Las iniciativas del Ejecutivo federal en materia petrolera no son anticonstitucionales, pero sí perfectibles, para que en la práctica no se caiga en violaciones, coincidieron expertos en Derecho constitucional.
Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, propuso que para perfeccionar las iniciativas ningún comité interno de Pemex tenga facultades para dictar normas sobre los procesos de licitación.
"Las excepciones a los procesos de licitación deben estar establecidas en ley, de acuerdo a los que señala el Artículo 134 constitucional", indicó.
Carbonell planteó que algunos aspectos de las iniciativas son válidos de considerar ya que sí pueden suponer un eventual conflicto con normas constitucionales, como el que todo el régimen de remuneraciones debe estar determinado, en términos generales, en el Presupuesto de Egresos.
Sergio López Ayllón, investigador del CIDE, dijo que las iniciativas se encuentran en el marco de la Constitución, pero requieren ajustes menores para asegurar su debida operación y evitar futuras controversias.
El abogado José Elías Romero Apis opinó que existen algunas normas de la reforma que entran en "colisión" con el texto constitucional, pero que no tienen ningún efecto jurídico concreto, ni producen ningún perjuicio real, "aunque pueden resultar repugnantes para muchos mexicanos".
En tanto, José Roldán Xopa, del ITAM, se pronunció porque se definan los límites de la actividad estratégica, así como las condiciones en que Pemex realiza sus actividades económicas.
Así, las posiciones a favor de que las reformas no violan la Constitución se sumaron a las del pasado martes de Mario Becerra Pocoroba, Arturo Zaldívar y Héctor Fix Fierro.
Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, propuso que para perfeccionar las iniciativas ningún comité interno de Pemex tenga facultades para dictar normas sobre los procesos de licitación.
"Las excepciones a los procesos de licitación deben estar establecidas en ley, de acuerdo a los que señala el Artículo 134 constitucional", indicó.
Carbonell planteó que algunos aspectos de las iniciativas son válidos de considerar ya que sí pueden suponer un eventual conflicto con normas constitucionales, como el que todo el régimen de remuneraciones debe estar determinado, en términos generales, en el Presupuesto de Egresos.
Sergio López Ayllón, investigador del CIDE, dijo que las iniciativas se encuentran en el marco de la Constitución, pero requieren ajustes menores para asegurar su debida operación y evitar futuras controversias.
El abogado José Elías Romero Apis opinó que existen algunas normas de la reforma que entran en "colisión" con el texto constitucional, pero que no tienen ningún efecto jurídico concreto, ni producen ningún perjuicio real, "aunque pueden resultar repugnantes para muchos mexicanos".
En tanto, José Roldán Xopa, del ITAM, se pronunció porque se definan los límites de la actividad estratégica, así como las condiciones en que Pemex realiza sus actividades económicas.
Así, las posiciones a favor de que las reformas no violan la Constitución se sumaron a las del pasado martes de Mario Becerra Pocoroba, Arturo Zaldívar y Héctor Fix Fierro.
Nota de Margarita Palma y Mauricio Rubí, El Economista, 23 de mayo.
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