Alientan salida de Incalcaterra

El representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, fue despedido por defender a las víctimas y denunciar las incongruencias de un Estado con discurso florido y compromiso escuálido. Es también una confirmación de la tibieza de la ACNUDH, que optó por complacer a las autoridades mexicanas.

Los funcionarios internacionales se rigen por normas tan rígidas como sus procedimientos burocráticos. Su prioridad es mantener las formas y los buenos modales. Incalcaterra llegó a México el 28 de octubre del 2005 y como es de hablar suave parecía ser otro de esos funcionarios que han encontrado en la complicidad con el gobierno su modus vivendi.

Muy pronto Incalcaterra demostró ser diferente porque desplegó una intensa actividad en la capital y los estados. Entre sus últimos logros estuvo la elaboración del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal. Aplaudido en algunos círculos, hubo también quienes se irritaron con sus pronunciamientos.

Fiel a su estilo, Incalcaterra se despidió del país publicando una columna en el último número de Proceso (25 de mayo) en la cual pone el dedo en la llaga al señalar la distancia entre retórica y realidad. También advierte del riesgo de que los derechos humanos "se queden tan sólo plasmados en el discurso y en las normas jurídicas".

Un alto funcionario -que como el resto de los entrevistados en México y Ginebra prefirió el anonimato por lo sensible del caso- reconoció la esquizofrenia de la política oficial mexicana en el tema.

"El mandato de la CNDH es defender los derechos humanos y, sin embargo, su presidente pidió al ACNUDH que silenciara o despidiera a quien expresa una opinión legítima sobre un informe que le disgusta", señaló.

Las fuerzas armadas también se molestaron con las declaraciones de Incalcaterra sobre el fuero militar o los riesgos para los derechos humanos del protagonismo castrense en el combate al crimen organizado. La Secretaría de la Defensa Nacional escribió una carta a Relaciones Exteriores a finales del 2007 y los abogados militares estuvieron a punto de descarrilar la firma del acuerdo entre la ACNUDH y el gobierno de México.

Un ángulo poco resaltado es que Incalcaterra empezó a ser visto con desagrado en su propia organización. En opinión de un diplomático que conoce en detalle el affaire Incalcaterra, la ACNUDH de Louise Arbour prefirió darle prioridad a su relación con el Estado mexicano. Eso explica la prestancia con la cual respondieron a las inconformidades oficiales que tuvieron su punto culminante en la carta de Soberanes.

Para obtener la versión de la ACNUDH se solicitó una entrevista telefónica a la mexicana María Francisca Ize-Charrin, la funcionaria responsable de las oficinas de la ACNUDH en el exterior. Respondió con un texto formal en el cual se entusiasma al justificar la "rotación" de Incalcaterra ("representa renovados retos y desafíos profesionales", dice). Cambia de talante al aclarar que las Naciones Unidas no discuten "cuestiones relativas al personal, incluyendo rotaciones". Notable la opacidad en el principal organismo promotor de los derechos humanos.

Para Ize-Charrin todo está tan bien que la ACNUDH obtuvo la "renovación del mandato" y tiene una sólida "relación con el Gobierno de México". Nada dijo sobre un aspecto fundamental: su oficina también está obligada a defender a las víctimas de los abusos.

Sergio Aguayo Quesada, Reforma, 28 de mayo.