En un comunicado asentó que aun en los casos en los que el agravio contra periodistas no provenga de un acto abusivo de autoridad ni haya sido cometido desde el poder público, las autoridades están obligadas a investigar y esclarecer los hechos.
Sostuvo que en el caso de Villicaña Palomares estará atenta a la actuación de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, entrevistará a directivos del periódico y a familiares del occiso, y se allegará escritos periodísticos para determinar si están relacionados con los hechos.
Ramón Ángeles Zalpa desapareció el 6 de abril, cuando se dirigía a las instalaciones de la Universidad Nacional Pedagógica en el municipio de Paracho. Días antes había informado del ataque de un grupo armado contra una familia indígena en los límites de los municipios de Angahuén y San Juan Nuevo Parangaricutiro. María Esther Aguilar Casimbe desapareció el 11 de noviembre.
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