Prende IFE alerta sobre ley electoral

El Instituto Federal Electoral (IFE) puso en la mesa de legisladores y actores políticos tres temas prioritarios a atender en la regulación secundaria de la reforma político-electoral: el cumplimiento de plazos, la aprobación de la legislación que precise competencias entre autoridades electorales y que el marco legal garantice la operación de los comicios.

Según un documento del IFE, del que EL UNIVERSAL tiene copia y fue distribuido a diputados y a funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de no ser atendidos estos puntos se pondría en riesgo la aplicación de la reforma constitucional, además de que generaría incertidumbre jurídica y daría pie a recurrir a tribunales y que el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) sea el que rija la elección en 2015.

“Realizar modificaciones legales sin tomar en cuenta los plazos mencionados puede menoscabar seriamente la certeza que todos los actores involucrados en los procesos electorales necesitan, pues las reglas del juego no estarían claras y serían objeto de interpretaciones que podrían dañar seriamente el correcto desarrollo del proceso electoral”, dice el texto.

Las preocupaciones que aún mantienen los consejeros en torno a la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la emisión de leyes secundarias se centran en que el nuevo órgano inicie funciones a tiempo, a más tardar el 10 de junio, cuando se cumplen 120 días a partir de que se promulgó la reforma constitucional.

La integración del INE después de ese plazo “implica poner en riesgo la certeza de los actos jurídicos que rigen los procesos electorales federal y locales”, se indica.

Apenas el martes la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para elegir a integrantes del INE, que esperan elegir antes del 10 de abril, pero aún no se reciben las leyes secundarias de la reforma político electoral. 

Plazos

Otro elemento de riesgo es que la reforma plantea que las elecciones se celebren en junio de 2015, y no en julio, por lo que deberán promulgarse las leyes electorales en mayo próximo, 90 días antes del inicio del proceso electoral en septiembre.

De no modificarse, entonces será el INE el que tendrá que ajustar sus cronogramas, entre ellos los de capacitación y preparación de material electoral.

De lo contrario, se tendrá que tomar el Cofipe, sin considerar la reforma política.

Se advierte que la reforma no previó los cambios en las constituciones locales, lo cual genera “un estado de incertidumbre” en la organización de los procesos en las entidades federativas.

Una vez promulgadas las leyes secundarias, el nuevo INE aún deberá nombrar a los consejeros estatales y estar pendiente de cualquier impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La expedición de la normatividad del INE y de los consejos estatales también es otro aspecto que dependerá de la aprobación en los plazos legales.

Se pide tomar en cuenta que la autoridad administrativa del INE tendrá ahora más atribuciones, lo que incrementa los gastos, por lo que se debe contemplar la planeación presupuestal, tomando en cuenta adecuaciones a la infraestructura en oficinas centrales, contrataciones, licitaciones y modificaciones. 

Legislación

De acuerdo con el documento, la certeza dependerá de la expedición a tiempo de leyes pendientes desde hace años, como la reglamentación de la propaganda gubernamental, el derecho de réplica, las candidaturas independientes y la consulta ciudadana.

Otras legislaciones que deberán adecuarse son las de telecomunicaciones y transparencia.

De no entrar en vigor a tiempo “las reglas del juego no estarían claras y serían objeto de interpretaciones que podrían dañar seriamente el correcto desarrollo del proceso electoral”.

También está pendiente adecuar 22 reglamentos en materia electoral sobre propaganda, tiempos en radio y televisión, quejas y denuncias, entre otros, y que además deberán estar listos antes del inicio del proceso.

De lo contrario, “generaría mucha incertidumbre que la autoridad administrativa emita normas una vez iniciado el proceso electoral o bien que dichas normas sean impugnadas y se encuentren en litigio”.

También tendría impacto presupuestal la conversión del Servicio Profesional Electoral en uno nacional (SPEN).

Con el fin de evitar costos por el cambio de credenciales del IFE también se insiste en la necesidad de un transitorio que prorrogue la vigencia de las actuales micas “IFE”.

En cuanto a la operación electoral, las nuevas reglas deberán tomar en cuenta, para eliminar posibles riesgos, la integración de los órganos públicos locales, la organización y capacitación electoral, y el acceso a los tiempos oficiales en radio y tv para candidatos independientes, así como para difundir las posturas en un proceso de consulta popular.

Carina García, EL Universal, 20 de febrero.