BOGOTÁ (Agencias).— Las investigaciones sobre presuntos vínculos de la senadora Piedad Córdoba, otros dos congresistas, periodistas y otras personas, incluso extranjeras, con la guerrilla de las FARC, podrían extenderse a otros países, dijo ayer el fiscal general, Mario Iguarán.
De inmediato hubo reacciones en Ecuador y Venezuela de los extranjeros aludidos, y la Asamblea Constituyente ecuatoriana se solidarizó con ellos; lo mismo hizo el presidente ecuatoriano Rafael Correa.
Los medios colombianos llaman “Farcpolítica” a este nuevo escándalo que sacude la vida política del país que mantiene una guerra interna con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, desde hace más de 40 años.
Iguarán pidió el jueves que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), juez constitucional de los congresistas colombianos, investigue incluso a la asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle, al también ecuatoriano Iván Larrea; al venezolano miembro del parlamento Latino, Amílcar Figueroa; al estadounidense James Jones, un antropólogo y economista, así como a Liliana Patricia Obando, miembro de una organización no gubernamental.
Córdoba aseguró ser una “perseguida política”, mientras que Figueroa dijo que todo se trata de un “montaje” del gobierno colombiano de Álvaro Uribe para distraer la atención del escándalo interno de la parapolítica.
Iguarán, en todo caso, dijo que tratándose de delitos contra la seguridad nacional, concierto para delinquir o auxilio y financiación del terrorismo, la fiscalía es competente para “averiguar, así el delito ocurra en el extranjero” y que tales circunstancias podrían darse en este caso.
De inmediato hubo reacciones en Ecuador y Venezuela de los extranjeros aludidos, y la Asamblea Constituyente ecuatoriana se solidarizó con ellos; lo mismo hizo el presidente ecuatoriano Rafael Correa.
Los medios colombianos llaman “Farcpolítica” a este nuevo escándalo que sacude la vida política del país que mantiene una guerra interna con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, desde hace más de 40 años.
Iguarán pidió el jueves que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), juez constitucional de los congresistas colombianos, investigue incluso a la asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle, al también ecuatoriano Iván Larrea; al venezolano miembro del parlamento Latino, Amílcar Figueroa; al estadounidense James Jones, un antropólogo y economista, así como a Liliana Patricia Obando, miembro de una organización no gubernamental.
Córdoba aseguró ser una “perseguida política”, mientras que Figueroa dijo que todo se trata de un “montaje” del gobierno colombiano de Álvaro Uribe para distraer la atención del escándalo interno de la parapolítica.
Iguarán, en todo caso, dijo que tratándose de delitos contra la seguridad nacional, concierto para delinquir o auxilio y financiación del terrorismo, la fiscalía es competente para “averiguar, así el delito ocurra en el extranjero” y que tales circunstancias podrían darse en este caso.
Nota de El Universal, 24 de mayo.
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