El presidente de la comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Ramón Galindo Noriega, advirtió que en las próximas semanas habrá "una ola de controversias constitucionales" por parte de los ayuntamientos del país, debido a la falta de distribución del 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) a las localidades, por parte del Ejecutivo y los gobiernos estatales.
Ante el feroz embate de la delincuencia organizada en toda la República, el legislador del PAN dijo que es indispensable que el gobierno federal entregue esos recursos a los municipios, a fin de terminar con la indefensión absoluta que padecen las localidades frente al narcotráfico.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo, admitió en días pasados la primera controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, y de ahí recurrieron a la misma figura jurídica los municipios de Oztotepec, Estado de México; Miacatlán, Morelos, y Tuxpan, Nayarit, pero en las próximas semanas serán muchos otros los que presentarán sus demandas.
Galindo Noriega advirtió que el máximo tribunal del país tendrá que resolver las controversias lo antes posible, ya que "la retención de recursos obstaculiza la ejecución de proyectos sustanciales para el desarrollo de las comunidades del país".
En entrevista el senador del PAN por el estado de Chihuahua lamentó que estas inconsistencias generen la multiplicación de espacios de discrecionalidad para que los gobernadores retengan fondos que deben ir directamente a los municipios.
Estimó que aún es tiempo de evitar que la Suprema Corte "se inunde con más de 2 mil 400 controversias constitucionales por algo que la ley establece claramente, y que el Consejo de Seguridad Pública, los estados y el Distrito Federal están obligados a cumplir".
En este sentido señaló que por mandato de ley los estados están obligados a distribuir entre sus municipios 20% de los recursos de ese fondo, tal y como lo estipula el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
De acuerdo con el presupuesto, precisó el senador albiceleste, los estados y el DF recibirán 6 mil millones del FASP, de los que mil 200 millones corresponderían a los ayuntamientos, los cuales no están claramente contemplados ni en el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a cargo de Roberto Campa Cifrián, ni en los convenios particulares de los estados con la SSP para la transferencia de los recursos del fondo.
La semana pasada el senador Galindo Noriega exhortó, mediante un punto de acuerdo, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a informar sobre por qué los convenios de coordinación no establecen la distribución del 20 por ciento del FASP a los municipios.
Ante el feroz embate de la delincuencia organizada en toda la República, el legislador del PAN dijo que es indispensable que el gobierno federal entregue esos recursos a los municipios, a fin de terminar con la indefensión absoluta que padecen las localidades frente al narcotráfico.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo, admitió en días pasados la primera controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, y de ahí recurrieron a la misma figura jurídica los municipios de Oztotepec, Estado de México; Miacatlán, Morelos, y Tuxpan, Nayarit, pero en las próximas semanas serán muchos otros los que presentarán sus demandas.
Galindo Noriega advirtió que el máximo tribunal del país tendrá que resolver las controversias lo antes posible, ya que "la retención de recursos obstaculiza la ejecución de proyectos sustanciales para el desarrollo de las comunidades del país".
En entrevista el senador del PAN por el estado de Chihuahua lamentó que estas inconsistencias generen la multiplicación de espacios de discrecionalidad para que los gobernadores retengan fondos que deben ir directamente a los municipios.
Estimó que aún es tiempo de evitar que la Suprema Corte "se inunde con más de 2 mil 400 controversias constitucionales por algo que la ley establece claramente, y que el Consejo de Seguridad Pública, los estados y el Distrito Federal están obligados a cumplir".
En este sentido señaló que por mandato de ley los estados están obligados a distribuir entre sus municipios 20% de los recursos de ese fondo, tal y como lo estipula el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
De acuerdo con el presupuesto, precisó el senador albiceleste, los estados y el DF recibirán 6 mil millones del FASP, de los que mil 200 millones corresponderían a los ayuntamientos, los cuales no están claramente contemplados ni en el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a cargo de Roberto Campa Cifrián, ni en los convenios particulares de los estados con la SSP para la transferencia de los recursos del fondo.
La semana pasada el senador Galindo Noriega exhortó, mediante un punto de acuerdo, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a informar sobre por qué los convenios de coordinación no establecen la distribución del 20 por ciento del FASP a los municipios.
Nota de Luciano Franco, Crónica, 12 de mayo.
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