Ortiz Pinchetti expone proyecto petrolero pejista

De última hora, Andrés Manuel López Obrador participó en el arranque de los debates sobre la reforma a Pemex y presentó su contrapropuesta a las iniciativas del presidente Felipe Calderón, en la que planteó afianzar el monopolio estatal en materia energética y cerrar el paso a la privatización.

Aunque el presidente legítimo no acudió personalmente a los foros, envió como su representante a José Agustín Ortiz Pinchetti, quien fijó la postura pejista y presentó el proyecto de reformas, que será detallado en los próximos días.

En voz del ex consejero del IFE, López Obrador acusó que la iniciativa calderonista es una contrarreforma privatizadora que alienta la corrupción, socava la soberanía y viola la Constitución, y sostuvo que “sólo pretende entregar esa industria a los grandes tiburones del mundo de los negocios”.

Planteó que se destinen todos los excedentes petroleros al fortalecimiento de Pemex —que este año serían 20 mil millones de dólares— para invertir en exploración, perforación, refinación, petroquímica, mantenimiento, construcción de ductos e instalaciones y desarrollo tecnológico.

También fortalecer al Instituto Mexicano del Petróleo, para efectuar investigaciones de exploración en tierra y aguas someras en el Sureste, “donde realmente existen reservas posibles y probadas hasta para 20 años en adelante”.

Propuso reducir el número de consejeros del Ejecutivo y el sindicato en el Consejo de Administración, para que el Congreso elija y designe representantes de la sociedad civil, de inobjetable honestidad, que eviten la corrupción de los contratos, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias.

Además, “reunificar Pemex en una sola empresa del Estado, revirtiendo su división artificial en diferentes subsidiarias para manejar de manera integral todo el sector, desde la extracción de crudo y gas, hasta la refinación, la petroquímica y la generación de electricidad, y aprovechar toda la cadena de valor que permite encontrar el desarrollo económico independiente que necesita el país y el bienestar del pueblo de México”.

Critican vocación privatizadora

Carlos Elizondo Mayer-Serra, ex director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se declaró a favor de un cambio en el esquema energético de la Constitución, que permita contratos de alto riesgo y la incursión de particulares en Pemex, situación que fue fuertemente cuestionada por diversos invitados al foro.

El investigador aseguró que es “inútil” discutir la constitucionalidad del tema, ya que de ser necesario algún cambio debe llevarse a cabo. “Si privatizar es que los particulares presten servicios a una empresa estatal, entonces Pemex siempre ha estado privatizada, desde la época de Cárdenas; pero lo hacen mal, entre otras razones por no tener flexibilidad para asociarse”, señaló.

Explicó que lo que está en juego no es la propiedad de la paraestatal, sino la mejor forma de administrarla.

Afirmó que la Constitución no es un texto sagrado y que pensar eso “es propio de dogmáticos, de sociedades que no asumen su soberanía; las leyes no tienen que ser una restricción, sino punto de partida para el mejor marco institucional posible”.

Resaltó la posibilidad de transformar Pemex en un modelo de empresa similar al de Petrobras.

Ortiz Pinchetti se dijo impresionado por la crudeza con que Elizondo se refirió a la Constitución y a la vocación por la privatización. “Finalmente se nos dice lo que pasa en forma confusa, oscura, con las iniciativas de Calderón, situación que es difícil aceptar”.

Calificó de terrible que se considere a la Constitución y a las leyes “como trapos que podemos poner y quitar”. Recordó que monopolios, empresas y gobiernos extranjeros se han ido apoderando de México, por lo que el problema del petróleo debe resolverse de acuerdo con las leyes y tradiciones mexicanas, dejando de lado las imitaciones.

David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda, coincidió en que no es posible comparar a México y Pemex con empresas petroleras de otros países como Brasil o Noruega. Se declaró “confundido, porque ahora resulta que la constitucionalidad de reformas y mandatos no son importantes, y eso significaría que el estado de derecho también ha dejado de serlo”.
Nota de Nayeli González y Angélica Mercado, Milenio, 14 de mayo.

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