Son cinco acciones de inconstitucionalidad interpuestas por diversos partidos políticos nacionales que impugnan las reformas realizadas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), a la que se suma una facultad de atracción, pendiente por admitir, a nombre de Adolfo Ernesto Arrioja, representante de la Confederación de Cámaras Industriales.
Todas ellas interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la última a solicitud del ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, después de que se había desechado por "notoriamente improcedente" la petición de atracción que había planteado el abogado ante el Alto Tribunal por carecer de legitimación.
Esta solicitud la pueden realizar únicamente el máximo tribunal, el tribunal colegiado que conoce del juicio o la Procuraduría General de la República (PGR).
Los cinco juicios de inconstitucionalidad, promovidos por los partidos Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza, Alternativa y Verde Ecologista; se encuentran en manos del ministro José Fernando Franco González Salas.
Fue el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa quien avalo la decisión del Juzgado 12 del Distrito Federal, quien determinó desechar la demanda de amparo interpuesta por el abogado, tras argumentar que para inconformarse respecto de leyes electorales, "es a través de la acción de inconstitucionalidad, no así el amparo".
La Suprema Corte aún no designa el ministro que deberá conocer del asunto.
Los artículos que impugna el sector son los relacionados con la prohibición para contratar propaganda en radio y televisión; y, la posibilidad de sancionar a cualquier persona física o moral, así como las formas de sanción previstas en la norma.
Este sería el segundo juicio que interpone el sector empresarial en contra de reformas en la materia, la primera fue en contra de la reforma constitucional electoral; y, ahora impugna la legislación secundaria.
Todas ellas interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la última a solicitud del ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, después de que se había desechado por "notoriamente improcedente" la petición de atracción que había planteado el abogado ante el Alto Tribunal por carecer de legitimación.
Esta solicitud la pueden realizar únicamente el máximo tribunal, el tribunal colegiado que conoce del juicio o la Procuraduría General de la República (PGR).
Los cinco juicios de inconstitucionalidad, promovidos por los partidos Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza, Alternativa y Verde Ecologista; se encuentran en manos del ministro José Fernando Franco González Salas.
Fue el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa quien avalo la decisión del Juzgado 12 del Distrito Federal, quien determinó desechar la demanda de amparo interpuesta por el abogado, tras argumentar que para inconformarse respecto de leyes electorales, "es a través de la acción de inconstitucionalidad, no así el amparo".
La Suprema Corte aún no designa el ministro que deberá conocer del asunto.
Los artículos que impugna el sector son los relacionados con la prohibición para contratar propaganda en radio y televisión; y, la posibilidad de sancionar a cualquier persona física o moral, así como las formas de sanción previstas en la norma.
Este sería el segundo juicio que interpone el sector empresarial en contra de reformas en la materia, la primera fue en contra de la reforma constitucional electoral; y, ahora impugna la legislación secundaria.
Nota de Paloma Alcántara, El Economista, 16 de mayo.
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