SALTILLO, Coah.— El pleno del Congreso estatal estableció las penas más altas, sin derecho a fianza, contra quienes asesinen a periodistas y, mediante reformas penales y asistenciales, aprobadas, garantizó también protección económica a viudas e hijos.
El estado de Coahuila se convierte así en el primer estado en salvaguardar los derechos de los comunicadores, cuyo trabajo se ha convertido en un riesgo debido a la ola de violencia que afecta a todo el país.
“No hay sociedad libre sin periodistas libres, por eso se debe tutelar de manera relevante el derecho a la información”, establece la iniciativa presentada por el diputado panista José Ignacio Maynés y respaldada por media docena de legisladores de partidos.
El que mate a un periodista, en función de su activad informativa, será condenado a pasar de 30 a 60 años de cárcel, o más si se le acumulan otros ilícitos, señala el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Se reformó el artículo 67 fracción I, y se adicionó un numeral el 16 a la fracción II del artículo 72 y se adicionó un artículo 336 bis del Código Penal del Estado de Coahuila, donde se establecieron sanciones de hasta 60 años de prisión por el homicidio en contra de personas en función de su actividad dentro del periodismo.
También se adicionó un artículo 6 bis a la Ley de Asistencia Social para el Estado a fin de otorgar pensiones a los deudos del informador que sea asesinado por el desempeño de su trabajo.
El estado de Coahuila se convierte así en el primer estado en salvaguardar los derechos de los comunicadores, cuyo trabajo se ha convertido en un riesgo debido a la ola de violencia que afecta a todo el país.
“No hay sociedad libre sin periodistas libres, por eso se debe tutelar de manera relevante el derecho a la información”, establece la iniciativa presentada por el diputado panista José Ignacio Maynés y respaldada por media docena de legisladores de partidos.
El que mate a un periodista, en función de su activad informativa, será condenado a pasar de 30 a 60 años de cárcel, o más si se le acumulan otros ilícitos, señala el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Se reformó el artículo 67 fracción I, y se adicionó un numeral el 16 a la fracción II del artículo 72 y se adicionó un artículo 336 bis del Código Penal del Estado de Coahuila, donde se establecieron sanciones de hasta 60 años de prisión por el homicidio en contra de personas en función de su actividad dentro del periodismo.
También se adicionó un artículo 6 bis a la Ley de Asistencia Social para el Estado a fin de otorgar pensiones a los deudos del informador que sea asesinado por el desempeño de su trabajo.
Nota de Hilda Fernández, El Universal, 14 de mayo.
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