Despenalizar el aborto, una tendencia en todo México

Luego de celebrarse dos de las seis audiencias que agendó la Suprema Corte para dar voz en favor y en contra de la legalización del aborto en el Distrito Federal, vale la pena conocer cuál es el trato a la interrupción del embarazo a nivel nacional.

De los 32 códigos penales locales existentes en la República Mexicana, ninguno de ellos contempla la posibilidad de realizar el aborto por "decisión propia", solamente el del Distrito Federal.

De hecho, el Código Penal Federal en su capitulo VI detalla toda una serie de sanciones a quien provoque el aborto, definiendo desde un inicio que el "aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez".

Dicho concepto es arropado por todos los estados en sus normas.

Sin embargo, las razones por las cuales se anula la sanción son distintas en las entidades: algunas detallan que no sancionarán cuando exista peligro de muerte o afectación de salud en la mujer; cuando el embarazo sea por violación; o cuando se demuestre deformación en el producto, condición no contemplada en el Código Federal.


Aborto condicionado.

Varios han sido los intentos en los congresos estatales por ampliar las causas por las cuales el aborto no sería castigado, muchas de las propuestas devienen en luchas sociales y rechazos de actores políticos.

Actualmente, son pocas las legislaciones que consideran causas de tipo económico -como Guerrero, Hidalgo o Yucatán, que detallan que la mujer tenga como mínimo tres hijos-, o que toma en cuenta a las menores de edad -como Chiapas, que sanciona a los padres, en su defecto, y envía a la menor al Consejo Tutelar-; y otorga información a la mujer que va a realizar aborto por cualquier modalidad prevista en su legislación -únicamente Distrito Federal y Durango-.


Las penas, cada vez menores.

Baja California Sur es el primer estado, en el 2005, en establecer una de las penas más bajas en la práctica de un aborto: de dos meses a dos años; continuó Tlaxcala implementando tan sólo 15 días a dos meses; las demás legislaturas de seis meses mínimo hasta cuatro años, como en Veracruz.

A pesar de que todos contemplan la posibilidad del aborto en casos de violación, estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, piden que sea permitido por el Ministerio Público y el aborto se realizaría antes de los 90 días contados después de la concepción; en Hidalgo es de 75 días.

Estados como Baja California Sur, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, sí contemplan las alteraciones genéticas como aborto permitido sin penalizar.

Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, no contemplan dicha posibilidad.


La evolución de la despenalización.

Los casos más representativos de la lucha son en 1999, en Mexicali, Baja California, donde fue violada Paulina, adolescente a quien las autoridades del estado le impidieron abortar.

En el 2000, el Congreso de Guanajuato probó un nuevo Código Penal en el que se volvía a penalizar el aborto en los casos de violación; las reacciones en contra hicieron que quedara sin efecto dicha propuesta.

Al mismo tiempo, en el Distrito Federal, Rosario Robles, entonces jefa del gobierno capitalino, envía propuesta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para aumentar causas de despenalización y establecer mecanismos claros para acceder al aborto por violación y por inseminación artificial -primera legislación que lo contempla- no consentida.

Los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dichas medidas; y, en el 2002, el pleno de ministros declara constitucionales los preceptos; dicha reforma se conoció como la ley Robles.


Los contrastes de la reforma.

Sus defensores en el Distrito Federal afirman que el aborto llegó a ser la tercera o cuarta razón de muerte de las mujeres en la capital.

Varias organizaciones de derechos humanos, y en específico de las mujeres, detallan que se ha luchado por cambiar la percepción de que el aborto no es un acto de desprecio a la vida, por el contrario, "es la revaloración de la vida misma, de la vida de todas aquellas mujeres que han tenido que abortar en la clandestinidad", detalla el Grupo de Información en Reproducción Elegida AC (GIRE), quien realizó una cronología de la despenalización del aborto.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, al defender las reformas realizadas tanto al Código Penal como a la Ley de Salud, ambas del Distrito Federal, dice que lo importante "entonces, si no se quiere la práctica del aborto, es que se tenga una buena educación sexual en las escuelas, que se enseñe lo que son los medios de anticoncepción".


El embrión tiene derechos garantizados.

Por su parte, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Procuraduría General de la República (PGR) no coinciden con dicha apreciación.

Tanto en sus exposiciones en las audiencias ante ministros como en la propia demanda de inconstitucionalidad, manifiestan -y este es el argumento principal- que el embrión es un "ser humano" desde su concepción, por lo tanto tiene derechos garantizados.

Así, también detallan que existe discriminación entre los "seres humanos" que se encuentren en la semana 12 con un día; que no hay igualdad entre hombres y mujeres, porque no se toma en cuenta la opinión del hombre; y, que la mujer no tiene derecho a decidir en el "ser humano" que tiene en su cuerpo.

Aún quedan pendientes cuatro audiencias públicas, en donde seguirán participando organizaciones que se manifiestan tanto a favor como en contra de la despenalización; y hasta entonces no se podrá conocer la decisión que tome el ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien debe realizar el proyecto, respecto al tema; pues aún no tiene nada definido.

Nota de Paloma Alcántara, El Economista, 9 de mayo.