El Senado tiene listo el dictamen contra la desaparición de las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública que propuso el Ejecutivo, al determinar las comisiones dictaminadoras de Gobernación y Estudios Legislativos que no se justifican los criterios de ahorro planteados y se corren riesgos económicos y sociales de aprobar una iniciativa de esta naturaleza.
“El propósito economicista de la iniciativa que se dictamina no se cumple o por lo menos no quedó debidamente acreditado ni en el cuerpo de la misma ni en el Dictamen de Impacto Presupuestario que hizo llegar a esta soberanía con posterioridad (el Ejecutivo), sino por el contrario se advierten riesgos principalmente económicos y de carácter social, de aprobarse la iniciativa”.
Por ello, el dictamen que aún no está firmado y que elaboraron las comisiones que presiden el priista Jesús Murillo Karam y el panista Alejandro Zapata, con fecha del 24 de noviembre, establece que “estas comisiones dictaminadoras llegan a la convicción de que es improcedente aprobarla”.
En los dos resolutivos del dictamen se determina que no es de aprobarse la iniciativa y se hace notar que en le caso de la SRA quedan en indefinición programas del Fifonaffe y Corett, pero además la Reforma Agraria no se agotó con el reparto de la tierra ni tampoco en la certificación de parcelas y solares.
Por lo que toca a Sectur, es irrelevante su supresión, pues el máximo ahorro que se podría alcanzar es de 175 millones de pesos anuales, lo que significa .22% del ahorro estimado por las medidas de austeridad y ajuste impulsadas, o.1% de la brecha fiscal estimada para 2010.
“A julio la pérdida de divisas es de más de mil 500 millones de dólares y para final de año la disminución en ingresos por visitantes internacionales será de 17% (una pérdida de más de 2 mil millones de dólares). Sin duda, ésta es la peor crisis en la historia del turismo en México y en el mundo”.
En el caso de la Función Pública se reconoce que la actuación de la Auditoría Superior de la Federación “es sumamente acotada, pues revisa sólo una parte de la Administración Pública y sus informes son emitidos un año y dos meses después de ejercido el gasto público, dada la opacidad de la información presupuestaria”.
Mientras que la SFP tiene funciones de control y fiscalización con la obligación de propiciar la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información. “Se considera inexplicable la prioridad del Ejecutivo Federal de eliminar a Función Pública en lugar de fortalecerla”.
“El propósito economicista de la iniciativa que se dictamina no se cumple o por lo menos no quedó debidamente acreditado ni en el cuerpo de la misma ni en el Dictamen de Impacto Presupuestario que hizo llegar a esta soberanía con posterioridad (el Ejecutivo), sino por el contrario se advierten riesgos principalmente económicos y de carácter social, de aprobarse la iniciativa”.
Por ello, el dictamen que aún no está firmado y que elaboraron las comisiones que presiden el priista Jesús Murillo Karam y el panista Alejandro Zapata, con fecha del 24 de noviembre, establece que “estas comisiones dictaminadoras llegan a la convicción de que es improcedente aprobarla”.
En los dos resolutivos del dictamen se determina que no es de aprobarse la iniciativa y se hace notar que en le caso de la SRA quedan en indefinición programas del Fifonaffe y Corett, pero además la Reforma Agraria no se agotó con el reparto de la tierra ni tampoco en la certificación de parcelas y solares.
Por lo que toca a Sectur, es irrelevante su supresión, pues el máximo ahorro que se podría alcanzar es de 175 millones de pesos anuales, lo que significa .22% del ahorro estimado por las medidas de austeridad y ajuste impulsadas, o.1% de la brecha fiscal estimada para 2010.
“A julio la pérdida de divisas es de más de mil 500 millones de dólares y para final de año la disminución en ingresos por visitantes internacionales será de 17% (una pérdida de más de 2 mil millones de dólares). Sin duda, ésta es la peor crisis en la historia del turismo en México y en el mundo”.
En el caso de la Función Pública se reconoce que la actuación de la Auditoría Superior de la Federación “es sumamente acotada, pues revisa sólo una parte de la Administración Pública y sus informes son emitidos un año y dos meses después de ejercido el gasto público, dada la opacidad de la información presupuestaria”.
Mientras que la SFP tiene funciones de control y fiscalización con la obligación de propiciar la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información. “Se considera inexplicable la prioridad del Ejecutivo Federal de eliminar a Función Pública en lugar de fortalecerla”.
Angélica Mercado, Milenio, 23 de noviembre.
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