Aún es tiempo de corregir y enmendar las inconsistencias

La reforma procesal penal en la Constitución, es inminente y, por ende, los jueces de toda la República tendremos que interpretarla y aplicarla.

Existen opiniones a favor y en contra; los académicos de gabinete que han participado en su elaboración la festejan con “bombo y platillo” y, la presentan como la panacea que solucionará los problemas de justicia en México; en cambio, voces muy autorizadas no están del todo de acuerdo y se han referido a ella, en forma coloquial, como “una tomada de pelo” o “un vaso de agua con gotas de veneno”; incluso, hay quienes se preguntan: ¿Era necesario cambiar nuestro actual proceso penal?, ¿Por qué copiar del extranjero sistemas que no corresponden a nuestra realidad nacional?

Comparto la idea de que era apremiante mejorar nuestro sistema de justicia penal, y, que por eso, era necesario reformar la Constitución Federal de manera cuidadosa, previa consulta pública suficiente y experta.

Desde mi perspectiva, la reforma es una amalgama de buenas propuestas, con algunos vicios en su estructura y congruencia.

Contiene figuras jurídicas y temas novedosos que son positivos para nuestro sistema de justicia pen al, como son entre otros: los medios alternos de solución de controversias. El nuevo proceso acusatorio, con principios garantistas como la oralidad, inmediación, contradicción y concentración, así como otros que ya existían en el actual juicio. Los derechos de la víctima o del ofendido, el establecimiento de los jueces de control y ejecución y, para algunos, el derecho de excepción para la delincuencia organizada. Sin embargo, el proyecto de decreto contiene algunas inconsistencias generadas por una desafortunada redacción.

De manera que, sin ser detractor de la reforma, pero honesto en mis convicciones, expreso algunas de esas incosistencias no me explico cómo la reforma separa a la policía investigadora del Ministerio Público, lo cual resulta muy peligroso, pero además no se abordó el tema de la autonomía de esta institución. También resulta incomprensible, que si se pretende aumentar las garantías del imputado, porque se disminuye el estándar de prueba en orden de aprehensión y auto de vinculación a proceso. También falta claridad en la prisión preventiva, pues la tendencia es desaparecerla conforme al nuevo modelo y sólo en casos excepcionales el juez la decrete; sin embargo, el texto del artículo 18, señala que habrá lugar a prisión preventiva en los delitos que tengan pena privativa de libertad. Desaparece la libertad provisional bajo caución, pero no se propone otra que la sustituya y que sirva de herramienta al juez para poder decretar la libertad cuando el delito tenga pena privativa y de lugar a prisión preventiva. Finalmente, la duración de los procesos fue un argumento para cambiar nuestro sistema, pese a ello, el plazo de un año, no sólo se deja tal cual, sino que contradictoriamente, en diversa fracción, se señalan dos años (art. 20 inciso B, fracciones VII y IX).

Estas inconsistencias e incongruencias, son producto de la falta de cuidado al copiar modelos jurídicos extranjeros distintos al nuestro, como Chile, que es una República centralista, con menos habitantes y que hasta 1997, tenía un modelo inquisitivo puro, donde el juez investigaba y juzgaba, pues no contaba con la figura del Ministerio Público, lo que también sucedió en Colombia; y no se diga con los países anglosajones.

No obstante las imprecisiones e inconsistencias de la reforma constitucional, aún tiene solución y toca ahora al legislador federal y local, emitir cuidadosamente las leyes ordinarias que corrijan y enderecen lo que se pretendió hacer, con la intervención, no sólo de los académicos de gabinete, sino de expertos en esos temas y juzgadores federales y locales que fueron ignorados. Cambiar radicalmente de sistema penal, conlleva un cambio brutal en la cultura jurídica y social de los mexicanos, lo que no es fácil. La reforma es un hecho, por lo que los juzgadores mexicanos, que injustamente fueron acusados de la ineficacia del sistema, tienen que cambiar su cultura jurídica y adaptarse a la reforma constitucional.

Estoy seguro que los miembros del Poder Judicial de la Federación, con la tenacidad y entrega desinteresada al servicio de la patria que les caracteriza, sabrán salir triunfadores ante este reto que les presenta la historia, hasta que poco a poco, se fortalezca el nuevo sistema penal o se cambie nuevamente.

Texto del Magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, El Universal, 2 de mayo.