En el segundo día de debate de la reforma petrolera los politólogos y académicos Luis Rubio, Javier Beristáin y Arturo Fernández rechazaron que la iniciativa oficial sea privatizadora y argumentaron que los contratos previstos son meras subrogaciones de servicios.
Con matices, llamaron a no eludir cambios constitucionales si fuera necesario, pero hicieron notar que se requiere reforzar los mecanismos contra la corrupción, con consejeros independientes.
Rubio dijo que la inversión privada debe ser vista como complemento de Pemex, que contribuya con tecnología y sea una “fuente de eficiencia para la industria y sustituto de la inversión pública en áreas que no sean consideradas estratégicas por el Estado”.
Reconoció que el gobierno de Felipe Calderón ha avanzado en materia anticorrupción, aunque ese esfuerzo es insuficiente.
En tanto, el ex rector de la ITAM Javier Beristáin se pronunció por una reforma integral, que no sólo incluya a Pemex, sino al sector privado, con la rectoría del Estado sobre el sector, pero sin monopolios.
La IP, fundamental
“La solución no es excluir al sector privado ni privatizar un recurso de la nación, sino equilibrar la eficiencia del mercado con la potestad rectora del Estado y la propiedad inalienable del país sobre el petróleo”, consideró.
El actual rector de esa institución, Arturo Fernández Pérez, rechazó que el proyecto presidencial sea privatizador; en todo caso propone subrogar la prestación de algunos servicios.
“Me parece adecuado para el interés público que la iniciativa permita la actividad de maquila, de que la refinación se lleve a cabo en territorio nacional y que particulares participen en actividades de transporte y distribución de hidrocarburos, aunque adecuadamente regulados”, señaló.
Con matices, llamaron a no eludir cambios constitucionales si fuera necesario, pero hicieron notar que se requiere reforzar los mecanismos contra la corrupción, con consejeros independientes.
Rubio dijo que la inversión privada debe ser vista como complemento de Pemex, que contribuya con tecnología y sea una “fuente de eficiencia para la industria y sustituto de la inversión pública en áreas que no sean consideradas estratégicas por el Estado”.
Reconoció que el gobierno de Felipe Calderón ha avanzado en materia anticorrupción, aunque ese esfuerzo es insuficiente.
En tanto, el ex rector de la ITAM Javier Beristáin se pronunció por una reforma integral, que no sólo incluya a Pemex, sino al sector privado, con la rectoría del Estado sobre el sector, pero sin monopolios.
La IP, fundamental
“La solución no es excluir al sector privado ni privatizar un recurso de la nación, sino equilibrar la eficiencia del mercado con la potestad rectora del Estado y la propiedad inalienable del país sobre el petróleo”, consideró.
El actual rector de esa institución, Arturo Fernández Pérez, rechazó que el proyecto presidencial sea privatizador; en todo caso propone subrogar la prestación de algunos servicios.
“Me parece adecuado para el interés público que la iniciativa permita la actividad de maquila, de que la refinación se lleve a cabo en territorio nacional y que particulares participen en actividades de transporte y distribución de hidrocarburos, aunque adecuadamente regulados”, señaló.
Nota de Angélica Mercado y Daniel Venegas, Milenio, 16 de mayo.
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