Esta norma faculta al Presidente para declarar la afectación a la seguridad interior y, con ello, el despliegue de las Fuerzas Armadas como auxiliares de autoridades civiles.
También abre la puerta a que los militares sean juzgados por tribunales civiles cuando cometan delitos contra éstos. Falta modificar el Código de Justicia Militar para reformar el fuero castrense.
La ley prohíbe al Ejército participar en conflictos sociales, laborales o electorales.
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