El Ejército y las fuerzas policiacas de México incurrieron en 2007 en graves violaciones a los derechos humanos, concluye en Amnistía Internacional (AI) en su reporte anual.
En el informe Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que se presenta hoy, indica que las violaciones a las garantías individuales en el país continuaron siendo generalizadas y en algunos estados sistemáticas, mientras que la mayor parte de los responsables siguió eludiendo la justicia.
"Más de 20 mil militares repartidos por numerosos estados realizaron labores policiales para luchar contra las bandas de narcotraficantes. Según los informes, algunos de estos militares detuvieron arbitrariamente, torturaron y mataron de modo ilegítimo a no menos de cinco personas", consigna.
"El sistema de justicia militar fue a menudo el que se ocupó de casos de violaciones de derechos humanos por parte de militares. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) halló indicios de abusos graves en algunos casos, pero no recomendó que los tribunales civiles se ocupasen de ellos".
En algunos estados, denuncia, continuó utilizándose el sistema de justicia penal para procesar a activistas y opositores políticos, que son detenidos arbitrariamente durante periodos prolongados y sometidos a procesos legales injustos.
"En diversas ocasiones, la Policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes e hirió a algunos de ellos", apunta.
"Las investigaciones sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos por parte de agentes de Policía fueron muchas veces deficientes, y la impunidad en las violaciones de derechos humanos fue generalizada".
Desapariciones
AI considera que el actual gobierno actual no ha mostrado un compromiso con continuar las investigaciones de delitos ocurridos en el pasado y critica que aunque un juez federal fallara que la matanza de Tlatelolco en 1968 constituía genocidio, no haya encontrado pruebas suficientes contra el ex Presidente Luis Echeverría para continuar con el proceso.
El organismo expresa además su preocupación por las presuntas desapariciones forzadas de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Los asesinatos de Aldo Zamora, ecologista que hacía campaña contra la tala ilegal en Ocuilán, Estado de México, y de Santiago Rafael Cruz, defensor de los derechos de los migrantes golpeado hasta morir en Monterrey, Nuevo León, son retomados por AI para demostrar el hostigamiento que existe contra los defensores de los derechos humanos.
En el informe Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que se presenta hoy, indica que las violaciones a las garantías individuales en el país continuaron siendo generalizadas y en algunos estados sistemáticas, mientras que la mayor parte de los responsables siguió eludiendo la justicia.
"Más de 20 mil militares repartidos por numerosos estados realizaron labores policiales para luchar contra las bandas de narcotraficantes. Según los informes, algunos de estos militares detuvieron arbitrariamente, torturaron y mataron de modo ilegítimo a no menos de cinco personas", consigna.
"El sistema de justicia militar fue a menudo el que se ocupó de casos de violaciones de derechos humanos por parte de militares. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) halló indicios de abusos graves en algunos casos, pero no recomendó que los tribunales civiles se ocupasen de ellos".
En algunos estados, denuncia, continuó utilizándose el sistema de justicia penal para procesar a activistas y opositores políticos, que son detenidos arbitrariamente durante periodos prolongados y sometidos a procesos legales injustos.
"En diversas ocasiones, la Policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes e hirió a algunos de ellos", apunta.
"Las investigaciones sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos por parte de agentes de Policía fueron muchas veces deficientes, y la impunidad en las violaciones de derechos humanos fue generalizada".
Desapariciones
AI considera que el actual gobierno actual no ha mostrado un compromiso con continuar las investigaciones de delitos ocurridos en el pasado y critica que aunque un juez federal fallara que la matanza de Tlatelolco en 1968 constituía genocidio, no haya encontrado pruebas suficientes contra el ex Presidente Luis Echeverría para continuar con el proceso.
El organismo expresa además su preocupación por las presuntas desapariciones forzadas de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Los asesinatos de Aldo Zamora, ecologista que hacía campaña contra la tala ilegal en Ocuilán, Estado de México, y de Santiago Rafael Cruz, defensor de los derechos de los migrantes golpeado hasta morir en Monterrey, Nuevo León, son retomados por AI para demostrar el hostigamiento que existe contra los defensores de los derechos humanos.
Silvia Garduño, Reforma, 28 de mayo.
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