Las modificaciones a los artículos 429 del Código Penal federal y al 223 bis de la Ley de la Propiedad Industrial resultarán insuficientes para combatir el delito de la piratería si no se toman otras medidas adicionales, advirtieron expertos e industriales afectados.
Además, refirieron sobre el riesgo de que se pueda generar corrupción y extorsión por parte de las autoridades.
Sergio Legorreta, abogado especialista en propiedad intelectual, afirmó que estas reformas son algo positivo, pero que es necesario complementarlas con cambios en la ley en lo que se refiere a falsificaciones y copias idénticas.
Explicó que actualmente si el producto pirata tiene la marca, pero con alguna variación, la Procuraduría General de la República no lo considera falsificación.
La ley debe señalar como piratería aquellos productos que ostenten reproducciones idénticas o similares, en grado de confusión, de marcas protegidas por esta ley.
Para Miguel Margáin, presidente de la Asociación Mexicana de la Protección de la Propiedad Intelectual, para que esta modificación rinda resultados habrá que capacitar a quienes se encargarán de "limpiar" las calles de piratería, para la detección de productos ilegales.
Carlos Pérez, abogado en propiedad intelectual, mencionó que esta reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de la Propiedad Industrial no cambiará nada para los dueños de los derechos de los productos "pirateados" y, por el contrario, los dejará fuera de la jugada.
"Aun con este cambio, el dueño de los derechos no verá pagados los daños y perjuicios por la violación de sus derechos", señaló Pérez.
Agregó que, jurídicamente hablando, lo que sí ha dado buenos resultados en muchos otros países como Perú, Chile o Brasil, es crear sistemas para detener las mercancías en las aduanas.
"Se puede, por ejemplo, registrar las marcas en aduanas, con lo que éstas adquieren la obligación de detener todos los cargamentos que contengan mercancías sin autorización.
"Esta estrategia ataca al problema de inicio, ya que es mucho más efectivo evitar que las mercancías entren al País, toda vez que ya dentro y desplazadas en los distintos mercados es prácticamente imposible combatirlas, aun cuando el delito se persiga de oficio", comentó.
Fidel López, director del Instituto para la Protección de la Propiedad Privada y el Comercio Legal, alertó que esta medida podría generar corrupción entre la autoridad y los vendedores de piratería, por lo que habrá que tener cuidado en su aplicación.
Consideró que más de 60 por ciento de la población económicamente activa está en actividades informales en las que la piratería es parte integral de su modo de vida, por lo que "más de 25 millones de personas podrían ser llevadas a prisión por este delito".
Más que todo, advirtió, se requiere emprender tareas de investigación del delito, que verdaderamente desmantelen las estructuras criminales.
Además, refirieron sobre el riesgo de que se pueda generar corrupción y extorsión por parte de las autoridades.
Sergio Legorreta, abogado especialista en propiedad intelectual, afirmó que estas reformas son algo positivo, pero que es necesario complementarlas con cambios en la ley en lo que se refiere a falsificaciones y copias idénticas.
Explicó que actualmente si el producto pirata tiene la marca, pero con alguna variación, la Procuraduría General de la República no lo considera falsificación.
La ley debe señalar como piratería aquellos productos que ostenten reproducciones idénticas o similares, en grado de confusión, de marcas protegidas por esta ley.
Para Miguel Margáin, presidente de la Asociación Mexicana de la Protección de la Propiedad Intelectual, para que esta modificación rinda resultados habrá que capacitar a quienes se encargarán de "limpiar" las calles de piratería, para la detección de productos ilegales.
Carlos Pérez, abogado en propiedad intelectual, mencionó que esta reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de la Propiedad Industrial no cambiará nada para los dueños de los derechos de los productos "pirateados" y, por el contrario, los dejará fuera de la jugada.
"Aun con este cambio, el dueño de los derechos no verá pagados los daños y perjuicios por la violación de sus derechos", señaló Pérez.
Agregó que, jurídicamente hablando, lo que sí ha dado buenos resultados en muchos otros países como Perú, Chile o Brasil, es crear sistemas para detener las mercancías en las aduanas.
"Se puede, por ejemplo, registrar las marcas en aduanas, con lo que éstas adquieren la obligación de detener todos los cargamentos que contengan mercancías sin autorización.
"Esta estrategia ataca al problema de inicio, ya que es mucho más efectivo evitar que las mercancías entren al País, toda vez que ya dentro y desplazadas en los distintos mercados es prácticamente imposible combatirlas, aun cuando el delito se persiga de oficio", comentó.
Fidel López, director del Instituto para la Protección de la Propiedad Privada y el Comercio Legal, alertó que esta medida podría generar corrupción entre la autoridad y los vendedores de piratería, por lo que habrá que tener cuidado en su aplicación.
Consideró que más de 60 por ciento de la población económicamente activa está en actividades informales en las que la piratería es parte integral de su modo de vida, por lo que "más de 25 millones de personas podrían ser llevadas a prisión por este delito".
Más que todo, advirtió, se requiere emprender tareas de investigación del delito, que verdaderamente desmantelen las estructuras criminales.
Dayna Meré, Reforma, 7 de abril.
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