A pesar de que las organizaciones obreras han mostrado disposición a aceptar coexistir con las empresas de intermediación laboral u outsourcing, siempre que se establezcan candados para evitar la precarización del empleo y los abusos patronales, la iniciativa de reforma laboral del PAN y el gobierno federal no prevé los proyectos presentados con anterioridad por los diputados de la bancada obrera.
Según un análisis realizado por el dirigente de la CTM, Patricio Flores, la evasión de contribuciones fiscales y laborales por el mal uso del esquema de la intermediación puede alcanzar 6 mil millones de pesos, mientras que el SAT detectó que diversas compañías omitieron pagar mil 900 millones de pesos en 2009.
No obstante que la iniciativa panista plantea incluir el concepto de “trabajo decente” de la OIT en la Ley Federal del Trabajo, en materia de outsourcing, se dejaron de lado propuestas presentadas en otras legislaturas, cuyo propósito es garantizar prestaciones sociales y estabilidad en el empleo a las personas que laboran bajo este esquema.
Flores aseguró que en el proyecto presentado el pasado 18 de marzo no se establece la responsabilidad solidaria de la empresa que recibe los servicios, lo que permite el menoscabo de los derechos de los trabajadores.
Las outsourcing contratan directamente a trabajadores, quienes a su vez prestan sus servicios a otro patrón; el esquema laboral pasa de ser bipartita e involucra a un tercero, lo que implica lagunas legales.
Durante la pasada legislatura Flores presentó dos iniciativas en la Cámara de Diputados para regular a las “empresas terciarizadoras de personal”, la primera, fue aprobada en mayo de 2009, y estableció cambios en la Ley del IMSS, a fin de evitar la evasión de cuotas, garantizar la prestación a los trabajadores y evitar que se les registre para disminuir el costo por los riesgos de trabajo, así como afectar las pensiones.
“Las modificaciones se realizaron a fin de dotar de mayores facultades de fiscalización y revisión al IMSS para que tenga la capacidad de detectar a las tercerizadoras que violan los derechos laborales o eluden el pago de contribuciones patronales, así como garantizar el acceso a la seguridad social a empleados en este esquema.”
La segunda iniciativa, la cual quedó pendiente de dictaminarse, y no fue retomada dentro del proyecto del PAN planteaba cambios en la LFT, con el fin de que se hiciera obligatoria la responsabilidad solidaria de la empresa beneficiara de los servicios, y con ello dar mayor seguridad al trabajador.
“Se deja de definir un tema crucial y que dará al gobierno y trabajadores la capacidad de demostrar la relación laboral.”
Para Flores es indispensable que se afiance este asunto, además de que se dará sustento a las declaraciones respecto de incluir el concepto de “trabajo decente” en nuestra legislación, además de que se fortalecerá la seguridad social.
“La iniciativa del secretario del Trabajo y el PAN no pone mecanismos de reglamentación para que esto se pueda hacer realidad.”
A su vez, el director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), Carlos Alberto González, señaló que en materia de outsourcing el proyecto es positivo, pues al reglamentar el esquema se obliga a las empresas que no cumplen con sus obligaciones a hacerlo, y se evita que todas las intermediadoras, sean descalificadas.
Aseguró que las grandes compañías del ramo cumplen con sus obligaciones tributarias y de aportaciones al IMSS, además de que los trabajadores cuentan con todas las prestaciones previstas en la ley, por lo que con la regularización se dará certidumbre a las empresas.
Informó que dentro de la AMECH se desempeñan 110 mil trabajadores anualmente, por lo que el año pasado se pagaron al IMSS casi 85 millones de pesos por concepto de cuotas.
Sin embargo, para el líder sindical la reforma laboral tiene lagunas que permiten que se escamoteen los derechos de los trabajadores contratados por esquema de intermediación, además de que no establece nada respecto de la contratación por esta vía en oficinas del gobierno.
Mariana Otero, Milenio, 13 de abril.
Según un análisis realizado por el dirigente de la CTM, Patricio Flores, la evasión de contribuciones fiscales y laborales por el mal uso del esquema de la intermediación puede alcanzar 6 mil millones de pesos, mientras que el SAT detectó que diversas compañías omitieron pagar mil 900 millones de pesos en 2009.
No obstante que la iniciativa panista plantea incluir el concepto de “trabajo decente” de la OIT en la Ley Federal del Trabajo, en materia de outsourcing, se dejaron de lado propuestas presentadas en otras legislaturas, cuyo propósito es garantizar prestaciones sociales y estabilidad en el empleo a las personas que laboran bajo este esquema.
Flores aseguró que en el proyecto presentado el pasado 18 de marzo no se establece la responsabilidad solidaria de la empresa que recibe los servicios, lo que permite el menoscabo de los derechos de los trabajadores.
Las outsourcing contratan directamente a trabajadores, quienes a su vez prestan sus servicios a otro patrón; el esquema laboral pasa de ser bipartita e involucra a un tercero, lo que implica lagunas legales.
Durante la pasada legislatura Flores presentó dos iniciativas en la Cámara de Diputados para regular a las “empresas terciarizadoras de personal”, la primera, fue aprobada en mayo de 2009, y estableció cambios en la Ley del IMSS, a fin de evitar la evasión de cuotas, garantizar la prestación a los trabajadores y evitar que se les registre para disminuir el costo por los riesgos de trabajo, así como afectar las pensiones.
“Las modificaciones se realizaron a fin de dotar de mayores facultades de fiscalización y revisión al IMSS para que tenga la capacidad de detectar a las tercerizadoras que violan los derechos laborales o eluden el pago de contribuciones patronales, así como garantizar el acceso a la seguridad social a empleados en este esquema.”
La segunda iniciativa, la cual quedó pendiente de dictaminarse, y no fue retomada dentro del proyecto del PAN planteaba cambios en la LFT, con el fin de que se hiciera obligatoria la responsabilidad solidaria de la empresa beneficiara de los servicios, y con ello dar mayor seguridad al trabajador.
“Se deja de definir un tema crucial y que dará al gobierno y trabajadores la capacidad de demostrar la relación laboral.”
Para Flores es indispensable que se afiance este asunto, además de que se dará sustento a las declaraciones respecto de incluir el concepto de “trabajo decente” en nuestra legislación, además de que se fortalecerá la seguridad social.
“La iniciativa del secretario del Trabajo y el PAN no pone mecanismos de reglamentación para que esto se pueda hacer realidad.”
A su vez, el director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), Carlos Alberto González, señaló que en materia de outsourcing el proyecto es positivo, pues al reglamentar el esquema se obliga a las empresas que no cumplen con sus obligaciones a hacerlo, y se evita que todas las intermediadoras, sean descalificadas.
Aseguró que las grandes compañías del ramo cumplen con sus obligaciones tributarias y de aportaciones al IMSS, además de que los trabajadores cuentan con todas las prestaciones previstas en la ley, por lo que con la regularización se dará certidumbre a las empresas.
Informó que dentro de la AMECH se desempeñan 110 mil trabajadores anualmente, por lo que el año pasado se pagaron al IMSS casi 85 millones de pesos por concepto de cuotas.
Sin embargo, para el líder sindical la reforma laboral tiene lagunas que permiten que se escamoteen los derechos de los trabajadores contratados por esquema de intermediación, además de que no establece nada respecto de la contratación por esta vía en oficinas del gobierno.
Mariana Otero, Milenio, 13 de abril.
0 Responses to "Solicitan candados a outsourcing"
Publicar un comentario