El Estado mexicano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el extravío de las pruebas de semen que le fueron tomadas a la indígena Inés Fernández Ortega y el retraso de atención médica luego del abuso sexual que sufrió, pero negó que miembros del Ejército hayan sido responsables de dicha violación ocurrida en 2002.
Ayer, durante el juicio que México enfrenta ante esa instancia internacional, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, minimizó el testimonio de la indígena y su hija, y señaló que no eran prueba suficiente para responsabilizar a militares.
"El Estado, respetuosa y categóricamente, sostiene que la presunta violación a la señora Fernández Ortega no puede ser atribuida al Estado ni con la información que figura en los expedientes ni mucho menos con los elementos de prueba que presenta la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) y los peticionarios", dijo durante la audiencia pública que se llevó a cabo en Lima, Perú.
Por ende, también negó que el Estado utilice a la violación sexual como mecanismo de tortura.
En su defensa, el Gobierno señaló que una vez que extravió las pruebas de semen, la elaboración de un retrato hablado para identificar a los agresores se convertía en la prueba más importante, sin embargo, acusó falta de participación de Inés.
La CIDH y la defensa de Inés aclararon que las citas no fueron notificadas a Inés y acusaron al Estado de pretender trasladar a la víctima la responsabilidad de identificar a los agresores.
Los hechos que se juzgan en la Corte ocurrieron el 22 de Marzo de 2002. Ese día Inés se encontraba en su casa, -ubicaba en Ayutla de los Libres, Guerrero- con sus 4 hijos, cuando 11 soldados se aparecieron con armas, según ha relatado Inés. Tres de ellos entraron por la fuerza, la cuestionaron y la violaron.
Daniela Rea, Reforma, 16 de abril.
Ayer, durante el juicio que México enfrenta ante esa instancia internacional, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, minimizó el testimonio de la indígena y su hija, y señaló que no eran prueba suficiente para responsabilizar a militares.
"El Estado, respetuosa y categóricamente, sostiene que la presunta violación a la señora Fernández Ortega no puede ser atribuida al Estado ni con la información que figura en los expedientes ni mucho menos con los elementos de prueba que presenta la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) y los peticionarios", dijo durante la audiencia pública que se llevó a cabo en Lima, Perú.
Por ende, también negó que el Estado utilice a la violación sexual como mecanismo de tortura.
En su defensa, el Gobierno señaló que una vez que extravió las pruebas de semen, la elaboración de un retrato hablado para identificar a los agresores se convertía en la prueba más importante, sin embargo, acusó falta de participación de Inés.
La CIDH y la defensa de Inés aclararon que las citas no fueron notificadas a Inés y acusaron al Estado de pretender trasladar a la víctima la responsabilidad de identificar a los agresores.
Los hechos que se juzgan en la Corte ocurrieron el 22 de Marzo de 2002. Ese día Inés se encontraba en su casa, -ubicaba en Ayutla de los Libres, Guerrero- con sus 4 hijos, cuando 11 soldados se aparecieron con armas, según ha relatado Inés. Tres de ellos entraron por la fuerza, la cuestionaron y la violaron.
Daniela Rea, Reforma, 16 de abril.
0 Responses to "Rechazan ante CIDH violación de soldados"
Publicar un comentario