En el papel y en la teoría, con la aprobación de la reforma penal a la Constitución que avaló el Congreso de la Unión desde marzo pasado, el sistema de justicia penal y de seguridad que ha regido en el país durante el último siglo ya cambió.
Pero en la práctica, el camino a seguir para que la reforma se materialice todavía es largo y tiene frente a sí una serie de retos y de riesgos que amenazan con generar más problemas que los que pretende solucionar.
Una vez que la reforma recibió el aval de 17 congresos locales, en la Constitución quedará próximamente grabada una serie de medidas polémicas que lo mismo han generado aplausos que fuertes críticas a la labor de los legisladores, quienes no tomaron en cuenta la opinión de la mayoría de los sectores de la población, entre ellos el del Poder Judicial.
Entre las medidas que más críticas les ganaron, porque presuntamente atentan contra la protección de los derechos humanos, destacan la disminución de los requisitos para catear domicilios, arraigar a sospechosos, intervenir comunicaciones y girar órdenes de aprehensión para detener a cualquier persona casi sin pruebas en su contra.
Mientras que entre los temas que lo mismo generaron aplausos que posturas en contra se encuentra la obligación de implementar en todo el país el sistema de juicios orales, en un periodo de transición de ocho años.
Para que la mayoría de estas medidas se pueda comenzar a aplicar en la práctica, es necesario que a nivel federal y estatal los legisladores hagan leyes secundarias en las que aterricen y regulen las nuevas disposiciones adoptadas en la Constitución.
Y es aquí donde diversos especialistas advierten que es necesario cuidar que las leyes permitan una transición sin sobresaltos, del actual sistema penal al que se pretende establecer con la reforma.
Los retos, se asegura, son muchos, y van desde cambiar la formación de los abogados y destinar los recursos económicos necesarios, hasta garantizar que las medidas que se van a implementar sí van ayudar a mejorar el sistema de justicia penal y a lograr un mejor combate a la delincuencia que, a su vez, ayude a disminuir los índices de inseguridad.
Pero en la práctica, el camino a seguir para que la reforma se materialice todavía es largo y tiene frente a sí una serie de retos y de riesgos que amenazan con generar más problemas que los que pretende solucionar.
Una vez que la reforma recibió el aval de 17 congresos locales, en la Constitución quedará próximamente grabada una serie de medidas polémicas que lo mismo han generado aplausos que fuertes críticas a la labor de los legisladores, quienes no tomaron en cuenta la opinión de la mayoría de los sectores de la población, entre ellos el del Poder Judicial.
Entre las medidas que más críticas les ganaron, porque presuntamente atentan contra la protección de los derechos humanos, destacan la disminución de los requisitos para catear domicilios, arraigar a sospechosos, intervenir comunicaciones y girar órdenes de aprehensión para detener a cualquier persona casi sin pruebas en su contra.
Mientras que entre los temas que lo mismo generaron aplausos que posturas en contra se encuentra la obligación de implementar en todo el país el sistema de juicios orales, en un periodo de transición de ocho años.
Para que la mayoría de estas medidas se pueda comenzar a aplicar en la práctica, es necesario que a nivel federal y estatal los legisladores hagan leyes secundarias en las que aterricen y regulen las nuevas disposiciones adoptadas en la Constitución.
Y es aquí donde diversos especialistas advierten que es necesario cuidar que las leyes permitan una transición sin sobresaltos, del actual sistema penal al que se pretende establecer con la reforma.
Los retos, se asegura, son muchos, y van desde cambiar la formación de los abogados y destinar los recursos económicos necesarios, hasta garantizar que las medidas que se van a implementar sí van ayudar a mejorar el sistema de justicia penal y a lograr un mejor combate a la delincuencia que, a su vez, ayude a disminuir los índices de inseguridad.
Texto de Carlos Avilés, El Universal, 2 de mayo.
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