Si el Ejecutivo hubiera optado por modificar la Constitución para hacer la reforma a Pemex se hubiera puesto en peligro la paz social en el país, advirtió el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juventino Castro y Castro.
El ministro en retiro se declaró junto con el politólogo Arnaldo Córdova a favor de un plebiscito y un referendo para poner a consideración de la ciudadanía la reforma energética, y acusó que las iniciativas enviadas son inconstitucionales porque permitirán que Pemex sea manejada por el sector privado. “Cualquier reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, en mi opinión debe ser considerada como inconstitucional”, dijo
La propuesta planteada por el Frente Amplio y Andrés Manuel López Obrador, y que mereció el rechazo inmediato de PRI y PAN, fue llevada al tercer debate energético, en el que se hizo el primero de dos análisis sobre la Constitucionalidad de las iniciativas por Castro y Castro, quien dijo que éstas “forzosamente requieren para su aprobación la consulta previa a la soberanía popular, porque es ella la titular exclusiva de las riquezas del subsuelo”.
En tanto el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas, acusó que las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo son inconstitucionales, privatizadoras y entreguistas, además de que no buscan la democratización y transparencia de la paraestatal.
Sostuvo que éstas no enfrentan los más importantes problemas de la industria petrolera del país y apuntó que “no proponen nada respecto a la corrupción del sindicato petrolero, la alta burocracia con Pemex y los contratistas”.
Agregó que son reformas “que no buscan democratizar al sindicato de Pemex, que no son concebidas desde la transparencia y rendición de cuentas, más bien alientan la opacidad y favorecen la ausencia de controles que estén incorporando a la sociedad civil en la toma de decisiones trascendentes”, lo mismo que al Congreso.
Cárdenas Gracia hizo un señalamiento directo al acusar que la reforma a las leyes reglamentarias al 27 Constitucional que se proponen en esta reforma, es sólo el primer paso hacia la reforma a la Carta Magna “para que Estados Unidos se quede con el crudo”.
El ministro en retiro se declaró junto con el politólogo Arnaldo Córdova a favor de un plebiscito y un referendo para poner a consideración de la ciudadanía la reforma energética, y acusó que las iniciativas enviadas son inconstitucionales porque permitirán que Pemex sea manejada por el sector privado. “Cualquier reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, en mi opinión debe ser considerada como inconstitucional”, dijo
La propuesta planteada por el Frente Amplio y Andrés Manuel López Obrador, y que mereció el rechazo inmediato de PRI y PAN, fue llevada al tercer debate energético, en el que se hizo el primero de dos análisis sobre la Constitucionalidad de las iniciativas por Castro y Castro, quien dijo que éstas “forzosamente requieren para su aprobación la consulta previa a la soberanía popular, porque es ella la titular exclusiva de las riquezas del subsuelo”.
En tanto el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas, acusó que las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo son inconstitucionales, privatizadoras y entreguistas, además de que no buscan la democratización y transparencia de la paraestatal.
Sostuvo que éstas no enfrentan los más importantes problemas de la industria petrolera del país y apuntó que “no proponen nada respecto a la corrupción del sindicato petrolero, la alta burocracia con Pemex y los contratistas”.
Agregó que son reformas “que no buscan democratizar al sindicato de Pemex, que no son concebidas desde la transparencia y rendición de cuentas, más bien alientan la opacidad y favorecen la ausencia de controles que estén incorporando a la sociedad civil en la toma de decisiones trascendentes”, lo mismo que al Congreso.
Cárdenas Gracia hizo un señalamiento directo al acusar que la reforma a las leyes reglamentarias al 27 Constitucional que se proponen en esta reforma, es sólo el primer paso hacia la reforma a la Carta Magna “para que Estados Unidos se quede con el crudo”.
Nota de Liliana Padilla, Nayeli González y Angélica Mercado, Milenio, 21 de mayo.
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