El Senado se reunirá hoy nuevamente con los integrantes del gabinete de seguridad nacional para discutir la situación de violencia una vez que en comisiones ya existen predictámenes que regulan la actuación del Ejército en los operativos policiacos.
Según los proyectos de Ley de Seguridad Nacional circulados estos días, se pretende que las fuerzas armadas sean “apoyo auxiliar” de las autoridades civiles, cuya intervención será propuesta por el Ejecutivo con la “opinión favorable” del Senado y siempre que se cumpla con los criterios de un nuevo concepto denominado “disturbios del interior”.
Tras el encuentro de hoy con los titulares de Sedena, Marina, SSP federal, Gobernación y PGR, el panista Felipe González informó que las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos se reunirán mañana para revisar otras reformas, como la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y las adecuaciones al Código de Justicia Militar, en las que se definirá el nuevo concepto de “disturbios del interior”, a partir de los cuales el Ejecutivo podrá sacar a las fuerzas armadas a las calles.
En ese paquete se analiza un catálogo más amplio de armamento prohibido, endurecer las penas contra los desertores y que sean tribunales civiles los que juzguen a soldados que cometan delitos del fuero común.
Por su parte, expertos en seguridad nacional explicaron que en los tres años que lleva el Ejército en las calles hay consecuencias en la labor que desempeña.
El investigador Armando Rodríguez Luna, del Colectivo Análisis de la Seguridad con Democracia, recordó que Human Right Watch dice tener documentadas cerca de 15 mil violaciones a los derechos humanos. En tanto, entre 1994 y 2006 desertaron del Ejército un promedio de 19 mil efectivos, mientras entre enero de 2007 y 2009 la cifra se disparó a 27 mil.
Asimismo, en 2000 el gobierno federal reportó 23.2 toneladas de cocaína decomisadas, pero el año pasado el volumen cayó a 12 toneladas. En cuanto a la mariguana incautada, en el último año de la administración foxista se quitaron al narco más de 2 mil toneladas y a mediados de 2009 la cifra decreció a 674 toneladas.
Discusión expedita
Los senadores Jesús Murillo, presidente de la Comisión de Gobernación, y el priista Francisco Labastida confirmaron que es cuestión de horas para que se cuente con propuestas específicas que regulen la actuación castrense en los operativos.
Labastida detalló que esta medida no se dará a través de un decreto, sino de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, en las que se dará un base sólida, legal y robusta para esa intervención, a partir de la reforma constitucional a los derechos humanos aprobada la semana pasada y remitida como minuta a Cámara de Diputados.
“Son modificaciones de ley, no es un decreto. A diferencia de como lo plantea el presidente Felipe Calderon, nosotros creemos que tiene que haber una participación de otro poder, particularmente del Legislativo, para que éste autorice la participación del Ejército y que las fuerzas armadas actúen subordinadas a las competencias de los gobiernos locales, donde puede ser que el Ejército sea subordinado como auxiliar a la procuraduría”.
El coordinador priista, Manlio Fabio Beltrones, detalló la semana pasada que se pretenden una vigilancia de los tres Poderes cuando la milicia salga a las calles.
“Sí, tendríamos que ver también si van a surgir las fuerzas armadas en apoyo a las civiles, y se sujeten también a las leyes del orden común y no del fuero militar”, señaló el legislador priista.
Este mes, proyecto antiplagio
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentará antes del 30 de abril su dictamen de la llamada ley antisecuestros, que prohíbe pagar rescates y contratar negociadores para liberar a víctimas.
De acuerdo con el legislador priista Humberto Benítez, presidente de la referida comisión, diputados y senadores acordaron trabajar en conferencia para avanzar en un solo proyecto, que puede ser votado antes de finalizar el actual periodo de sesiones.
El proyecto de Ley General contra el Secuestro se deriva de la reforma constitucional para federalizar el delito.
Los integrantes de esta comisión descartaron, sin embargo, las propuestas de aplicar la pena de muerte o la cadena perpetua a secuestradores, como lo plantearon respectivamente diputados del PVEM y el Ejecutivo federal.
La penalidad por el delito de secuestro puede alcanzar hasta 50 años de prisión, pero las sentencias serían acumulables cuando concurran otros crímenes, como mutilación u homicidio, lo que prácticamente colocaría a los responsables en prisión perpetua. (México/Fernando Damián)
México/Angélica Mercado, Milenio, 12 de abril.
Según los proyectos de Ley de Seguridad Nacional circulados estos días, se pretende que las fuerzas armadas sean “apoyo auxiliar” de las autoridades civiles, cuya intervención será propuesta por el Ejecutivo con la “opinión favorable” del Senado y siempre que se cumpla con los criterios de un nuevo concepto denominado “disturbios del interior”.
Tras el encuentro de hoy con los titulares de Sedena, Marina, SSP federal, Gobernación y PGR, el panista Felipe González informó que las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos se reunirán mañana para revisar otras reformas, como la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y las adecuaciones al Código de Justicia Militar, en las que se definirá el nuevo concepto de “disturbios del interior”, a partir de los cuales el Ejecutivo podrá sacar a las fuerzas armadas a las calles.
En ese paquete se analiza un catálogo más amplio de armamento prohibido, endurecer las penas contra los desertores y que sean tribunales civiles los que juzguen a soldados que cometan delitos del fuero común.
Por su parte, expertos en seguridad nacional explicaron que en los tres años que lleva el Ejército en las calles hay consecuencias en la labor que desempeña.
El investigador Armando Rodríguez Luna, del Colectivo Análisis de la Seguridad con Democracia, recordó que Human Right Watch dice tener documentadas cerca de 15 mil violaciones a los derechos humanos. En tanto, entre 1994 y 2006 desertaron del Ejército un promedio de 19 mil efectivos, mientras entre enero de 2007 y 2009 la cifra se disparó a 27 mil.
Asimismo, en 2000 el gobierno federal reportó 23.2 toneladas de cocaína decomisadas, pero el año pasado el volumen cayó a 12 toneladas. En cuanto a la mariguana incautada, en el último año de la administración foxista se quitaron al narco más de 2 mil toneladas y a mediados de 2009 la cifra decreció a 674 toneladas.
Discusión expedita
Los senadores Jesús Murillo, presidente de la Comisión de Gobernación, y el priista Francisco Labastida confirmaron que es cuestión de horas para que se cuente con propuestas específicas que regulen la actuación castrense en los operativos.
Labastida detalló que esta medida no se dará a través de un decreto, sino de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, en las que se dará un base sólida, legal y robusta para esa intervención, a partir de la reforma constitucional a los derechos humanos aprobada la semana pasada y remitida como minuta a Cámara de Diputados.
“Son modificaciones de ley, no es un decreto. A diferencia de como lo plantea el presidente Felipe Calderon, nosotros creemos que tiene que haber una participación de otro poder, particularmente del Legislativo, para que éste autorice la participación del Ejército y que las fuerzas armadas actúen subordinadas a las competencias de los gobiernos locales, donde puede ser que el Ejército sea subordinado como auxiliar a la procuraduría”.
El coordinador priista, Manlio Fabio Beltrones, detalló la semana pasada que se pretenden una vigilancia de los tres Poderes cuando la milicia salga a las calles.
“Sí, tendríamos que ver también si van a surgir las fuerzas armadas en apoyo a las civiles, y se sujeten también a las leyes del orden común y no del fuero militar”, señaló el legislador priista.
Este mes, proyecto antiplagio
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentará antes del 30 de abril su dictamen de la llamada ley antisecuestros, que prohíbe pagar rescates y contratar negociadores para liberar a víctimas.
De acuerdo con el legislador priista Humberto Benítez, presidente de la referida comisión, diputados y senadores acordaron trabajar en conferencia para avanzar en un solo proyecto, que puede ser votado antes de finalizar el actual periodo de sesiones.
El proyecto de Ley General contra el Secuestro se deriva de la reforma constitucional para federalizar el delito.
Los integrantes de esta comisión descartaron, sin embargo, las propuestas de aplicar la pena de muerte o la cadena perpetua a secuestradores, como lo plantearon respectivamente diputados del PVEM y el Ejecutivo federal.
La penalidad por el delito de secuestro puede alcanzar hasta 50 años de prisión, pero las sentencias serían acumulables cuando concurran otros crímenes, como mutilación u homicidio, lo que prácticamente colocaría a los responsables en prisión perpetua. (México/Fernando Damián)
México/Angélica Mercado, Milenio, 12 de abril.
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