La ‘migra’ dopa a migrantes detenidos

WASHINGTON (Agencias).— Algunos legisladores de la Comisión Judicial de la Cámara Baja están exigiendo más información del Departamento de Seguridad Interior en torno a los tratamientos médicos ofrecidos a los indocumentados detenidos en Estados Unidos.

The Washington Post aseguró ayer que ha identificado desde 2003 unos 250 casos en los que se emplearon en migrantes deportados sustancias usadas para tratar enfermedades siquiátricas graves, sin aparentes razones médicas.

De igual manera el diario cita historiales médicos, documentos internos del gobierno y entrevistas con víctimas como fuentes para su afirmación.

Entre los casos detectados encontró “docenas” en los que el “cóctel pre vuelo”, como lo califica uno de los documentos, tuvo efectos tan potentes que los agentes federales debieron llevar al deportado al avión en una silla de ruedas.

The Wash-ington Post cita como ejemplo una nota médica sobre una deportada a Costa Rica en 2005 que indica que la mujer, de 38 años, presentaba “un paso inestable. Cayó sobre el asfalto”.

De acuerdo con el Post, el uso de sustancias químicas para calmar a detenidos sin su consentimiento es una violación de normas de derechos humanos internacionales.

La información difundida por The Washington Post ha generado un interés renovado en un tema que ha sido presentado desde hace años por grupos de defensa de los derechos humanos, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

La representante demócrata Zoe Lofgren, quien organizó una audiencia en torno al tema, indicó que los detalles que había tenido en torno a los tratamientos médicos para los detenidos eran “horrendos”.

Estos “incumplen con las medidas internacionales y realmente me avergüenzan”, afirmo Lofgren ayer. Ella es presidenta de la Subcomisión de Inmigración, que forma parte de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

El Congreso está considerando enviar varias iniciativas de ley que buscarían mejorar las condiciones de los detenidos y exigirían una mayor rendición de cuentas al Departamento de Seguridad Nacional.

Nota de El Universal, 15 de mayo.