Indagarán a Uribe

BOGOTÁ.- El escándalo de las "chuzadas" (interceptaciones) ilegales a manos de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia adscrita a la Presidencia) alcanzó ayer uno de sus puntos más altos luego de que la Comisión de Acusación del Congreso decidiera investigar al ex Presidente Álvaro Uribe (2002-10).

"Tenemos conocimiento de un hecho que puede implicar al ex Presidente Uribe. Tenemos la potestad de iniciar una investigación de oficio", dijo el congresista Augusto Posada.

"Se va a investigar qué responsabilidad tuvo el ex Presidente Uribe en este hecho", dijo por su parte el legislador Orlando Clavijo.

En los próximos dos días se designará un investigador.

La Comisión de Acusación, de 15 miembros, es el órgano encargado de indagar y, eventualmente, acusar ante el pleno del Congreso a los Mandatarios en funciones o a quienes las ejercieron.

El de las interceptaciones ilegales es uno de los escándalos más graves que han sacudido a Colombia en años recientes, con repercusiones legales en las que aún hay tela por cortar.

Por el escándalo, la Fiscalía General ha investigado y procesado a una veintena de ex funcionarios del DAS.

Por su parte, la Procuraduría General, que vela por el buen desempeño de los funcionarios públicos, también ha abierto investigaciones disciplinarias e inhabilitado a ex miembros del DAS y de la Presidencia.

La semana pasada, la Procuraduría inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 18 años al ex Secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno, mano derecha de Uribe.

Uribe se declaró entonces dispuesto a asumir la responsabilidad jurídica y política por las actuaciones de Moreno, a quien el organismo acusó de conocer y no denunciar un presunto espionaje ilegal del DAS.

En declaraciones a la televisión, Moreno dejó entrever que algunas inquietudes propias y de Uribe en torno a personajes "oscuros" habrían dado pie a la entonces directora del DAS, Pilar Hurtado, y a otros funcionarios de esa entidad para espiar sin orden judicial a Magistrados, detractores políticos, periodistas y hasta miembros del propio Gobierno.

Octavio Pineda corresponsal, Reforma, 13 de octubre.


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