Analiza Corte invalidar transición digital en TV

La ministra Olga Sánchez Cordero propuso a sus colegas de la Suprema Corte de Justicia invalidar el decreto Presidencial que adelanta la transición a la televisión digital para 2015, seis años antes de la fecha original, impugnado por ambas cámaras del Congreso de la Unión. El Pleno de la Corte discutirá el 10 de noviembre los proyectos de sentencia elaborados por la ministra Sánchez Cordero, quien en octubre de 2010 dictó una suspensión que hasta la fecha mantiene congelado el decreto. Sánchez Cordero considera que el Ejecutivo federal no tiene atribuciones en materia de televisión, ya que están reservadas en exclusiva a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. "El hecho de que el Presidente de la República pretenda intervenir acelerando el proceso de transición señalado, por medio de diversos entes que conforman la administración pública federal o bien, crear un órgano al que se le encomiende esa actividad, indudablemente configura una violación en la esfera competencial del Congreso de la Unión", dicen los proyectos. "Es indudable que el Presidente de la República, aún en su carácter de titular de la Administración Pública Federal, no puede arrogarse la atribución de incidir en esa materia (televisión), pues ello implicaría un exceso en sus atribuciones", agregan. La Suprema Corte de Justicia tendrá que definir si el decreto es una norma general o un acto administrativo, pues de ello dependerá si se requiere una mayoría de ocho o de seis ministros para invalidarlo. El decreto, anunciado por el Presidente Felipe Calderón el día de su Cuarto Informe de Gobierno, creó una Comisión Intersecretarial para coordinar los trabajos del apagón analógico entre 2011 y 2015, que incluyen la distribución gratuita de decodificadores a hogares que no tienen televisiones digitales, y la convocatoria a licitaciones para asignar el espectro radioeléctrico que será liberado al cesar las transmisiones analógicas. La Cámara de Diputados incluso autorizó 500 millones de pesos para comprar decodificadores en 2011, pero sujetos a la resolución de la Corte. En su defensa, el Ejecutivo alegó que la Cofetel no tiene autonomía total, sino que es subordinada jerárquica del Presidente al ser un órgano desconcentrado adscrito a la estructura central de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Corte solo se pronunciará sobre la Constitucionalidad del decreto del Ejecutivo, pero no sobre la validez de la transición a la televisión digital, que es una política pública adoptada desde 2004 mediante un Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Víctor Fuentes, Reforma, 4 de noviembre.