En el contexto de la aprobación en el Congreso de la Ley Antisecuestro, la cual contempla sanciones de hasta 70 años de cárcel a plagiarios que asesinan o mutilan a sus víctimas, el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva pidió privilegiar la reducción del nivel de impunidad en el país.
Al hablar sobre el tema del endurecimiento de penas, cuestionó: "Cuando uno escucha ese discurso la pregunta obligada es ¿pues cuántos delincuentes han detenido?, ¿por qué mejor no los detienen para aplicarles las penas? Las que existen ahora que llegan a los 70 años de prisión, me parecen lo suficientemente duras… si se aplicaran".
El titular de la CNDH reveló que de acuerdo con datos del organismo no se han registrado avances en el combate a la impunidad y sólo dos de cada 100 delitos denunciados en el ámbito nacional son castigados; es decir, los sistemas penal, ministerial y judicial mantienen un porcentaje de ineficiencia del 98%.
En esta línea, afirmó que lo realmente importante en beneficio de la sociedad "es que se detengan a los criminales, a quien agravia y lastima los derechos de las personas, y que se les procese, para así abatir la impunidad".
Además de castigar a quienes cometen ilícitos -como el plagio, que se ha multiplicado en los últimos cinco años- propuso, antes de subir condenas, implementar campañas de prevención delictiva:
"Sería fundamental no sólo pensar en reacciones en cuanto al endurecimiento de penas, sino en cuanto a campañas de prevención de los delitos, para evitar que sigan surgiendo y lastimando a la ciudadanía".
Señaló que las discusiones sobre prisión de por vida, cadena perpetua o pena de muerte "muy poco ayudan y abonan a la problemática nacional, porque cuando uno identifica que la impunidad se ha incrementado… es evidente que no es un problema de penas sino más bien un problema de falta de eficiencia institucional, de un desempeño no ajustado a la realidad: a los delincuentes no se les detiene, por eso es que siguen matando, abusando, violando los derechos de las personas".
Incluso, calificó la postura de elevar sentencias como "un camino retórico".
Se refirió, en específico, a Ciudad Juárez, Chihuahua, con altas incidencias de homicidio —dos mil 200 en lo que va del año—, secuestro y extorsión: "Lo mejor es que se capture a los responsables, se les consigne y luego se les apliquen las penas correspondientes, la realidad tiene que ver más con prevención de delitos".
El texto aprobado el jueves por la Cámara de Diputados también contempla un aumento de penas de 25 a 50 años de cárcel si los secuestradores fueran policías, militares o si tienen vínculos de parentesco o amistad con la víctima y si durante el cautiverio se lesiona o se agrede sexualmente a la misma.
Al hablar sobre el tema del endurecimiento de penas, cuestionó: "Cuando uno escucha ese discurso la pregunta obligada es ¿pues cuántos delincuentes han detenido?, ¿por qué mejor no los detienen para aplicarles las penas? Las que existen ahora que llegan a los 70 años de prisión, me parecen lo suficientemente duras… si se aplicaran".
El titular de la CNDH reveló que de acuerdo con datos del organismo no se han registrado avances en el combate a la impunidad y sólo dos de cada 100 delitos denunciados en el ámbito nacional son castigados; es decir, los sistemas penal, ministerial y judicial mantienen un porcentaje de ineficiencia del 98%.
En esta línea, afirmó que lo realmente importante en beneficio de la sociedad "es que se detengan a los criminales, a quien agravia y lastima los derechos de las personas, y que se les procese, para así abatir la impunidad".
Además de castigar a quienes cometen ilícitos -como el plagio, que se ha multiplicado en los últimos cinco años- propuso, antes de subir condenas, implementar campañas de prevención delictiva:
"Sería fundamental no sólo pensar en reacciones en cuanto al endurecimiento de penas, sino en cuanto a campañas de prevención de los delitos, para evitar que sigan surgiendo y lastimando a la ciudadanía".
Señaló que las discusiones sobre prisión de por vida, cadena perpetua o pena de muerte "muy poco ayudan y abonan a la problemática nacional, porque cuando uno identifica que la impunidad se ha incrementado… es evidente que no es un problema de penas sino más bien un problema de falta de eficiencia institucional, de un desempeño no ajustado a la realidad: a los delincuentes no se les detiene, por eso es que siguen matando, abusando, violando los derechos de las personas".
Incluso, calificó la postura de elevar sentencias como "un camino retórico".
Se refirió, en específico, a Ciudad Juárez, Chihuahua, con altas incidencias de homicidio —dos mil 200 en lo que va del año—, secuestro y extorsión: "Lo mejor es que se capture a los responsables, se les consigne y luego se les apliquen las penas correspondientes, la realidad tiene que ver más con prevención de delitos".
El texto aprobado el jueves por la Cámara de Diputados también contempla un aumento de penas de 25 a 50 años de cárcel si los secuestradores fueran policías, militares o si tienen vínculos de parentesco o amistad con la víctima y si durante el cautiverio se lesiona o se agrede sexualmente a la misma.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 9 de octubre.
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