Aumentó más de 200% la participación de mexicanos en el exterior que desean votar

Cuando ha transcurrido poco más de un mes desde que se abrió el periodo de registro de los connacionales residentes en el extranjero que pretendan votar para la elección presidencial del 2012, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha recibido 3 mil 121 solicitudes de inscripción al padrón especial, según informó el consejero Benito Nacif, de la comisión especial que atiende el voto de los mexicanos en el exterior. En la firma del convenio con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para que esa institución sea la sede del recuento de votos emitidos desde el exterior, Nacif destacó que esta cifra es muy positiva, pues refleja un repunte sustancial en la participación de los mexicanos que han emigrado, con respecto al mismo periodo de 2006. En aquel año, que fue la primera experiencia en la historia, durante el primer mes de registro solamente se habían recibido 932 peticiones de incorporación al padrón especial de mexicanos en el extranjero. Insistió en que el periodo de registro terminará el próximo 15 de enero, primer plazo en este proceso especial, pues el segundo será 24 horas antes de la elección, cuando se reciba la última boleta desde el extranjero. A su vez, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, destacó que en estos tiempos de globalización los derechos fundamentales son inherentes a todas las personas, sin importar el lugar donde residen ni su condición económica. Sostuvo que en momentos en que el acceso a la información y tecnología se han desarrollado, esto obliga a los estados nacionales a diseñar los mecanismos para garantizar el ejercicio de tales derechos. Valdés ponderó la importancia de que se haya incrementado en 200 por ciento el envío de solicitudes de registro, porque implica que la planeación estratégica y el trabajo coordinado de las áreas abocadas a la promoción del voto en el extranjero resultan exitosos. Quienes tomaron la decisión de residir fuera de nuestras fronteras no son ciudadanos de segunda, indicó. Alonso Urrutia, La Jornada, 8 de noviembre.