Ortiz Mayagoitia y Pardo Rebolledo, al caso del indígena mazahua

Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo serán los ministros ponentes en el caso de Hugo Sánchez Ramírez, indígena mazahua condenado a 37 años y seis meses de cárcel por secuestro, pese al desplome de pruebas y desistimiento de quienes lo acusaban.

La Primera Sala de la Suprema Corte atrajo desde el 19 de octubre dos amparos promovidos por sus defensores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez: uno por el delito federal de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, el cual analizará Ortiz; y otro por plagio, que será estudiado por Pardo.

Se trata de dos de los ministros más conservadores del alto tribunal.

El joven de 23 años, quien trabajaba en un taxi en el municipio de San José del Rincón, Estado de México, fue detenido a las 20:30 horas del 21 de julio de 2007; sin embargo, en el expediente las autoridades señalan como día del arresto la madrugada del 22 de julio, pues durante la noche fue torturado, incomunicado y presionado para que se declarara culpable, además de ser fotografiado con armas que los propios policías locales le sembraron.

Aunque Hugo quedó libre, con las fotos que le fueron tomadas la noche de la detención, los mismos agentes convencieron a dos personas de culparlo por el secuestro que días antes habían sufrido. Durante el proceso, las autoridades ministeriales y judiciales desestimaron los testimonios a su favor, así como los elementos que probaban que él no estuvo presente en el lugar y fecha en la que se había consumado el plagio…  Las víctimas terminaron por retractarse de la acusación y reconocieron haber sido presionados para inculpar al indígena.

El Centro Pro-dh señaló ayer que la Corte tiene "la oportunidad histórica de establecer precedentes que frenen las violaciones a los derechos humanos de los grupos sociales más vulnerables, como lo son indígenas y jóvenes de escasos recursos económicos".

Y expresó su confianza en que los ministros resolverán el asunto "bajo los más altos estándares de protección y garantía a los derechos humanos".


Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 1º de febrero.