Juventino Castro y Castro, especialista en Derecho Constitucional, enfatizó que el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca deben quedar en las manos y en el control de intereses privados.
El constitucionalista expresó que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal forzosamente requieren, para su aprobación, consulta previa a la soberanía popular, "porque es ella la titular exclusiva de las riquezas del subsuelo".
Lo único que quedaría por resolverse, dijo, es si la consulta popular ordenada constitucionalmente por el tercer párrafo del artículo 26 debe hacerse forzosamente por el pueblo antes de discutirse parlamentariamente la ley; o, en su caso, después de que se hubieren aprobado las modificaciones a las leyes ordinarias.
"Si la consulta se llevara a cabo después de ser votadas las leyes, ello constituiría un verdadero referendo —que constitucionalmente es inexistente, y por lo tanto inapropiado—, y no una consulta popular que se practique antes de votar las leyes, dando así al pueblo la posibilidad real de opinar si es el deseo de su soberanía el que se dicten las normas consultadas para el manejo del petróleo, o bien se desechen las iniciativas", señaló. En su ponencia presentada durante el tercer foro de debate sobre reforma energética, el doctor en Derecho remarcó que el poder público siempre deriva del pueblo, y sólo es válido si ese poder público beneficia al pueblo y no a una porción ávida de poder individual.
El otrora ministro señaló que si se hubiese intentado una modificación directa de la Constitución Política "y se pretendiera en sustitución algo contrario al espíritu profundo de lo que hasta la fecha hemos cumplimentado, se pondría en peligro la paz social del país". El hecho de reconocerse que Pemex funciona defectuosamente, dijo, obliga a tomar determinaciones que permitan recuperar su funcionalidad", aseguró.
En cuanto a la propuesta de bonos ciudadanos, el especialista la calificó de "exótica" y señaló que es contraria a la intención constitucional, que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex.
El constitucionalista expresó que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal forzosamente requieren, para su aprobación, consulta previa a la soberanía popular, "porque es ella la titular exclusiva de las riquezas del subsuelo".
Lo único que quedaría por resolverse, dijo, es si la consulta popular ordenada constitucionalmente por el tercer párrafo del artículo 26 debe hacerse forzosamente por el pueblo antes de discutirse parlamentariamente la ley; o, en su caso, después de que se hubieren aprobado las modificaciones a las leyes ordinarias.
"Si la consulta se llevara a cabo después de ser votadas las leyes, ello constituiría un verdadero referendo —que constitucionalmente es inexistente, y por lo tanto inapropiado—, y no una consulta popular que se practique antes de votar las leyes, dando así al pueblo la posibilidad real de opinar si es el deseo de su soberanía el que se dicten las normas consultadas para el manejo del petróleo, o bien se desechen las iniciativas", señaló. En su ponencia presentada durante el tercer foro de debate sobre reforma energética, el doctor en Derecho remarcó que el poder público siempre deriva del pueblo, y sólo es válido si ese poder público beneficia al pueblo y no a una porción ávida de poder individual.
El otrora ministro señaló que si se hubiese intentado una modificación directa de la Constitución Política "y se pretendiera en sustitución algo contrario al espíritu profundo de lo que hasta la fecha hemos cumplimentado, se pondría en peligro la paz social del país". El hecho de reconocerse que Pemex funciona defectuosamente, dijo, obliga a tomar determinaciones que permitan recuperar su funcionalidad", aseguró.
En cuanto a la propuesta de bonos ciudadanos, el especialista la calificó de "exótica" y señaló que es contraria a la intención constitucional, que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex.
Nota de Blanca Estela Botello, Crónica, 21 de mayo.
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