CARACAS (Agencias).—Con algunas páginas en blanco en las que sólo aparece la palabra “censurado”, el diario El Nacional, uno de los principales de Venezuela, cumplió ayer la orden de un tribunal que prohíbe a la prensa local difundir imágenes violentas, decisión que es considerada por dueños de medios, periodistas y opositores como “violatoria” de la Constitución y la libertad de expresión.
En un nuevo capítulo de la pugna entre los medios y el gobierno, un tribunal local emitió en la víspera una medida cautelar en la que se prohíbe a todos los diarios publicar en las próximas cuatro semanas, que coinciden con la campaña para las elecciones legislativas, imágenes de tipo “violento, sangriento, grotesco, bien sea de sucesos o no”.
La decisión, que inicialmente se aplicó al diario local El Nacional por difundir en primera plana una fotografía de un grupo de cadáveres aglomerados en la morgue capitalina, se extendió a todos los periódicos, revistas y semanarios del país para “proteger” a los menores y la colectividad en general, dijo Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo. El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo que “el país exige respeto” ante la “pornografía” que a su juicio publican algunos diarios locales.
La oposición asegura que la oleada de crímenes que afectan al país petrolero —más de 16 mil muertes violentas sólo en el 2009, según cálculos de varias ONG y expertos— es muestra de la ineficiencia del Ejecutivo, al que acusan de ocultar las realidad acallando a los medios.
El tribunal ordenó la medida contra los medios por solicitud de la Defensoría del Pueblo y una organización prooficialista, que denunciaron que la controvertida imagen que utilizó El Nacional en su edición del pasado 13 de agosto para ilustrar un reportaje de criminalidad violó una ley de protección a los menores.
El editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, afirmó que en atención a la decisión debió suprimir todas las informaciones y fotografías relacionadas con delincuencia, y dijo a la prensa que la prohibición “no es otra cosa que una violación a la Constitución y la libertad de expresión”. Horas después, Otero denunció que miembros de la Policía judicial acudieron ayer a la sede del diario para inspeccionar la cámara que se utilizó para registrar la polémica foto de la morgue.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) acusó al gobierno venezolano de intentar controlar la información mediante medidas judiciales. Reporteros sin Fronteras (RSF) calificó de “amplia y demasiado imprecisa” la prohibición y mostró inquietud de que conduzca a la censura o autocensura. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó como “torpe política de Estado” la censura impuesta a los medios.
Vetan a banqueros en comunicación
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer una reforma legal que establece la prohibición de que dueños o directores de bancos sean simultáneamente accionistas de medios de prensa. La medida sigue al conflicto del gobierno con la televisora de oposición Globovisión, en la que uno de sus accionistas es dueño de un banco intervenido por el Estado.
Expropia fincas ganaderas
Por otra parte, Chávez anunció ayer la expropiación de 11 fincas pertenecientes a un grupo británico que poseía 290 mil hectáreas y 120 mil cabezas de ganado en este país, tras llegar a un acuerdo con la firma extranjera
En un nuevo capítulo de la pugna entre los medios y el gobierno, un tribunal local emitió en la víspera una medida cautelar en la que se prohíbe a todos los diarios publicar en las próximas cuatro semanas, que coinciden con la campaña para las elecciones legislativas, imágenes de tipo “violento, sangriento, grotesco, bien sea de sucesos o no”.
La decisión, que inicialmente se aplicó al diario local El Nacional por difundir en primera plana una fotografía de un grupo de cadáveres aglomerados en la morgue capitalina, se extendió a todos los periódicos, revistas y semanarios del país para “proteger” a los menores y la colectividad en general, dijo Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo. El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo que “el país exige respeto” ante la “pornografía” que a su juicio publican algunos diarios locales.
La oposición asegura que la oleada de crímenes que afectan al país petrolero —más de 16 mil muertes violentas sólo en el 2009, según cálculos de varias ONG y expertos— es muestra de la ineficiencia del Ejecutivo, al que acusan de ocultar las realidad acallando a los medios.
El tribunal ordenó la medida contra los medios por solicitud de la Defensoría del Pueblo y una organización prooficialista, que denunciaron que la controvertida imagen que utilizó El Nacional en su edición del pasado 13 de agosto para ilustrar un reportaje de criminalidad violó una ley de protección a los menores.
El editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, afirmó que en atención a la decisión debió suprimir todas las informaciones y fotografías relacionadas con delincuencia, y dijo a la prensa que la prohibición “no es otra cosa que una violación a la Constitución y la libertad de expresión”. Horas después, Otero denunció que miembros de la Policía judicial acudieron ayer a la sede del diario para inspeccionar la cámara que se utilizó para registrar la polémica foto de la morgue.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) acusó al gobierno venezolano de intentar controlar la información mediante medidas judiciales. Reporteros sin Fronteras (RSF) calificó de “amplia y demasiado imprecisa” la prohibición y mostró inquietud de que conduzca a la censura o autocensura. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó como “torpe política de Estado” la censura impuesta a los medios.
Vetan a banqueros en comunicación
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer una reforma legal que establece la prohibición de que dueños o directores de bancos sean simultáneamente accionistas de medios de prensa. La medida sigue al conflicto del gobierno con la televisora de oposición Globovisión, en la que uno de sus accionistas es dueño de un banco intervenido por el Estado.
Expropia fincas ganaderas
Por otra parte, Chávez anunció ayer la expropiación de 11 fincas pertenecientes a un grupo británico que poseía 290 mil hectáreas y 120 mil cabezas de ganado en este país, tras llegar a un acuerdo con la firma extranjera
El Universal, 19 de agosto.
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