La iniciativa que envió el Ejecutivo federal al Senado de la República sobre fuero militar sólo intenta acatar y atenuar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de violación a los derechos humanos, pero no construye una legislación eficaz en la materia, señaló el senador René Arce.
El secretario de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado expresó que “la iniciativa intenta acatar una sentencia; es un Estado sentenciado que fue culpable de una serie de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y violaciones a las personas; lo que está haciendo el Ejecutivo es intentar cumplir con la sentencia por estos casos, pero deja de lado cosas importantes y atenúa algunas cuestiones como la prescripción”.
La iniciativa del Ejecutivo, dijo el ex jefe delegacional en Iztapalapa, tiene varias “complicaciones” debido a que el Ejército interviene en otras tareas como seguridad pública.
“Ése es el otro tema que tenemos que analizar: cómo combinamos el fuero militar con tareas que rayan en la ilegalidad, en lo inconstitucional, por lo que el Ejército podría ser juzgado por entrar en acciones que no se previeron”.
Será necesario, consideró, hacerle modificaciones al proyecto para que cumpla con lo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de violación a los derechos humanos, presuntamente por miembros del Ejército, además de tomar en cuenta otras iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios
Recordó que él presentó una iniciativa en la que plantea que la desaparición forzada sea considerada como un delito grave y por tanto no es susceptible de perdón, indulto o amnistía, ni se considerará de carácter político para efectos de extradición.
También propone que se castigue con penas de 20 a 50 años de prisión y que sea inhabilitado definitivamente en cualquiera de sus niveles a quien participe en este tipo de actos, además de aplicar una multa de entre 500 y mil salarios mínimos.
Serán agravantes de castigo cuando en la desaparición forzada la víctima muera, o que los responsables del delito oculten el cadáver o que haya sido sometida a tortura y/o violencia sexual.
El fuero militar, indicó Arce, debe quedar exclusivamente con la disciplina militar, “todo lo demás tendrá que ir a tribunales civiles, principalmente casos de violaciones”.
Opinó que se deben realizar foros para conocer y analizar “qué tipo de Ejército necesita el país, y determinar la política de fuero militar y la relación entre Congreso y la sociedad”.
El secretario de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado expresó que “la iniciativa intenta acatar una sentencia; es un Estado sentenciado que fue culpable de una serie de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y violaciones a las personas; lo que está haciendo el Ejecutivo es intentar cumplir con la sentencia por estos casos, pero deja de lado cosas importantes y atenúa algunas cuestiones como la prescripción”.
La iniciativa del Ejecutivo, dijo el ex jefe delegacional en Iztapalapa, tiene varias “complicaciones” debido a que el Ejército interviene en otras tareas como seguridad pública.
“Ése es el otro tema que tenemos que analizar: cómo combinamos el fuero militar con tareas que rayan en la ilegalidad, en lo inconstitucional, por lo que el Ejército podría ser juzgado por entrar en acciones que no se previeron”.
Será necesario, consideró, hacerle modificaciones al proyecto para que cumpla con lo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de violación a los derechos humanos, presuntamente por miembros del Ejército, además de tomar en cuenta otras iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios
Recordó que él presentó una iniciativa en la que plantea que la desaparición forzada sea considerada como un delito grave y por tanto no es susceptible de perdón, indulto o amnistía, ni se considerará de carácter político para efectos de extradición.
También propone que se castigue con penas de 20 a 50 años de prisión y que sea inhabilitado definitivamente en cualquiera de sus niveles a quien participe en este tipo de actos, además de aplicar una multa de entre 500 y mil salarios mínimos.
Serán agravantes de castigo cuando en la desaparición forzada la víctima muera, o que los responsables del delito oculten el cadáver o que haya sido sometida a tortura y/o violencia sexual.
El fuero militar, indicó Arce, debe quedar exclusivamente con la disciplina militar, “todo lo demás tendrá que ir a tribunales civiles, principalmente casos de violaciones”.
Opinó que se deben realizar foros para conocer y analizar “qué tipo de Ejército necesita el país, y determinar la política de fuero militar y la relación entre Congreso y la sociedad”.
Blanca Estela Botello, La Crónica, 3 de noviembre.
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