Instan a FCH liderar reforma

WASHINGTON.- El Presidente Felipe Calderón debe aprovechar este momento para iniciar la coordinación de la puesta en marcha de la reforma penal en México así como sus retos administrativos, financieros y políticos, indicaron especialistas.

Durante un seminario sobre la reforma penal realizado en el Instituto de México del Woodrow Wilson Center de esta capital, impulsores de los cambios afirmaron que el tiempo es ideal para planificar tiempos, definir prioridades y trazar las rutas.

"Creo que es el momento oportuno para que el Presidente inicie los esfuerzos para coordinar la implementación de la reforma penal federal", dijo Enrique Ochoa Reza, profesor de Derecho de la UNAM.

De acuerdo con Ochoa Reza, la ratificación de la reforma penal por 21 Congresos estatales y la eventual llegada de recursos desde Estados Unidos a través de la "Iniciativa Mérida" crea una ventana de oportunidad que no debe desaprovecharse.

"Es muy importante que se establezca pronto un órgano de implementación de la reforma para poder trazar prioridades y aprovechar los recursos en la Iniciativa Mérida", dijo el también doctor en ciencia política por la Universidad de Columbia.

Según los expertos, el Ejecutivo es la rama indicada para tomar el liderazgo para trazar un plan de acción que defina un plan de objetivos para garantizar el éxito una vez que inicie el periodo de hasta 8 años después de que sea promulgada la reforma.

"La transformación de un sistema de justicia hacia otro requiere diseñar la secuencia de pasos a seguir", explicó Miguel Treviño, profesor de economía y ciencia política en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y coordinador de la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales en México.

"En este momento el Congreso está ocupado en otros temas y la Rama Judicial está aún a la espera de qué tan serio será el cambio que viene. Entonces, sobre este asunto hay consenso unánime: el cambio funciona si el Poder Ejecutivo está convencido completamente y destina recursos políticos, financieros y administrativos para crear un nuevo proceso criminal", aseguró Miguel Treviño.

A decir de Ana Laura Magaloni, catedrática de la Facultad de Derecho del CIDE, el Presidente debe entender que la coordinación de la reforma implica un esfuerzo más allá del mero ámbito legal.

"Sería ideal que fuera coordinado por una persona en la que creyera Calderón", dijo Magaloni.

Coordinado por Andrew Selee, director de Instituto México del Woodrow Wilson Center, en el seminario participaron también Ernesto Canales, del bufete Canales y Socios Abogados, Layda Negrete, de la Universidad de California en Berkeley y Cristian Riego, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Nota de José Díaz Briseño, corresponsal, Reforma, 21 de mayo.