Las resistencias en las bancadas del PRI y PRD en el Senado frenaron ayer la posibilidad de otorgar facultades legales las Fuerzas Armadas para instalar retenes, tener acceso a las averiguaciones con fines de inteligencia y requerir información a las autoridades, que quedarían obligadas a entregarla y hasta de manera expedita.
Ayer, los negociadores de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional distribuyeron el más reciente borrador de trabajo en el que se contemplaban algunas de las demandas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para otorgar mayores facultades a las fuerzas castrenses.
Sin embargo, tras una revisión en el Senado, legisladores del tricolor y del sol azteca encorchetaron el contenido de por lo menos tres artículos que otorgaban un mayor poder de acción a los mandos militares y de la Marina.
En el artículo 74 del proyecto se otorgaba a las instituciones que integran la Fuerza Armada Permanente la facultad de obtener, registrar, analizar, clasificar, evaluar y procesar información sobre hechos relacionados con la afectación a la seguridad interior.
Además, también se les autorizaba la posibilidad de requerir información a las autoridades, quienes quedaban obligadas a proporcionar los datos.
El artículo 76 también fue cuestionado, ya que en él se contemplaba prácticamente la legalización de los polémicos retenes.
De acuerdo con la redacción, las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas podían verificar la no circulación de mercancías, efectos ilícitos o personas requeridas por la autoridad.
Tampoco se aceptó el artículo 77, en le que se establece que los "elementos acreditados" tendrán acceso a la información relacionada con las averiguaciones previas, con fines de inteligencia.
Ayer, los negociadores de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional distribuyeron el más reciente borrador de trabajo en el que se contemplaban algunas de las demandas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para otorgar mayores facultades a las fuerzas castrenses.
Sin embargo, tras una revisión en el Senado, legisladores del tricolor y del sol azteca encorchetaron el contenido de por lo menos tres artículos que otorgaban un mayor poder de acción a los mandos militares y de la Marina.
En el artículo 74 del proyecto se otorgaba a las instituciones que integran la Fuerza Armada Permanente la facultad de obtener, registrar, analizar, clasificar, evaluar y procesar información sobre hechos relacionados con la afectación a la seguridad interior.
Además, también se les autorizaba la posibilidad de requerir información a las autoridades, quienes quedaban obligadas a proporcionar los datos.
El artículo 76 también fue cuestionado, ya que en él se contemplaba prácticamente la legalización de los polémicos retenes.
De acuerdo con la redacción, las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas podían verificar la no circulación de mercancías, efectos ilícitos o personas requeridas por la autoridad.
Tampoco se aceptó el artículo 77, en le que se establece que los "elementos acreditados" tendrán acceso a la información relacionada con las averiguaciones previas, con fines de inteligencia.
Claudia Guerrero y Érika Hernández, Reforma, 14 de abril.
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