El periodista Hugo Olivera Cartas fue ejecutado la madrugada de este martes en la Tierra Caliente de Michoacán. Cuatro horas después un grupo de desconocidos allanó las oficinas del comunicador para sustraer documentos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que el homicidio confirma que la libertad de expresión en México pasa por una de las etapas “más críticas” de los años recientes.
Señaló que con el homicidio del editor de El Día de Michoacán se eleva a seis el número de periodistas asesinados en el presente año y a 63 de 2000 a la fecha.
La Procuraduría General de Justicia de Michocán señaló que el cuerpo del también corresponsal de La Voz de Michoacán y colaborador de la agencia Quadratín presentaba cuatro impactos de bala.
El hallazgo ocurrió a las 3 de la madrugada de este martes en una brecha que bordea los municipios de Tepalcatepec y Aguililla.
El cadáver estaba dentro de su camioneta Ford Lobo con placas HA 85093; presentaba tres impactos de bala en la cabeza y uno en el brazo izquierdo, además de señales de haber sido esposado.
El comunicador salió de sus oficinas en Apatzingán a las 21 horas del lunes para recibir algún tipo de información, pero ya no regresó, por lo que sus compañeros comenzaron a llamarlo al celular.
En la madrugada de ayer sus familiares fueron informados que el cadáver estaba en su camioneta, a 50 kilómetros de Apatzingán.
Horas más tarde desconocidos penetraron a la oficina del periodista, de donde sustrajeron equipo de cómputo, incluidos discos duros y varios CPU, además de que revolvieron archivos.
El gobernador Leonel Godoy Rangel señaló que el modus operandi apunta al crimen organizado y giró instrucciones al procurador de Justicia del estado para que se intensifiquen las pesquisas de este y otros casos de comunicadores desaparecidos en la entidad.
Abren expediente
La CNDH anunció que abrió un expediente de queja por este caso, por lo que recabará evidencias, testimonios y escritos periodísticos del comunicador, además de que solicitará información a las autoridades federales y locales, y compañeros de trabajo.
“Para esa comisión es urgente terminar con la impunidad y lograr la protección del ejercicio periodístico, y que exista una actuación eficaz de las autoridades procuradoras de justicia y se sancione a quienes actúen con dolo o negligencia”, señala.
“En nuestro país debe erradicarse la impunidad de quienes atentan contra la libertad de expresión, porque de esa manera se desalentará la comisión de delitos contra periodistas y se abrirán espacios para la construcción de una sociedad mejor informada, más libre, participativa y democrática.”
La organización internacional Artículo 19 aseguró que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión es insuficiente para proteger a los periodistas, porque mantiene la facultad discrecional para atraer únicamente los casos que considere graves.
Para esa organización, el Estado mexicano finalmente ha dado respuesta a diversas denuncias de la sociedad civil y señalamientos de organismos internacionales de derechos humanos respecto al “rotundo fracaso” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.
Señaló que si bien la medida de cambiarle el nombre a la dependencia que indagará delitos contra la libertad de expresión está encaminada en la “dirección correcta”, ante la gravedad de la situación aún se requieren más cambios legislativos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que el homicidio confirma que la libertad de expresión en México pasa por una de las etapas “más críticas” de los años recientes.
Señaló que con el homicidio del editor de El Día de Michoacán se eleva a seis el número de periodistas asesinados en el presente año y a 63 de 2000 a la fecha.
La Procuraduría General de Justicia de Michocán señaló que el cuerpo del también corresponsal de La Voz de Michoacán y colaborador de la agencia Quadratín presentaba cuatro impactos de bala.
El hallazgo ocurrió a las 3 de la madrugada de este martes en una brecha que bordea los municipios de Tepalcatepec y Aguililla.
El cadáver estaba dentro de su camioneta Ford Lobo con placas HA 85093; presentaba tres impactos de bala en la cabeza y uno en el brazo izquierdo, además de señales de haber sido esposado.
El comunicador salió de sus oficinas en Apatzingán a las 21 horas del lunes para recibir algún tipo de información, pero ya no regresó, por lo que sus compañeros comenzaron a llamarlo al celular.
En la madrugada de ayer sus familiares fueron informados que el cadáver estaba en su camioneta, a 50 kilómetros de Apatzingán.
Horas más tarde desconocidos penetraron a la oficina del periodista, de donde sustrajeron equipo de cómputo, incluidos discos duros y varios CPU, además de que revolvieron archivos.
El gobernador Leonel Godoy Rangel señaló que el modus operandi apunta al crimen organizado y giró instrucciones al procurador de Justicia del estado para que se intensifiquen las pesquisas de este y otros casos de comunicadores desaparecidos en la entidad.
Abren expediente
La CNDH anunció que abrió un expediente de queja por este caso, por lo que recabará evidencias, testimonios y escritos periodísticos del comunicador, además de que solicitará información a las autoridades federales y locales, y compañeros de trabajo.
“Para esa comisión es urgente terminar con la impunidad y lograr la protección del ejercicio periodístico, y que exista una actuación eficaz de las autoridades procuradoras de justicia y se sancione a quienes actúen con dolo o negligencia”, señala.
“En nuestro país debe erradicarse la impunidad de quienes atentan contra la libertad de expresión, porque de esa manera se desalentará la comisión de delitos contra periodistas y se abrirán espacios para la construcción de una sociedad mejor informada, más libre, participativa y democrática.”
La organización internacional Artículo 19 aseguró que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión es insuficiente para proteger a los periodistas, porque mantiene la facultad discrecional para atraer únicamente los casos que considere graves.
Para esa organización, el Estado mexicano finalmente ha dado respuesta a diversas denuncias de la sociedad civil y señalamientos de organismos internacionales de derechos humanos respecto al “rotundo fracaso” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.
Señaló que si bien la medida de cambiarle el nombre a la dependencia que indagará delitos contra la libertad de expresión está encaminada en la “dirección correcta”, ante la gravedad de la situación aún se requieren más cambios legislativos.
Milenio, 7 de julio.
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