El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez Contreras, aseveró que los cuestionamientos del gobierno federal y su partido, Acción Nacional, a la reforma constitucional en materia de derechos humanos “son un debate que no tiene razón de ser, y lo único que evidencia es el desconocimiento del marco jurídico internacional en relación con los estados de excepción”.
Gutiérrez Contreras explicó que las organizaciones civiles esperaban que esta reforma se hubiera aprobado ya, tal como se planteó en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, ya que, dijo, la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos “va a modificar el debate central, que es la Ley de Seguridad Nacional”.
La incorporación de “los estados de excepción en el artículo 29 de la Constitución debe respetar ciertos derechos, que son insuspendibles, como son los reconocidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y los de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se precisan las garantías que no pueden ser suspendidas, aun en estados de excepción”, aclaró.
“Los derechos insuspendibles son a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal. Nunca se autorizará la suspensión de los derechos de los artículos 6, 7 y 8 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del que México es parte. Nadie podrá ser sometido a esclavitud, tortura, pena de muerte, ni se le debe privar del debido proceso”.
El experto en derechos humanos advirtió que el debate del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, y del PAN, “que defiende lo que el gobierno quiere, lo único que muestra es su desconocimiento de los tratados y acuerdos internacionales que México no sólo ha firmado, sino que incluso están ratificados”.
Por ello, apuntó, “el dictamen que ya se aprobó en comisiones, y que de última hora fue frenado para su votación la semana pasada, lo único que hace es recoger los derechos que no pueden ser suspendidos en estados de excepción de acuerdo con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
Refirió, asimismo, que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hace unos días manifestó al gobierno su preocupación y le pidió velar por que “las disposiciones relativas a los estados de excepción sean compatibles con el artículo del Pacto, así como con el 29 de la Constitución del Estado parte, y le recordó que éste debe adoptar durante el estado de excepción todas las medidas para garantizar la seguridad pública en la mayor medida posible por fuerzas de seguridad civiles y no militares.
“También debe garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas sean debidamente investigadas y juzgadas por las autoridades”, enfatizó.
El director de la CMDPDH señaló que los cuestionamientos del gobierno a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, “lo único que reflejan es el doble discurso del Estado mexicano, que en foros internacionales presume de que el Congreso discute una reforma en materia de derechos humanos”, pero ya en el país, cuando va a ser aprobada, “la frena, porque recoge los derechos reconocidos en tratados internacionales, que detallan cuáles derechos nunca podrán suspenderse ni siquiera en estados de excepción”.
Gutiérrez Contreras explicó que las organizaciones civiles esperaban que esta reforma se hubiera aprobado ya, tal como se planteó en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, ya que, dijo, la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos “va a modificar el debate central, que es la Ley de Seguridad Nacional”.
La incorporación de “los estados de excepción en el artículo 29 de la Constitución debe respetar ciertos derechos, que son insuspendibles, como son los reconocidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y los de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se precisan las garantías que no pueden ser suspendidas, aun en estados de excepción”, aclaró.
“Los derechos insuspendibles son a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal. Nunca se autorizará la suspensión de los derechos de los artículos 6, 7 y 8 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del que México es parte. Nadie podrá ser sometido a esclavitud, tortura, pena de muerte, ni se le debe privar del debido proceso”.
El experto en derechos humanos advirtió que el debate del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, y del PAN, “que defiende lo que el gobierno quiere, lo único que muestra es su desconocimiento de los tratados y acuerdos internacionales que México no sólo ha firmado, sino que incluso están ratificados”.
Por ello, apuntó, “el dictamen que ya se aprobó en comisiones, y que de última hora fue frenado para su votación la semana pasada, lo único que hace es recoger los derechos que no pueden ser suspendidos en estados de excepción de acuerdo con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
Refirió, asimismo, que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hace unos días manifestó al gobierno su preocupación y le pidió velar por que “las disposiciones relativas a los estados de excepción sean compatibles con el artículo del Pacto, así como con el 29 de la Constitución del Estado parte, y le recordó que éste debe adoptar durante el estado de excepción todas las medidas para garantizar la seguridad pública en la mayor medida posible por fuerzas de seguridad civiles y no militares.
“También debe garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas sean debidamente investigadas y juzgadas por las autoridades”, enfatizó.
El director de la CMDPDH señaló que los cuestionamientos del gobierno a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, “lo único que reflejan es el doble discurso del Estado mexicano, que en foros internacionales presume de que el Congreso discute una reforma en materia de derechos humanos”, pero ya en el país, cuando va a ser aprobada, “la frena, porque recoge los derechos reconocidos en tratados internacionales, que detallan cuáles derechos nunca podrán suspenderse ni siquiera en estados de excepción”.
Víctor Ballinas, La Jornada, 12 de abril.
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