, ponen a prueba la estrategia de seguridad que el gobierno federal desarrolla con miles de militares y policías.
“La situación en nuestro país empieza a tomar un cariz alarmante que amenaza la seguridad nacional. La tragedia se refleja en las más de mil muertes que se registran tan sólo en este año y que se vinculan con la acción del crimen organizado. Sin duda, la violencia está llegando a su estado más crítico como una reacción a la presencia militar y policiaca”, advirtió.
Recordó que el fin de semana otras 13 personas murieron en distintos hechos en Chihuahua, donde el gobierno federal se vio obligado a reforzar la seguridad enviando a 2 mil 500 militares a finales de marzo tras varios hechos violentos.
En tanto, María Serrano demandó que el Ejecutivo federal redefina las estrategias de seguridad pública en el país, en particular en el estado de Sinaloa, con el propósito de que a la brevedad se restablezca la tranquilidad y cobre plena vigencia el estado de derecho frente a los grupos del crimen organizado que han lanzado, una vez más, un reto abierto a las autoridades federales, estatales y municipales.
El legislador del sol azteca presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente invite a una reunión de trabajo al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, y al secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, para que informen sobre la estrategia, las metas, los avances y los logros de los operativos de seguridad pública y combate a la delincuencia.
Consideró que ante las más de mil muertes asociadas a la lucha contra el hampa en lo que va del año, el gobierno federal se verá obligado a reforzar los operativos de seguridad en las zonas bajo influencia de la delincuencia organizada, donde ya se encuentran cerca de 36 mil elementos de las fuerzas armadas y de la policía federal, pues solo el pasado fin de semana murieron 17 personas en Guerrero, en dos ataques separados dirigidos contra el líder ganadero local Rogaciano Alba.
Destacó las 40 muertes que se registraron el pasado fin de semana por la acción del crimen organizado, mismas que, dijo, ponen a prueba la estrategia de seguridad que el gobierno federal desarrolla con miles de militares y policías.
“La situación en nuestro país empieza a tomar un cariz alarmante que amenaza la seguridad nacional. La tragedia se refleja en las más de mil muertes que se registran tan sólo en este año y que se vinculan con la acción del crimen organizado. Sin duda, la violencia está llegando a su estado más crítico como una reacción a la presencia militar y policiaca”, advirtió.
Recordó que el fin de semana otras 13 personas murieron en distintos hechos en Chihuahua, donde el gobierno federal se vio obligado a reforzar la seguridad enviando a 2 mil 500 militares a finales de marzo tras varios hechos violentos.
En tanto, María Serrano demandó que el Ejecutivo federal redefina las estrategias de seguridad pública en el país, en particular en el estado de Sinaloa, con el propósito de que a la brevedad se restablezca la tranquilidad y cobre plena vigencia el estado de derecho frente a los grupos del crimen organizado que han lanzado, una vez más, un reto abierto a las autoridades federales, estatales y municipales.
Nota de Ciro Pérez y Víctor Ballinas, La Jornada, 8 de mayo.
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