El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, reveló a los coordinadores de PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia en el Senado de la República: “Ya tengo resistencias de generales a participar” en el combate al narcotráfico, “porque carecemos de protección”.
Al comparecer junto con los funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad Nacional ante los legisladores, Galván señaló, sin embargo, que se requiere la permanencia del Ejército en las calles para combatir el tráfico de drogas, por lo menos 10 años. “A pesar de las muertes de civiles –niños, jóvenes estudiantes y adultos– en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son daños colaterales que son lamentables.”
También, el titular de la Secretaría de la Defensa aseveró ante los senadores su disposición para limitar el fuero de guerra, condicionado a que “no se relajen la disciplina y la obediencia castrenses”, y dijo que acatarán la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual exigió que los militares que violen las garantías sean sancionados por tribunales civiles; incluso anunció que el instituto armado elabora una iniciativa de reformas a dicho fuero.
Asimismo, los secretarios Galván Galván y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamaron al Congreso a dar al Gabinete de Seguridad Nacional instrumentos jurídicos para atacar “el corazón del poder del crimen organizado, es decir, poder mermar su poderío económico por medio de investigaciones en el sector financiero a través de las casas de bolsa para combatir el lavado de dinero”.
Durante este segundo encuentro entre el gabinete de seguridad y los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, trascendió que Galván Galván “reconoció que ha habido fallas en la estrategia de combate al crimen organizado e insistió en que el Ejército Mexicano requiere de un marco regulatorio para continuar en esta lucha”.
En conferencia de prensa, los senadores Gustavo Madero, Carlos Navarrete y Santiago Creel comunicaron que “el Senado manifestó preocupación por la muerte de civiles en esta lucha y expusimos que se requiere disminuir o eliminar estas muertes”. Los funcionarios respondieron que la estrategia funciona. Ante reclamos de que sólo se detiene a miembros de un cártel, respondieron que no se puede pactar con ningún grupo delictivo.
Aseguraron que hay detenidos de todos los cárteles y reconocieron que existen costos muy importantes, especialmente hacia la sociedad civil, pero que se tiene que continuar con la estrategia “de poder a poder”.
El senador Arturo Escobar, del Partido Verde, subrayó que en las respuestas los funcionarios advirtieron que “no va a ser suficiente poder ganar esta batalla si no nos dotan de instrumentos adicionales, especialmente en temas de inteligencia, reformas para el lavado de dinero y especialmente necesitamos la colaboración en materia de tráfico de armas desde Estados Unidos”.
Ante esta realidad, aseveró el legislador, “hay un reconocimiento de que todavía somos laxos, especialmente en temas de aduanas y en el fortalecimiento a través de tecnología. Entendimos los senadores que no hay que dar un paso atrás, pero sí consideramos que la estrategia hoy como está requiere de mayores instrumentos adicionales para dotar al Estado, a las fuerzas armadas y a la fuerza policiaca de instrumentos que nos lleven a la percepción de que estamos ganando la batalla”.
El gabinete de seguridad entregó a los senadores un informe en el que resalta que en lo que va del sexenio han muerto en ejecución 20 mil 868 personas; en enfrentamientos mil 715, y en agresión 160. Los estados en los que más se vive esta situación son: Chihuahua, con 6 mil 757; Sinaloa, 3 mil 133; Guerrero, mil 826; Baja California, mil 644, y Michoacán, con mil 394.
Los cinco municipios más violentos del país, en el periodo enero-marzo, fueron: Ciudad Juárez, 620 muertos; Culiacán, 193; Tijuana, 153; Chihuahua, 130; Gómez Palacio, 87. En total van mil 183 muertos en el lapso referido.
El informe resalta que hay 97 detenciones relevantes de los cárteles del Pacífico, Beltrán Leyva, del Golfo, La Familia michoacana, de los Arellano Félix, del cártel de Juárez, de Los Zetas, Los Valencia y la organización del Chapo Guzmán.
A este encuentro asistieron, por el gabinete de seguridad, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; Sedena, Guillermo Galván Galván; Seguridad Pública, Genaro García Luna; Marina, Mariano Francisco Saynez, y el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez.
Por la Junta de Coordinación Política del Senado estuvieron los coordinadores del PAN, Gustavo Madero; PRI, Manlio Fabio Beltrones; PRD, Carlos Navarrete; PVEM, Arturo Escobar; Convergencia, Luis Maldonado, y del PT, Ricardo Monreal Ávila.
También asistieron los senadores Santiago Creel Miranda, Humberto Aguilar, Melquiades Morales, Jorge Mendoza, Felipe González y René Arce.
Al comparecer junto con los funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad Nacional ante los legisladores, Galván señaló, sin embargo, que se requiere la permanencia del Ejército en las calles para combatir el tráfico de drogas, por lo menos 10 años. “A pesar de las muertes de civiles –niños, jóvenes estudiantes y adultos– en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son daños colaterales que son lamentables.”
También, el titular de la Secretaría de la Defensa aseveró ante los senadores su disposición para limitar el fuero de guerra, condicionado a que “no se relajen la disciplina y la obediencia castrenses”, y dijo que acatarán la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual exigió que los militares que violen las garantías sean sancionados por tribunales civiles; incluso anunció que el instituto armado elabora una iniciativa de reformas a dicho fuero.
Asimismo, los secretarios Galván Galván y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamaron al Congreso a dar al Gabinete de Seguridad Nacional instrumentos jurídicos para atacar “el corazón del poder del crimen organizado, es decir, poder mermar su poderío económico por medio de investigaciones en el sector financiero a través de las casas de bolsa para combatir el lavado de dinero”.
Durante este segundo encuentro entre el gabinete de seguridad y los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, trascendió que Galván Galván “reconoció que ha habido fallas en la estrategia de combate al crimen organizado e insistió en que el Ejército Mexicano requiere de un marco regulatorio para continuar en esta lucha”.
En conferencia de prensa, los senadores Gustavo Madero, Carlos Navarrete y Santiago Creel comunicaron que “el Senado manifestó preocupación por la muerte de civiles en esta lucha y expusimos que se requiere disminuir o eliminar estas muertes”. Los funcionarios respondieron que la estrategia funciona. Ante reclamos de que sólo se detiene a miembros de un cártel, respondieron que no se puede pactar con ningún grupo delictivo.
Aseguraron que hay detenidos de todos los cárteles y reconocieron que existen costos muy importantes, especialmente hacia la sociedad civil, pero que se tiene que continuar con la estrategia “de poder a poder”.
El senador Arturo Escobar, del Partido Verde, subrayó que en las respuestas los funcionarios advirtieron que “no va a ser suficiente poder ganar esta batalla si no nos dotan de instrumentos adicionales, especialmente en temas de inteligencia, reformas para el lavado de dinero y especialmente necesitamos la colaboración en materia de tráfico de armas desde Estados Unidos”.
Ante esta realidad, aseveró el legislador, “hay un reconocimiento de que todavía somos laxos, especialmente en temas de aduanas y en el fortalecimiento a través de tecnología. Entendimos los senadores que no hay que dar un paso atrás, pero sí consideramos que la estrategia hoy como está requiere de mayores instrumentos adicionales para dotar al Estado, a las fuerzas armadas y a la fuerza policiaca de instrumentos que nos lleven a la percepción de que estamos ganando la batalla”.
El gabinete de seguridad entregó a los senadores un informe en el que resalta que en lo que va del sexenio han muerto en ejecución 20 mil 868 personas; en enfrentamientos mil 715, y en agresión 160. Los estados en los que más se vive esta situación son: Chihuahua, con 6 mil 757; Sinaloa, 3 mil 133; Guerrero, mil 826; Baja California, mil 644, y Michoacán, con mil 394.
Los cinco municipios más violentos del país, en el periodo enero-marzo, fueron: Ciudad Juárez, 620 muertos; Culiacán, 193; Tijuana, 153; Chihuahua, 130; Gómez Palacio, 87. En total van mil 183 muertos en el lapso referido.
El informe resalta que hay 97 detenciones relevantes de los cárteles del Pacífico, Beltrán Leyva, del Golfo, La Familia michoacana, de los Arellano Félix, del cártel de Juárez, de Los Zetas, Los Valencia y la organización del Chapo Guzmán.
A este encuentro asistieron, por el gabinete de seguridad, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; Sedena, Guillermo Galván Galván; Seguridad Pública, Genaro García Luna; Marina, Mariano Francisco Saynez, y el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez.
Por la Junta de Coordinación Política del Senado estuvieron los coordinadores del PAN, Gustavo Madero; PRI, Manlio Fabio Beltrones; PRD, Carlos Navarrete; PVEM, Arturo Escobar; Convergencia, Luis Maldonado, y del PT, Ricardo Monreal Ávila.
También asistieron los senadores Santiago Creel Miranda, Humberto Aguilar, Melquiades Morales, Jorge Mendoza, Felipe González y René Arce.
Víctor Ballinas, La Jornada, 13 de abril.
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