El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, dijo que “si existen indicios racionales” de que Cubillas, que tiene un cargo público en el Gobierno venezolano desde 2005, ha apoyado a ETA desde Venezuela o bien “tendrá que ser entregado a España o bien ser investigado y enjuiciado” en aquel país.
En respuesta, el presidente venezolano se desentendió del caso con la siguiente declaración: “A palabras necias, oídos sordos”.
Luego aprovechó para arremeter contra el principal partido de la oposición en España, el PP, que presiona al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que obligue a Caracas a extraditar a Cubillas. Chávez denunció que está siendo objeto del “empeño” de algunos, entre los que citó “la extrema derecha española”, para relacionarlo con el terrorismo.
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