El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, no dejó pasar la oportunidad de celebrar, desde el pleno de la Suprema Corte de Justicia, la reforma que avanza en el Congreso de la Unión para quitarle al alto tribunal la atribución de investigar violaciones graves de garantías para dársela a la CNDH.
En un solo párrafo, al rendir su primer informe anual de labores ante el máximo tribunal del país, Plascencia expresó su “gran satisfacción” por la reforma que prevé elevar a rango constitucional la protección de los derechos humanos y que permitirá que el Congreso pueda llamar a cuentas a las autoridades que no acaten las recomendaciones que se emitan.
De frente a los ministros que en las últimas semanas han emitido sentencias que han mermado las atribuciones de la CNDH y ante un pleno semivacío, el ombudsman dijo que la aprobación de esta reforma “representará un gran paso para la construcción de una verdadera política de Estado en derechos humanos”.
En acatamiento de esta disposición, tal y como lo hizo en días pasados, Plascencia volvió a repetir el informe que rindió ante el presidente Felipe Calderón y el Senado en el que reportó que las autoridades más señaladas en hechos presuntamente violatorios fueron: la Secretaría de la Defensa Nacional seguida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la PGR.
Después, en entrevista, afirmó que con la reforma que analiza el Congreso se evitará que se den interpretaciones jurídicas que compliquen la defensa de los derechos humanos y se tendrán herramientas para hacer cumplir recomendaciones como las que eludió, por ejemplo, el procurador general de la República en el caso de las indígenas queretanas, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes llevan presas cuatro años de manera injusta por supuestamente haber secuestrado a seis agentes.
Al referirse al caso de las quejas contra los militares, Plascencia reiteró que durante los últimos cinco años se han incrementado en un 500% las quejas promovidas en contra del Ejército, con motivo de su mayor presencia en la lucha contra la delincuencia en todo el país.
Ante este escenario, consideró necesario analizar la forma en que se ha desempeñado el Ejército en labores de seguridad pública, porque, dijo, no existe justificación para que so pretexto de la lucha contra el crimen se violen derechos humanos.
En un tono conciliatorio, al finalizar su informe ante integrantes de la Suprema Corte, el ombudsman nacional hizo un llamado para contar con “el apoyo y la colaboración de los Poderes de la Unión, para fortalecer y hacer de la Comisión Nacional el defensor del pueblo que el país necesita y hacer los derechos humanos un asunto de todos”.
En un solo párrafo, al rendir su primer informe anual de labores ante el máximo tribunal del país, Plascencia expresó su “gran satisfacción” por la reforma que prevé elevar a rango constitucional la protección de los derechos humanos y que permitirá que el Congreso pueda llamar a cuentas a las autoridades que no acaten las recomendaciones que se emitan.
De frente a los ministros que en las últimas semanas han emitido sentencias que han mermado las atribuciones de la CNDH y ante un pleno semivacío, el ombudsman dijo que la aprobación de esta reforma “representará un gran paso para la construcción de una verdadera política de Estado en derechos humanos”.
En acatamiento de esta disposición, tal y como lo hizo en días pasados, Plascencia volvió a repetir el informe que rindió ante el presidente Felipe Calderón y el Senado en el que reportó que las autoridades más señaladas en hechos presuntamente violatorios fueron: la Secretaría de la Defensa Nacional seguida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la PGR.
Después, en entrevista, afirmó que con la reforma que analiza el Congreso se evitará que se den interpretaciones jurídicas que compliquen la defensa de los derechos humanos y se tendrán herramientas para hacer cumplir recomendaciones como las que eludió, por ejemplo, el procurador general de la República en el caso de las indígenas queretanas, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes llevan presas cuatro años de manera injusta por supuestamente haber secuestrado a seis agentes.
Al referirse al caso de las quejas contra los militares, Plascencia reiteró que durante los últimos cinco años se han incrementado en un 500% las quejas promovidas en contra del Ejército, con motivo de su mayor presencia en la lucha contra la delincuencia en todo el país.
Ante este escenario, consideró necesario analizar la forma en que se ha desempeñado el Ejército en labores de seguridad pública, porque, dijo, no existe justificación para que so pretexto de la lucha contra el crimen se violen derechos humanos.
En un tono conciliatorio, al finalizar su informe ante integrantes de la Suprema Corte, el ombudsman nacional hizo un llamado para contar con “el apoyo y la colaboración de los Poderes de la Unión, para fortalecer y hacer de la Comisión Nacional el defensor del pueblo que el país necesita y hacer los derechos humanos un asunto de todos”.
Carlos avilés, El Universal, 7 de abril.
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