WASHINGTON.— La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó ayer su “profunda preocupación” por el uso de medios de comunicación y de periodistas como “rehenes” para difundir mensajes de criminales en México.
La relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , la colombiana Catalina Botero, instó al Estado mexicano a “impulsar políticas que mejoren la protección de la prensa y de la libertad de expresión, en medio de la escalada de violencia contra los comunicadores”.
Botero indicó que el 26 de julio, criminales raptaron al camarógrafo Alejandro Hernández y al reportero Héctor Gordoa, de Televisa, así como al camarógrafo Jaime Canales, de Multimedios Laguna, y al reportero Óscar Solís, del periódico El Vespertino.
El secuestro colectivo obligó a los medios mexicanos a ceder ante la exigencia de los secuestradores de publicar determinada información.
Para salvar la vida de los comunicadores secuestrados, los medios se vieron obligados a aceptar presiones sobre su contenido editorial y a autocensurarse para evitar cualquier posibilidad de agravar la situación de las víctimas.
“Con este incidente, las amenazas a la libertad de expresión en México alcanzan una dimensión inédita que afecta a todos los habitantes”, denunció Botero.
La relatoría solicitó el 29 de julio información al Estado mexicano sobre lo ocurrido, e hizo un llamado para hacer todo lo posible para salvar la vida de las cuatro personas.
La relatora Catalina Botero solicitó a las autoridades luchar contra la impunidad de los crímenes contra periodistas, mediante el procesamiento de los responsables.
Esa acción es necesaria para evitar más actos violentos dirigidos a acallar, o usar a los comunicadores para difundir mensajes criminales, dijo.
Atención a delitos
La relatora afirmó además que “es imprescindible” que México fortalezca la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, y traslade a la jurisdicción federal el trámite de los crímenes contra comunicadores y ponga en práctica medidas que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados.
En 2010 han sido asesinados en México al menos nueve comunicadores, y otros nueve fueron secuestrados.
La relatoría urgió al Estado mexicano “a emprender acciones que protejan de manera efectiva la vida de los comunicadores y desalienten la repetición de estos desagradables hechos”. (EFE)
La relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , la colombiana Catalina Botero, instó al Estado mexicano a “impulsar políticas que mejoren la protección de la prensa y de la libertad de expresión, en medio de la escalada de violencia contra los comunicadores”.
Botero indicó que el 26 de julio, criminales raptaron al camarógrafo Alejandro Hernández y al reportero Héctor Gordoa, de Televisa, así como al camarógrafo Jaime Canales, de Multimedios Laguna, y al reportero Óscar Solís, del periódico El Vespertino.
El secuestro colectivo obligó a los medios mexicanos a ceder ante la exigencia de los secuestradores de publicar determinada información.
Para salvar la vida de los comunicadores secuestrados, los medios se vieron obligados a aceptar presiones sobre su contenido editorial y a autocensurarse para evitar cualquier posibilidad de agravar la situación de las víctimas.
“Con este incidente, las amenazas a la libertad de expresión en México alcanzan una dimensión inédita que afecta a todos los habitantes”, denunció Botero.
La relatoría solicitó el 29 de julio información al Estado mexicano sobre lo ocurrido, e hizo un llamado para hacer todo lo posible para salvar la vida de las cuatro personas.
La relatora Catalina Botero solicitó a las autoridades luchar contra la impunidad de los crímenes contra periodistas, mediante el procesamiento de los responsables.
Esa acción es necesaria para evitar más actos violentos dirigidos a acallar, o usar a los comunicadores para difundir mensajes criminales, dijo.
Atención a delitos
La relatora afirmó además que “es imprescindible” que México fortalezca la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, y traslade a la jurisdicción federal el trámite de los crímenes contra comunicadores y ponga en práctica medidas que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados.
En 2010 han sido asesinados en México al menos nueve comunicadores, y otros nueve fueron secuestrados.
La relatoría urgió al Estado mexicano “a emprender acciones que protejan de manera efectiva la vida de los comunicadores y desalienten la repetición de estos desagradables hechos”. (EFE)
El Universal, 5 de agosto.
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