CHIHUAHUA. Los periodistas que reciban amenazas por su ejercicio profesional adquirirán calidad de testigos protegidos y el gobierno estatal tendrá la obligación de garantizar su integridad y de ser necesario sacarlos del estado o hasta del país.
A ese acuerdo llegaron representantes de organizaciones de comunicadores y del gobierno local al terminar el Protocolo de Seguridad para Periodistas. El documento fue elaborado para instruir a los trabajadores de la información y autoridades sobre las medidas que deben aplicar para salvaguardarse.
“Los procesos políticos en la región, así como la problemática compartida en materia de seguridad pública y los recurrentes desastres naturales, por mencionar ejemplos, presentan una serie de retos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de la libertad de prensa”, señala el documento que se encuentra en fase de revisión.
Chihuahua, la entidad más violenta del país, es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en México, coinciden organizaciones de reporteros y comunicadores.
En diez años, 14 periodistas han sido asesinados en Chihuahua y en un lapso de 14 meses fueron agredidos otros 29; 27 fue por agentes y/o militares.
El documento plantea algunos principios básicos como que el periodista no será objeto en ningún momento de agresiones o represalias al recabar y publicar información; “en todo momento será protegido por el estado, quien deberá investigar toda agresión a periodistas en forma inmediata y eficaz”.
Sin embargo, más allá de compromisos por parte de las autoridades, detalla puntos básicos de seguridad que deberán seguir los reporteros y camarógrafos al momento de atender lugares y hechos violentos. Tales como uso de chalecos antibalas, rutas de escape, kits de primeros auxilios, o no firmar notas que puedan generar represalias.
Un punto innovador para proteger a los periodistas es el “Procedimiento Cautelar de Protección”, que consiste en asegurar la protección integral del periodista, su familia y el medio de comunicación. “De acuerdo a la experiencia internacional, las medidas cautelares podrán ir desde seguridad personal hasta traslado del periodista fuera de la zona de origen, dependiendo del caso”.
Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, dijo que “basta con que se conozca por cualquier medio la existencia de una amenaza contra un periodista para que se activen las medidas cautelares que la autoridad estará obligada a implementar... sin necesidad de que haya presentado la denuncia ante un autoridad”.
Después de su revisión se firmará el “Compromiso por la Libertad de Expresión” para su entrada en vigor .
A ese acuerdo llegaron representantes de organizaciones de comunicadores y del gobierno local al terminar el Protocolo de Seguridad para Periodistas. El documento fue elaborado para instruir a los trabajadores de la información y autoridades sobre las medidas que deben aplicar para salvaguardarse.
“Los procesos políticos en la región, así como la problemática compartida en materia de seguridad pública y los recurrentes desastres naturales, por mencionar ejemplos, presentan una serie de retos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de la libertad de prensa”, señala el documento que se encuentra en fase de revisión.
Chihuahua, la entidad más violenta del país, es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en México, coinciden organizaciones de reporteros y comunicadores.
En diez años, 14 periodistas han sido asesinados en Chihuahua y en un lapso de 14 meses fueron agredidos otros 29; 27 fue por agentes y/o militares.
El documento plantea algunos principios básicos como que el periodista no será objeto en ningún momento de agresiones o represalias al recabar y publicar información; “en todo momento será protegido por el estado, quien deberá investigar toda agresión a periodistas en forma inmediata y eficaz”.
Sin embargo, más allá de compromisos por parte de las autoridades, detalla puntos básicos de seguridad que deberán seguir los reporteros y camarógrafos al momento de atender lugares y hechos violentos. Tales como uso de chalecos antibalas, rutas de escape, kits de primeros auxilios, o no firmar notas que puedan generar represalias.
Un punto innovador para proteger a los periodistas es el “Procedimiento Cautelar de Protección”, que consiste en asegurar la protección integral del periodista, su familia y el medio de comunicación. “De acuerdo a la experiencia internacional, las medidas cautelares podrán ir desde seguridad personal hasta traslado del periodista fuera de la zona de origen, dependiendo del caso”.
Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, dijo que “basta con que se conozca por cualquier medio la existencia de una amenaza contra un periodista para que se activen las medidas cautelares que la autoridad estará obligada a implementar... sin necesidad de que haya presentado la denuncia ante un autoridad”.
Después de su revisión se firmará el “Compromiso por la Libertad de Expresión” para su entrada en vigor .
El Universal, 6 de agosto.
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