Las bancadas del PRI y PRD en el Senado incorporaron al dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional una disposición que obliga a los militares a someterse a juicio en tribunales civiles.
De acuerdo con el último borrador que fue circulado ayer entre los miembros del equipo negociador, el procedimiento aplicaría sólo en caso de que los elementos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea incurran en delitos del orden común.
"En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a las autoridades civiles competentes que así lo hayan requerido a que se refiere este artículo, los delitos del fuero común y contra civiles que aquellas cometan, serán competencia de la jurisdicción civil", se indica.
En el documento, se especifica que la propuesta fue impulsada por el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones; el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Jesús Murillo Karam, y el grupo parlamentario del PRD.
En el proyecto se establece, a propuesta única del PRD, que en caso de que se compruebe la comisión de esos delitos, los operativos militares deberán suspenderse de inmediato.
En el documento de trabajo, los legisladores reconocen que la Secretaría de Gobernación aún se mantiene en reserva sobre la reforma al fuero militar.
Pese a las resistencias del Gobierno federal, los legisladores van más allá e incorporan en el diseño de la nueva Ley la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aplicar controles sobre los operativos, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a las garantías individuales.
Además, se agrega que el Consejo de Seguridad Nacional establecerá indicadores de resultados, dará seguimiento e informará sobre la ejecución de las acciones de fuerzas armadas al Senado, ya que éste tendrá la facultad de revocar la declaratoria de afectación, que tendrá como consecuencia el retiro de las tropas.
Los senadores incrementaron los candados a las nuevas facultades que se pretenden otorgar a la Fuerza Armada Permanente.
A diferencia del dictamen anterior, el último documento cancela la posibilidad de que el Ejército tenga acceso al contenido de las Averiguaciones Previas, facultas que sólo queda en manos del ministerio público y del Cisen, para fines de inteligencia y contrainteligencia.
Tampoco se contempla la facultad para que los militares soliciten información a las autoridades civiles, a las que se pretendía obligar a entregarla de manera expedita.
A cambio, si se mantiene en el proyecto la legalización de los retenes, pero con una serie de candados en un protocolo.
Acotado
Los senadores del PRI y PRD buscan mayores controles para el Ejército.
· Cancelan la posibilidad de que el Ejército tenga acceso al contenido de las Averiguaciones Previas.
· Tampoco se contempla la facultad para que los militares soliciten información a las autoridades civiles.
· Se mantiene en el proyecto la legalización de los retenes, pero con una serie de candados.
· Quedan obligados a aplicar los principios de racionalidad, proporcionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza.
De acuerdo con el último borrador que fue circulado ayer entre los miembros del equipo negociador, el procedimiento aplicaría sólo en caso de que los elementos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea incurran en delitos del orden común.
"En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a las autoridades civiles competentes que así lo hayan requerido a que se refiere este artículo, los delitos del fuero común y contra civiles que aquellas cometan, serán competencia de la jurisdicción civil", se indica.
En el documento, se especifica que la propuesta fue impulsada por el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones; el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Jesús Murillo Karam, y el grupo parlamentario del PRD.
En el proyecto se establece, a propuesta única del PRD, que en caso de que se compruebe la comisión de esos delitos, los operativos militares deberán suspenderse de inmediato.
En el documento de trabajo, los legisladores reconocen que la Secretaría de Gobernación aún se mantiene en reserva sobre la reforma al fuero militar.
Pese a las resistencias del Gobierno federal, los legisladores van más allá e incorporan en el diseño de la nueva Ley la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aplicar controles sobre los operativos, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a las garantías individuales.
Además, se agrega que el Consejo de Seguridad Nacional establecerá indicadores de resultados, dará seguimiento e informará sobre la ejecución de las acciones de fuerzas armadas al Senado, ya que éste tendrá la facultad de revocar la declaratoria de afectación, que tendrá como consecuencia el retiro de las tropas.
Los senadores incrementaron los candados a las nuevas facultades que se pretenden otorgar a la Fuerza Armada Permanente.
A diferencia del dictamen anterior, el último documento cancela la posibilidad de que el Ejército tenga acceso al contenido de las Averiguaciones Previas, facultas que sólo queda en manos del ministerio público y del Cisen, para fines de inteligencia y contrainteligencia.
Tampoco se contempla la facultad para que los militares soliciten información a las autoridades civiles, a las que se pretendía obligar a entregarla de manera expedita.
A cambio, si se mantiene en el proyecto la legalización de los retenes, pero con una serie de candados en un protocolo.
Acotado
Los senadores del PRI y PRD buscan mayores controles para el Ejército.
· Cancelan la posibilidad de que el Ejército tenga acceso al contenido de las Averiguaciones Previas.
· Tampoco se contempla la facultad para que los militares soliciten información a las autoridades civiles.
· Se mantiene en el proyecto la legalización de los retenes, pero con una serie de candados.
· Quedan obligados a aplicar los principios de racionalidad, proporcionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza.
Claudia Guerrero y Érika Hernández, Reforma, 16 de abril.
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