La Habana, 20 de mayo. Una organización privada llamada Fundación Rescate Jurídico, con sede en Miami, es la clave de la investigación policial que el gobierno cubano está reseñando esta semana en etapas, y que incluye, como nunca antes, la acusación de que un diplomático de Estados Unidos actúa como intermediario entre particulares de ese país y opositores en la isla.
Según los informes oficiales, el punto de arranque de la investigación fue una declaración de la opositora Martha Beatriz Roque Cabello, quien el mes pasado agradeció ante periodistas extranjeros el apoyo que le prestaba Rescate Jurídico.
El coronel Adalberto Rabeiro, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales y Operaciones del Ministerio del Interior, explicó en la televisión que fueron interceptados mensajes por correo electrónico que, entre otros resultados, vinculaban a Roque con Carmen Machado, una mujer cercana al principal directivo de la fundación.
Ese directivo, de acuerdo con los informes, es “el terrorista” Santiago Álvarez Fernández-Magriñat, un cubano radicado en Miami, ahora preso tras dos condenas sucesivas por acopio ilegal de armas y obstrucción a la justicia en el caso de Luis Posada Carriles, el confeso instigador de acciones violentas contra la isla.
Los correos muestran una fluida relación entre ambas mujeres en los últimos dos años, entre otras cosas basada en el envío a Roque de recursos presuntamente procedentes de Rescate Jurídico.
La intercepción de la correspondencia electrónica, dijo el periodista Reinaldo Taladrid, se basó en convenciones internacionales sobre terrorismo, en el Decreto-Ley 199 sobre Seguridad Informática y en la Ley de Procedimiento Penal.
Lázaro Barredo, director del diario oficial Granma, dijo que el jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos, Michael Parmly, estaba este martes en Miami esperando recoger unos fondos para traerlos a Roque.
La acusación de que Parmly es un intermediario entre Alvarez y Roque rebasa las imputaciones conocidas hasta ahora de que la oficina diplomática estadunidense apoya materialmente a opositores.
El vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo el lunes en una conferencia de prensa que no tenía los detalles de los alegatos cubanos, pero señaló que la Sección de Intereses en La Habana se ajustaba a la legislación internacional.
Según los informes oficiales, el punto de arranque de la investigación fue una declaración de la opositora Martha Beatriz Roque Cabello, quien el mes pasado agradeció ante periodistas extranjeros el apoyo que le prestaba Rescate Jurídico.
El coronel Adalberto Rabeiro, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales y Operaciones del Ministerio del Interior, explicó en la televisión que fueron interceptados mensajes por correo electrónico que, entre otros resultados, vinculaban a Roque con Carmen Machado, una mujer cercana al principal directivo de la fundación.
Ese directivo, de acuerdo con los informes, es “el terrorista” Santiago Álvarez Fernández-Magriñat, un cubano radicado en Miami, ahora preso tras dos condenas sucesivas por acopio ilegal de armas y obstrucción a la justicia en el caso de Luis Posada Carriles, el confeso instigador de acciones violentas contra la isla.
Los correos muestran una fluida relación entre ambas mujeres en los últimos dos años, entre otras cosas basada en el envío a Roque de recursos presuntamente procedentes de Rescate Jurídico.
La intercepción de la correspondencia electrónica, dijo el periodista Reinaldo Taladrid, se basó en convenciones internacionales sobre terrorismo, en el Decreto-Ley 199 sobre Seguridad Informática y en la Ley de Procedimiento Penal.
Lázaro Barredo, director del diario oficial Granma, dijo que el jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos, Michael Parmly, estaba este martes en Miami esperando recoger unos fondos para traerlos a Roque.
La acusación de que Parmly es un intermediario entre Alvarez y Roque rebasa las imputaciones conocidas hasta ahora de que la oficina diplomática estadunidense apoya materialmente a opositores.
El vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo el lunes en una conferencia de prensa que no tenía los detalles de los alegatos cubanos, pero señaló que la Sección de Intereses en La Habana se ajustaba a la legislación internacional.
Nota de La Jornada, 21 de mayo.
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