Ante las severas críticas que recibió su estrategia contra la inseguridad, el presidente Felipe Calderón admitió ayer que hay deficiencias en la política de comunicación, ya que “no ha sido lo fuerte” de su gobierno, y abrió la puerta a un debate sobre la despenalización del uso de las drogas, sin expresar una opinión a favor o en contra, pero puso énfasis en los inconvenientes de esta alternativa.
Nueve horas después, la Presidencia de la República aclaró en un comunicado que “aun estando en contra de la legalización de las drogas, el presidente Calderón no se opone al debate en torno a ese tema”.
En la segunda sesión del llamado Diálogo por la Seguridad, participaron 23 expertos en seguridad pública y la mayoría reprochó al Ejecutivo la falta de información de parte del gobierno; asimismo, algunos demandaron que la lucha contra la delincuencia se haga sin causar un alto número de muertes.
Calderón, quien ha insistido en que esa lucha tendría costos en vidas humanas, les preguntó: “¿Qué países han hecho ese milagro?”, y él mismo respondió que nadie ha podido minimizar la violencia y maximizar la eficacia contra el crimen.
“Ni en el Chicago de los 40, ni en el Boston de los 70, ni en el Miami de los 80, ni en el Nuevo Orleáns de los 90, se puede”, aseveró el jefe del Ejecutivo en dos momentos en que interrumpió la intervención de Eduardo Guerrero, experto de Latia Consultores, para pedirle que explicara dónde se había logrado. En Rusia, Italia y Estados Unidos, le respondió el especialista.
Aunque un día antes dirigentes de México Unido contra la Delincuencia y de Causa en Común propusieron analizar la legalización de algunas drogas, como la mariguana, después de que California votará una iniciativa en ese sentido en noviembre próximo, fue ayer cuando el Presidente se pronunció sobre el tema.
Fue a raíz de que el escritor Héctor Aguilar Camín propuso debatirlo y planteó “por qué razón un ramo de yerba de mariguana, al final no más valiosa que un ramo de verdolagas, puede costar en California 300 dólares”, y señaló que se debe a que está prohibido su cultivo y hay un consenso punitivo. Criticó a Estados Unidos, porque quieren droga y mano de obra de México, pero las tienen prohibidas.
A diferencia de otras ocasiones en que el mandatario federal se ha manifestado en contra de la legalización, esta vez expuso: “Es un debate medular que pienso que, en primer lugar, debe darse habiendo una pluralidad democrática, y qué bueno que la tengamos. Deben analizarse siempre los convenientes y los inconvenientes a profundidad”.
Desde la perspectiva del michoacano, el principal inconveniente es dejar en riesgo a varias generaciones de jóvenes y adolescentes por el aumento enorme del consumo a causa de la disminución del precio y la idea de que su uso es aceptable, socialmente bueno y hasta medicinal.
En el Campo Marte, vigilado por el Estado Mayor Presidencial, explicó que si bien la legalización podría reducir flujos importantes de dinero para la criminalidad, también será “irrelevante” mientras el precio se determine internacionalmente y “sólo vamos a pagar todas las consecuencias negativas y realmente muy poco o nada de las positivas”.
Pero agregó que si en el ámbito internacional –o concretamente en Estados Unidos– se toma una medida al respecto, México está obligado a hacer un análisis.
Aguilar Camín coincidió con otros expertos en catalogar como perdida la batalla informativa, porque “ustedes, las autoridades, nos tienen a los mexicanos en medio de un tiroteo del que no sabemos de dónde vienen los tiros”. A partir de ello demandó una política de comunicación seria, consistente y cotidiana.
El mandatario terminó por reconocer esa “deficiencia” y que por eso buscaba “reparar el barco. No hemos sabido explicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor; no tenemos tampoco el control de la información estatal”.
Concluyó que ha quedado claro que la “parte de la comunicación no ha sido propiamente lo fuerte” y prometió compartir la información del gobierno federal, porque no hay intención de sesgarla ni de darle un uso electoral.
Con ello respondió a Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien consideró que es un error que la petición de más información se convierta en una estrategia de comunicación social o de pelea electoral. Por eso criticó que el gobierno federal señale que los estados fracasan en esta batalla, porque a estas alturas del sexenio es inevitable el uso partidario y electoral de los datos.
Ante el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez, Merino también bautizó como “mala estrategia” que esa dependencia encabece las medidas en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), porque es señal de opacidad.
Ni diagnóstico ni objetivos
En su intento por justificar la rapidez con que emprendió la guerra contra la delincuencia, Calderón argumentó que hicieron el primer operativo de seguridad en Michoacán, porque la entidad lo había solicitado desde 2005.
Además, aseguró que cuando la gente es víctima de extorsión, secuestro o asesinato, “créanme que no hay mucho tiempo para la reflexión y el análisis” ni para dejar que un estado resuelva el problema “como Dios le dé a entender”. Aunque en su primera intervención explicó que esta lucha no puede ser producto “ni de la improvisación ni del azar”.
Esto a raíz de que Guerrero deploró la prisa con que este gobierno inició esta lucha sin un diagnóstico certero ni objetivos medibles, lo que consideró hubiera evitado que la “guerra nos atrapara”. Asimismo, refirió: “No soy de los que piensan que los muertos son necesarios, convenientes o indispensables”.
Calderón aseveró que la violencia permanecerá “un buen rato entre nosotros” después del rompimiento de Joaquín El Chapo Guzmán y los Beltrán Leyva, lo mismo que de la ruptura del cártel del Golfo-Zetas con La Familia y de la caída de uno de los más importantes líderes del cártel del Pacífico.
Volvió a defender la presencia del Ejército Mexicano en las calles, al decir que no hay nada que lo sustituya cuando concluyen los operativos, y sin dar nombres puso el ejemplo de un secretario de Seguridad Pública que tiene bajo su mando más de cuatro mil policías y su escolta personal es del gobierno federal, porque no confía en ninguno de ellos.
Nueve horas después, la Presidencia de la República aclaró en un comunicado que “aun estando en contra de la legalización de las drogas, el presidente Calderón no se opone al debate en torno a ese tema”.
En la segunda sesión del llamado Diálogo por la Seguridad, participaron 23 expertos en seguridad pública y la mayoría reprochó al Ejecutivo la falta de información de parte del gobierno; asimismo, algunos demandaron que la lucha contra la delincuencia se haga sin causar un alto número de muertes.
Calderón, quien ha insistido en que esa lucha tendría costos en vidas humanas, les preguntó: “¿Qué países han hecho ese milagro?”, y él mismo respondió que nadie ha podido minimizar la violencia y maximizar la eficacia contra el crimen.
“Ni en el Chicago de los 40, ni en el Boston de los 70, ni en el Miami de los 80, ni en el Nuevo Orleáns de los 90, se puede”, aseveró el jefe del Ejecutivo en dos momentos en que interrumpió la intervención de Eduardo Guerrero, experto de Latia Consultores, para pedirle que explicara dónde se había logrado. En Rusia, Italia y Estados Unidos, le respondió el especialista.
Aunque un día antes dirigentes de México Unido contra la Delincuencia y de Causa en Común propusieron analizar la legalización de algunas drogas, como la mariguana, después de que California votará una iniciativa en ese sentido en noviembre próximo, fue ayer cuando el Presidente se pronunció sobre el tema.
Fue a raíz de que el escritor Héctor Aguilar Camín propuso debatirlo y planteó “por qué razón un ramo de yerba de mariguana, al final no más valiosa que un ramo de verdolagas, puede costar en California 300 dólares”, y señaló que se debe a que está prohibido su cultivo y hay un consenso punitivo. Criticó a Estados Unidos, porque quieren droga y mano de obra de México, pero las tienen prohibidas.
A diferencia de otras ocasiones en que el mandatario federal se ha manifestado en contra de la legalización, esta vez expuso: “Es un debate medular que pienso que, en primer lugar, debe darse habiendo una pluralidad democrática, y qué bueno que la tengamos. Deben analizarse siempre los convenientes y los inconvenientes a profundidad”.
Desde la perspectiva del michoacano, el principal inconveniente es dejar en riesgo a varias generaciones de jóvenes y adolescentes por el aumento enorme del consumo a causa de la disminución del precio y la idea de que su uso es aceptable, socialmente bueno y hasta medicinal.
En el Campo Marte, vigilado por el Estado Mayor Presidencial, explicó que si bien la legalización podría reducir flujos importantes de dinero para la criminalidad, también será “irrelevante” mientras el precio se determine internacionalmente y “sólo vamos a pagar todas las consecuencias negativas y realmente muy poco o nada de las positivas”.
Pero agregó que si en el ámbito internacional –o concretamente en Estados Unidos– se toma una medida al respecto, México está obligado a hacer un análisis.
Aguilar Camín coincidió con otros expertos en catalogar como perdida la batalla informativa, porque “ustedes, las autoridades, nos tienen a los mexicanos en medio de un tiroteo del que no sabemos de dónde vienen los tiros”. A partir de ello demandó una política de comunicación seria, consistente y cotidiana.
El mandatario terminó por reconocer esa “deficiencia” y que por eso buscaba “reparar el barco. No hemos sabido explicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor; no tenemos tampoco el control de la información estatal”.
Concluyó que ha quedado claro que la “parte de la comunicación no ha sido propiamente lo fuerte” y prometió compartir la información del gobierno federal, porque no hay intención de sesgarla ni de darle un uso electoral.
Con ello respondió a Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien consideró que es un error que la petición de más información se convierta en una estrategia de comunicación social o de pelea electoral. Por eso criticó que el gobierno federal señale que los estados fracasan en esta batalla, porque a estas alturas del sexenio es inevitable el uso partidario y electoral de los datos.
Ante el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez, Merino también bautizó como “mala estrategia” que esa dependencia encabece las medidas en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), porque es señal de opacidad.
Ni diagnóstico ni objetivos
En su intento por justificar la rapidez con que emprendió la guerra contra la delincuencia, Calderón argumentó que hicieron el primer operativo de seguridad en Michoacán, porque la entidad lo había solicitado desde 2005.
Además, aseguró que cuando la gente es víctima de extorsión, secuestro o asesinato, “créanme que no hay mucho tiempo para la reflexión y el análisis” ni para dejar que un estado resuelva el problema “como Dios le dé a entender”. Aunque en su primera intervención explicó que esta lucha no puede ser producto “ni de la improvisación ni del azar”.
Esto a raíz de que Guerrero deploró la prisa con que este gobierno inició esta lucha sin un diagnóstico certero ni objetivos medibles, lo que consideró hubiera evitado que la “guerra nos atrapara”. Asimismo, refirió: “No soy de los que piensan que los muertos son necesarios, convenientes o indispensables”.
Calderón aseveró que la violencia permanecerá “un buen rato entre nosotros” después del rompimiento de Joaquín El Chapo Guzmán y los Beltrán Leyva, lo mismo que de la ruptura del cártel del Golfo-Zetas con La Familia y de la caída de uno de los más importantes líderes del cártel del Pacífico.
Volvió a defender la presencia del Ejército Mexicano en las calles, al decir que no hay nada que lo sustituya cuando concluyen los operativos, y sin dar nombres puso el ejemplo de un secretario de Seguridad Pública que tiene bajo su mando más de cuatro mil policías y su escolta personal es del gobierno federal, porque no confía en ninguno de ellos.
Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 4 de agosto.
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