Gustavo Cantú, vicepresidente corporativo de Nextel México, manifestó sorpresa ante los argumentos que ofreció el comisionado de la Cofetel, Rafael del Villar, para votar en contra de la asignación del espectro licitado en la banda de 1.7-2.1 Ghz, pues asegura que el funcionario aprobó los planes de inversión presentados por los operadores cuando firmó la constancia de participación en el proceso licitatorio.
“Los planes de negocios tenían que ser aprobados por la Cofetel para poder calificar previo a la etapa de las posturas económicas, y él firmó eso, está dentro de los criterios de calificación, y él firmó también las bases de licitación, por lo que hacemos un llamado a los órganos de control tanto de Cofetel, donde trabaja hoy, como del Banco de México, de donde es funcionario con licencia, para revisar porqué el funcionario firmó documentos sin conocer el contenido, fundamento y alcance, y si eso constituye algún tipo de irregularidad”, dijo.
EL UNIVERSAL publicó una entrevista con Del Villar en la que el comisionado dijo que uno de los motivos para no votar a favor de los resultados de la licitación del espectro era que los planes de inversión de los operadores que participaron en este concurso son muy modestos y no hay garantía de que se ejerzan, así como que las bases de licitación se debieron modificar cuando se sabía que sólo el grupo de Nextel-Televisa podría participar por el bloque nacional de 30 Mhz de esta banda. Cantú recordó que el comisionado Del Villar incluso validó el plan de negocios de las empresas participantes en una etapa posterior, cuando firmó el fallo de la licitación de la banda de 1.9 Ghz y, al haber sido procesos simultáneos, las empresas presentaron un programa de negocios único.
Cantú dijo que esto no aplica sólo para el caso de Nextel, sino que Del Villar firmó las constancias de todas las empresas, y en casos como el de Telefónica de México sí firmó el fallo de la licitación 20, pero no el de la 21. Insistió en que Nextel no acusa al funcionario de cometer alguna irregularidad, sin embargo, sí considera que los órganos de supervisión de la Cofetel y del Banxico deben analizar su proceder.
Destacó que todos los concesionarios están obligados por la ley y por sus títulos de concesión a cumplir con las obligaciones de cobertura y desarrollo que fije el gobierno, además que Nextel es una empresa pública y poner en tela de juicio sus comunicaciones públicas puede tener un impacto en la credibilidad de la compañía .
“Los planes de negocios tenían que ser aprobados por la Cofetel para poder calificar previo a la etapa de las posturas económicas, y él firmó eso, está dentro de los criterios de calificación, y él firmó también las bases de licitación, por lo que hacemos un llamado a los órganos de control tanto de Cofetel, donde trabaja hoy, como del Banco de México, de donde es funcionario con licencia, para revisar porqué el funcionario firmó documentos sin conocer el contenido, fundamento y alcance, y si eso constituye algún tipo de irregularidad”, dijo.
EL UNIVERSAL publicó una entrevista con Del Villar en la que el comisionado dijo que uno de los motivos para no votar a favor de los resultados de la licitación del espectro era que los planes de inversión de los operadores que participaron en este concurso son muy modestos y no hay garantía de que se ejerzan, así como que las bases de licitación se debieron modificar cuando se sabía que sólo el grupo de Nextel-Televisa podría participar por el bloque nacional de 30 Mhz de esta banda. Cantú recordó que el comisionado Del Villar incluso validó el plan de negocios de las empresas participantes en una etapa posterior, cuando firmó el fallo de la licitación de la banda de 1.9 Ghz y, al haber sido procesos simultáneos, las empresas presentaron un programa de negocios único.
Cantú dijo que esto no aplica sólo para el caso de Nextel, sino que Del Villar firmó las constancias de todas las empresas, y en casos como el de Telefónica de México sí firmó el fallo de la licitación 20, pero no el de la 21. Insistió en que Nextel no acusa al funcionario de cometer alguna irregularidad, sin embargo, sí considera que los órganos de supervisión de la Cofetel y del Banxico deben analizar su proceder.
Destacó que todos los concesionarios están obligados por la ley y por sus títulos de concesión a cumplir con las obligaciones de cobertura y desarrollo que fije el gobierno, además que Nextel es una empresa pública y poner en tela de juicio sus comunicaciones públicas puede tener un impacto en la credibilidad de la compañía .
Angelina Mejía Guerrero, EL Universal, 23 de agosto.
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