Caracas, 14 de octubre. El gobierno de Venezuela solicitó a su similar de España la extradición del venezolano Néstor González González, un militar acusado de rebelión civil por su participación en el fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, en 2002, quien recibió de las autoridades judiciales españolas la condición de “testigo protegido” en el proceso de investigación de los presuntos nexos de la organización independentista vasca ETA con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las autoridades del país sudamericano.
El anuncio hecho por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, es parte de la respuesta que Caracas da a la insistente acusación que Madrid ha hecho acerca de la protección que da a Arturo Cubillas, un inmigrante de 46 años residente en Venezuela desde 1990, cuya extradición solicitó en marzo pasado la Audiencia Nacional por considerar que es un “enlace” entre ETA y las FARC.
La funcionaria informó también que Cubillas no será extraditado porque el Estado venezolano le concedió la naturalización y, “de acuerdo con nuestra Carta Magna”, en su condición de ciudadano de este país no puede ser entregado a autoridades extranjeras.
El inmigrante es actualmente funcionario del Instituto de Tierras del Ministerio de Agricultura.
El miércoles pasado, el fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, instó a Caracas a investigar si el inmigrante ha apoyado a ETA desde Venezuela y, de confirmarse esta presunción, sugirió que Caracas entregue a Cubillas a España o, de lo contrario, que sea juzgado en tribunales venezolanos.
En este contexto, Ortega retomó el asunto de González, quien huyó de España después del golpe de Estado que alejó a Chávez por unas horas del poder. La Audiencia Nacional tiene previsto que el ex militar y otro ciudadano venezolano, Diego Arria, declaren ante un juez el 15 de noviembre, como parte de las diligencias para ventilar la supuesta presencia de militantes de ETA en Venezuela.
El lunes, la fiscalía general venezolana solicitó a la Interpol la emisión de una “alerta roja” contra González, antiguo responsable de una parte de la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia.
Ortega expresó su confianza en que el ex militar será entregado a Caracas, haciendo referencia a recientes declaraciones de “algunos representantes de la justicia española” que han exigido “se respeten los derechos y que se cumplan las leyes”.
El anuncio hecho por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, es parte de la respuesta que Caracas da a la insistente acusación que Madrid ha hecho acerca de la protección que da a Arturo Cubillas, un inmigrante de 46 años residente en Venezuela desde 1990, cuya extradición solicitó en marzo pasado la Audiencia Nacional por considerar que es un “enlace” entre ETA y las FARC.
La funcionaria informó también que Cubillas no será extraditado porque el Estado venezolano le concedió la naturalización y, “de acuerdo con nuestra Carta Magna”, en su condición de ciudadano de este país no puede ser entregado a autoridades extranjeras.
El inmigrante es actualmente funcionario del Instituto de Tierras del Ministerio de Agricultura.
El miércoles pasado, el fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, instó a Caracas a investigar si el inmigrante ha apoyado a ETA desde Venezuela y, de confirmarse esta presunción, sugirió que Caracas entregue a Cubillas a España o, de lo contrario, que sea juzgado en tribunales venezolanos.
En este contexto, Ortega retomó el asunto de González, quien huyó de España después del golpe de Estado que alejó a Chávez por unas horas del poder. La Audiencia Nacional tiene previsto que el ex militar y otro ciudadano venezolano, Diego Arria, declaren ante un juez el 15 de noviembre, como parte de las diligencias para ventilar la supuesta presencia de militantes de ETA en Venezuela.
El lunes, la fiscalía general venezolana solicitó a la Interpol la emisión de una “alerta roja” contra González, antiguo responsable de una parte de la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia.
Ortega expresó su confianza en que el ex militar será entregado a Caracas, haciendo referencia a recientes declaraciones de “algunos representantes de la justicia española” que han exigido “se respeten los derechos y que se cumplan las leyes”.
La Jornada, 15 de octubre.
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