Persiste la impunidad en México

La participación del Ejército mexicano en la “guerra’’ contra el narcotráfico que declaró el presidente Felipe Calderón en el 2006, fue cuestionada ayer por la organización Human Rights Watch, que estimó se han cometido graves violaciones a los derechos humanos y persiste la impunidad, porque no ha sido juzgado un solo militar por ello.

En el reporte Impunidad Uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, incluyen 17 casos de abuso graves contra más de 70 víctimas entre el 2007 y el 2008.

“Los abusos incluyen asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal ni siquiera de un soldado por la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos’’, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

En conferencia realizada en el Museo Diego Rivera, Miguel Vivanco agregó: “El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles".

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que el gobierno federal ha demostrado su voluntad para sancionar las violaciones de cualquier autoridad, por lo que ningún funcionario ni militar goza de impunidad.

Rubén Torres y Tania Rosas, El Economista, 30 de abril.

El triple play impulsa a Megacable

Megacable reportó crecimientos de 11, 10 y 124% en el número de suscriptores en los servicios de televisión, Internet y telefonía, respectivamente, apoyado principalmente por la adopción de paquetes triple play.

En un reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Megacable refirió que la devaluación del peso contra el dólar continuó ejerciendo presión en costos durante el primer trimestre del 2009, sin embargo ha implementado medidas para optimizar sus costos y gastos, lo cual ha contribuido a aminorar el impacto del incremento de los mismos.

Su utilidad neta alcanzó 392 millones de pesos al 31 de marzo del 2009, con un margen neto de 23 por ciento.

Este rubro presenta una reducción comparado contra el primer trimestre del 2008, debido tanto a la devaluación del peso antes mencionada, la cual impactó en el resultado integral de financiamiento neto en poco más de 75 millones de pesos, refirió.

Asimismo, dijo que su deuda neta se redujo en 362 millones de pesos al primer trimestre del 2009, comparado con un año antes.

Adquirirá equipo para su expansión

También informó que con el fin de optimizar las inversiones de capital se integra un crédito con Cisco Systems Capital para la adquisición de equipo terminal y de red de telecomunicaciones, por un monto aproximado 13.5 millones de dólares en diferentes momentos de disposición, a un plazo de 36 meses con seis meses adicionales de gracia.

Claudia Juárez Escalona, El Economista, 30 de abril.

Los migrantes, potencial para aseguradoras

Ante la amplitud que ofrece el mercado de migrantes en Estados Unidos para las microfinanzas, que actualmente se contabiliza en 12,700 millones de personas, varias instituciones, tanto aseguradoras, como bancos, están apostando al lanzamiento de productos que se pueden adquirir desde México.

Esto, con el fin de proteger a los trabajadores y a las familias que reciben las remesas en el territorio nacional.

Dichos productos podrían constituir ingresos para las aseguradoras de hasta 100,000 millones de pesos anuales, es decir, un incremento de entre 5.5 y 6% en primas y contratos, según estimaciones de Luis Huerta Rosas, presidente del comité de microseguros de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis).

Dichas coberturas incluyen tanto la cobertura de vida, como la de repatriación, situación que en opinión de Gilberto Casas, director de Banorte en Zacatecas, es parte del cumplimiento de las obligaciones sociales de las aseguradoras ante la población.

“Enfatiza el nivel de responsabilidad social de estas compañías”, resaltó en conversación con El Economista.

Preparan terreno

Un ejemplo de ello es el seguro impulsado por Banorte, cuya cobertura abarca al trabajador en caso de fallecimiento, ya sea en Estados Unidos o en el camino hacia allá, y a un familiar directo, que en la mayoría de los casos es su cónyuge.

La suma asegurada va de 15,000 pesos a 50,000 pesos, y la prima anual es de 450 pesos.

La prima también se puede pagar semestralmente, con un costo de 326 pesos, únicamente se podrá adquirir en la República Mexicana en las sucursales de Banorte, los primeros contratos se están realizando en Zacatecas, estado con mayor número de migrantes en el país.

Banorte prevé cerrar el 2009 con un total de 10,000 pólizas comercializadas, para lo cual se irán estableciendo paulatinamente más sucursales autorizadas. Cabe destacar que esta cobertura protege al migrante incluso, en su trayecto hacia EU.

También está la oferta de otras firmas, como es el caso de Mapfre Tepeyac, AIG seguros, y Zurich los cuales se encuentran incluso en tratos con Pronafin, para el otorgamiento de microseguros a los migrantes, también ubicados en Estados Unidos.

Carolina Ruiz, El Economista, 30 de abril.

Descarta Cuba ofrecer gestos

LA HABANA.- El Presidente de Cuba, Raúl Castro, advirtió ayer que su país no tiene por qué hacer gestos conciliatorios a Estados Unidos y reiteró su disposición a discutir todos los temas con Washington, pero en igualdad de condiciones.

Castro inauguró la reunión ministerial del Buró de Coordinación de Países No Alineados en La Habana, donde dijo que no es Cuba la que ha impuesto sanciones contra Estados Unidos ni sus ciudadanos, por lo que no es la que debe actuar.

"No es Cuba la que impide a los empresarios de ese país hacer negocios con el nuestro, no es Cuba la que persigue las transacciones financieras realizadas por los bancos norteamericanos y, por lo tanto, no es Cuba la que tiene que hacer gestos", afirmó.

Estados Unidos mantiene un embargo económico contra la Isla desde hace 47 años.

En Washington, el Departamento de Estado reaccionó a los dichos del líder cubano.

"Estamos interesados en un diálogo con Cuba, pero pienso que la comunidad internacional quiere ver algunos pasos de La Habana para evaluar la seriedad de su Gobierno", dijo Robert Wood, portavoz de la dependencia, quien agregó que, por ahora, no hay ningún plan para levantar el embargo.

Las declaraciones de Raúl Castro llegan después de que su hermano, Fidel, afirmara en un text publicado el miércoles pasado que el Presidente estadounidense, Barack Obama, interpretó mal las afirmaciones del primero en el sentido de que Cuba está dispuesta a hablar con Washington de "todo", incluso de derechos humanos y presos políticos.

Reuters, Reforma, 30 de abril.

Reprueba HRW a justicia militar

La organización Human Rights Watch (HRW) reprobó al sistema de justicia militar de México.

En su más reciente informe, hecho público ayer, describe 17 casos de crímenes cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008.

HRW retoma las recomendaciones contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2007 y 2008, entre ellas, la detención ilegal y abuso de 36 civiles y violación de cuatro jóvenes en Michoacán y el asesinato de dos mujeres y tres niños en Sinaloa.

Si bien la Sedena ha aceptado estas recomendaciones, ningún militar ha sido sancionado.

"Algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares", señala el informe "Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad".

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, denunció que el Procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez, sólo recordó -en reunión con una delegación del organismo- el caso de un militar sentenciado por cometer violaciones de derechos humanos, en 1998.

"Las máximas autoridades de la Sedena han sido incapaces de exhibir un caso, un precedente, una sentencia, de un soldado o de un oficial que esté sirviendo hoy día, cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos que hayan sido juzgadas dentro del fuero militar.

"Esta es la mejor evidencia de que el sistema es disfuncional, no está cumpliendo con sus objetivos y en la práctica se ha transformado en un régimen que ha permitido garantizar la impunidad a favor de los militares", dijo.

El director general de HRW, Kenneth Roth, señaló que se reunieron con el Procurador General de la República, quien no mostró disposición para cambiar las cosas.

"El Procurador se limitó a decir que era trabajo de alguien más, y su argumento principal era que era competencia del Procurador estatal, pues eran crímenes estatales. Muchos de estos crímenes son federales, pues han sido cometidos por oficiales federales", acusó.

HRW cuestiona que en México, el Secretario de la Defensa ejerza poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas.

"Los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el Secretario de la Defensa los aparte de su cargo", señala.

El organismo urge a que los casos de violaciones de derechos humanos perpetradas por militares sean llevados al sistema civil de justicia penal.


Cuestión política


Kenneth Roth consideró que México cuenta con las bases legales suficientes para turnar los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares a la jurisdicción civil, pero falta voluntad política.

"Han pasado 11 años desde que ha habido una sentencia para un soldado por un crimen de derechos humanos. El sistema de justicia militar está completamente roto.

"Desde el año 2005 claramente no hay obstáculo para que las cortes civiles atraigan casos de abuso militar. El problema no es legal, es político, es una cuestión de voluntad política", aseguró.




Muestras

Algunos abusos recientes de militares, según HRW:


2007

Mayo

Detención ilegal de 36 civiles y violación de 4 jóvenes.
Municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán.


Junio

Asesinato de 2 mujeres y 3 niños y lesiones a 3 civiles.
Sinaloa de Leyva, Sinaloa.
Detención ilegal y tortura de José Fausto Gálvez.
Sonora. Frontera con EU.


Agosto

Tortura y muerte de Fausto Murillo Flores.
Naco, Sonora.



2008

Feb.

Asesinato de Sergio Meza Varela y lesiones contra José A. Barbosa.
Reynosa, Tamaulipas.



Marzo

Asesinato de 4 civiles y abuso de 4.

Badiraguato, Sinaloa.

Silvia Garduño, Reforma, 30 de abril.

Reprueban a Sedena

El sistema de justicia militar mexicano es un fracaso.

A esta conclusión llegó la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su más reciente informe, presentado ayer.

En el documento "Impunidad Uniformada: Uso Indebido de la Justicia Militar en México para Investigar Abusos Cometidos durante Operativos contra el Narcotráfico y de Seguridad", se describen 17 casos de crímenes llevados a cabo por militares contra más de 70 personas, incluidos casos de 2007 y 2008.

"Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles (Castaños, Coahuila).

"Las máximas autoridades de la Sedena han sido incapaces de exhibir un caso (...) que haya sido juzgadas en el fuero militar", expresó el director general para las Américas del organismo internacional, José Miguel Vivanco.

Silvia Garduño, Reforma, 30 de abril.

CNDH critica medidas para migrantes sin papeles

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió observaciones a las nuevas medidas que operarán en estaciones migratorias del país. En particular, manifestó su desacuerdo ante la ampliación del aseguramiento de los extranjeros indocumentados.

“Esta comisión no comparte que se prolongue el aseguramiento en términos de las fracciones segunda, tercera y octava, debido a que se deja abierta la posibilidad de que el migrante pueda permanecer asegurado por tiempo indefinido, sin que la autoridad se vea obligada a adoptar medidas para resolver dentro del marco legal su situación migratoria”, advirtió.

El documento de la CNDH fue enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el pasado 24 de abril; esta y otras observaciones de defensores de derechos humanos habían obligado al gobierno a replantear varias veces algunos de sus propósitos, delineados desde 2007.

Sin embargo, el aviso acerca de la existencia de los nuevos comentarios de la CNDH mereció sólo un enunciado en el último párrafo de un oficio enviado por la coordinadora general de la Cofemer, Martha Fabiola Carreón, a Abel Ignacio Cuevas Melo, a quien todavía se hace referencia como oficial mayor de Gobernación, pese a que dejó ese cargo el mes pasado.
En ese oficio, la Cofemer dio luz verde –tras casi dos años de análisis– para que proceda con las formalidades para la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de las nuevas reglas para las estaciones migratorias, es decir, el trámite previo a su entrada en vigor.

En la carta –recibida en la Oficialía Mayor el pasado lunes– se hacen sugerencias sobre el dictamen final del acuerdo por el que se emiten las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración; por ejemplo, la Cofemer pide a Gobernación precisar el momento en que se aplicará la revisión física a los extranjeros indocumentados alojados en alguna de las 48 estaciones del país.

También pide que se indique la ubicación exacta de los alojados y le advierte que no puede negar a representantes de indocumentados el acceso a constancias médicas.

La CNDH insistió en que algunas disposiciones deben ser garantizadas en apoyo del migrante, como el traslado seguro para su atención médica especializada.

El organismo propone que se fijen dietas especiales y otras medidas de protección a indocumentados en situación vulnerable, especialmente menores de edad, lactantes, mujeres y ancianos.

Fabiola Martínez, La Jornada, 30 de abril.

La justicia militar en México no funciona: informe de HRW

En el gobierno del presidente Felipe Calderón “las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones a los derechos humanos” en las tareas de seguridad pública, y estos aberrantes abusos persisten en la impunidad, debido a que la justicia militar no funciona, y debido a que las autoridades civiles “tienen temor y se resisten” a exigirle al Ejército plena sumisión”, sostuvieron ayer con conferencia de prensa, José Miguel Vivanco, director para las Américas, y Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rigths Watch (HRW).

Ambos directivos de la organización señalaron lo anterior al presentar el informe de 85 páginas titulado Impunidad uniformada, uso indebido de la justicia militar para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública.

En ese informe, HRW hace un severo cuestionamiento al papel de la justicia militar, de la que cual dice “no funciona, está rota, es poco transparente y ni el procurador militar ni las autoridades de la Defensa Nacional pudieron documentarnos un solo caso en que los militares acusados de cometer desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias hayan sido procesados y sentenciados”.

Ningún militar procesado

En tono escéptico Vivanco y Roth expusieron: “a pesar de que a HRW le dijeron que había muchos casos de militares procesados por graves violaciones a derechos humanos, cometidas en operativos contra el narcotráfico y tareas de seguridad pública, cuando les pedimos nombres, no dieron uno solo. Al contrario, nos dijeron que en los pasados 11 años, únicamente ha sido procesado y juzgado un militar. Esto es decepcionante”.

Vivanco y Roth sostuvieron que el Ejército no está preparado ni educado para realizar las tareas de seguridad pública, para eso está la policía, sin embargo, precisaron que no cuestionaban la decisión del presidente Calderón de usar al Ejército para esas tareas, lo que criticaron es que “no estén supervisados por la autoridad civil”.

HRW sostuvo que para acabar con la impunidad persistente, en este y en los gobiernos anteriores, se requiere voluntad política, por lo que demandaron del titular del Ejecutivo “que no evada la realidad; en este informe hay 17 casos documentados de graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares, y reconocidas por ellos, ya que en todos hay recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Son por violaciones sexuales, desaparición, ejecuciones, detenciones arbitrarias cometidas por militares contra la población civil en 2007 y 2008, como resultado de los operativos de combate al narcotráfico; que no evada más la realidad y que actúe”.

Le recomendaron a Calderón enviar al Congreso una reforma al fuero militar en el artículo 57, en la que al menos establezca expresamente que en los casos de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas contra la población civil, incluidas desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales, no pueden ser juzgados por la justicia militar y deben ser remitidos inmediatamente a los agentes del Ministerio Público locales o federales.

HRW sostuvo que “dado que el sistema de justicia militar no está sancionando a los responsables, es crucial que estos casos sean trasladados al sistema de justicia civil, para frenar los abusos aberrantes y contrarios a los principios que deben cumplir las fuerzas armadas en los operativos de seguridad: aplicar la ley y proteger a la población”.

Hay renuencia de la autoridad civil, “resistencias y temor” a juzgar a los militares, sostuvieron Roth y Vivanco. No hay otra explicación. Ejemplificaron que “fue decepcionante la entrevista con el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien se dedicó a responsabilizar a los procuradores de los estados, dijo que los delitos eran locales o estatales, y dejó en claro que él no está dispuesto a dar el cambio, es decir, a procesar en la justicia civil a los militares”.

Del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con quien también se entrevistaron, dijeron que “primero se resistió a hablar del tema, pero ante la evidencia del informe, dijo que lo iba a analizar y si procedía recomendaría al gobierno algunas acciones. Pero notamos resistencia también en él”.

Víctor Ballinas, La Jornada, 30 de abril.

Confirma Raúl Castro que está dispuesto a hablar de todo con Estados Unidos

La Habana, 29 de abril. El presidente Raúl Castro confirmó hoy que está dispuesto a hablar de todo con Estados Unidos, sobre temas de ambos países, pero no a negociar los asuntos internos ni el sistema político de la isla y subrayó que no es Cuba quien tiene que hacer gestos.

Aunque esa posición cubana ha sido la misma durante décadas, el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton han interpretado que La Habana está dispuesta a ventilar su situación interna.

Hemos reiterado que estamos dispuestos a hablar de todo con el gobierno de Estados Unidos, en igualdad de condiciones, pero no a negociar nuestra soberanía ni nuestro sistema político y social, el derecho a la autodeterminación, ni nuestros asuntos internos, dijo Castro.

El líder cubano habló el miércoles al Buró de Coordinación del Movimiento de Países no Alineados, que sesiona aquí esta semana.

Apartándose del texto, Castro recordó que ya había expuesto su posición en Venezuela hace dos semanas: Discutirlo todo, todo, todo, lo nuestro, pero también lo de ellos, en igualdad de condiciones.

En Venezuela Castro dijo que esa posición ya la habían transmitido en público y en privado a Estados Unidos, y que incluye la discusión de derechos humanos, libertad de prensa, presos políticos.

Cuba tuvo en la década pasada un panel de debate sobre derechos humanos con Canadá, que se interrumpió por el encarcelamiento en la isla de cuatro opositores y ahora tiene un mecanismo similar con España.

La Cumbre de las Américas, de Trinidad y Tobago, fue hace dos semanas un punto culminante de la ofensiva diplomática que ha llevado a La Habana a restablecer relaciones con América Latina, casi cinco décadas después de su aislamiento político en la región y a poner el cese del bloqueo económico como un punto central de la agenda hemisférica.
La tormenta retórica que se disparó con la Cumbre ha dejado a los protagonistas atrincherados en un dilema, en el que ambos exhiben demandas irresolubles a corto plazo: Estados Unidos pide a la isla decisiones de política interna, como la liberación de opositores presos, mientras La Habana le reclama a Washington el cese del bloqueo.

Castro volvió hoy al punto, al aludir a la decisión de Obama de liberar las remesas y los viajes a la isla de los cubanos que viven en Estados Unidos, como medidas positivas, pero de alcance mínimo, mientras que el bloqueo quedó intacto.

No hay pretexto político ni moral que justifique la continuidad de esa política, dijo el presidente, y por lo tanto no es Cuba la que tiene que hacer gestos.

Debajo del duelo de declaraciones, un puñado de hechos marca una diferencia con la época de George W. Bush, cuando las tensiones entre los dos países se extremaron: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene la orden presidencial de expedir las regulaciones para los viajes de los cubanos, las remesas y las licencias para la operación comercial de las empresas de telecomunicaciones de ese país en Cuba; el Departamento de Estado hizo públicos sus contactos periódicos con la Sección de Intereses de Cuba en Washington y la Cámara de Representantes y el Senado tramitan sendas iniciativas para liberar los viajes de los estadunidenses a Cuba.

Clinton dijo la semana pasada a un comité congresional que Obama no puede levantar el bloqueo, que está concentrado en una ley, pero si el Congreso lo decide, obviamente el gobierno lo acatará. Así anunció que ha desaparecido la amenaza de Bush de vetar cualquier relajamiento de la política hacia la isla.

Gerardo Arreola, La Jornada, 30 de abril.

Cuba anuncia suspensión indefinida del tráfico aéreo de México hacia la isla

La Habana, 29 de abril. La suspensión de vuelos desde México hacia Cuba, a causa de la gripe porcina, será indefinida y entró en vigor la medianoche de este miércoles, pero las aerolíneas podrán recoger pasajeros en la isla para hacer el recorrido inverso, indicó un informe oficial que corrigió los difundidos en la víspera.

El viceministro de Salud Pública, Luis Estruch, dijo a la televisión local que no hay confirmación de casos de gripe porcina en Cuba, pero sí algunos en los que “se está trabajando”.

El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) precisó hoy que los vuelos regulares y charters entre la isla y México quedarán suspendidos “temporalmente”, a partir de las 24:00 horas del 29 de abril y se restablecerán “una vez que cesen las causas que han motivado tales decisiones”.

El organismo explicó su decisión por el estado de “alerta”, declarado por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (DC) y las indicaciones de control sanitario del Ministerio de Salud Pública (Minsap), debido a la epidemia de gripe porcina.

Sin embargo, el IACC anunció también que se permitirá a las líneas aéreas “realizar vuelos en interés de recoger sus pasajeros en Cuba con destino a México”.

La televisión estatal difundió el miércoles sendos comunicados del titular del Minsap, José Ramón Balaguer, y del jefe del Estado Mayor Nacional de la DC, Ramón Pardo, según los cuales la suspensión temporal sería “en las próximas 48 horas” y afectaba a los vuelos “hacia y desde Cuba a México”, salvo “casos excepcionales”.
El diario oficial Granma publicó hoy una nueva versión de la orden de Pardo, en la que ya no aparecen las preposiciones “hacia y desde”, que implicaban la parálisis inmediata y total del tráfico aéreo.

Las precisiones en este caso eran decisivas para esclarecer la situación de los viajeros que llegaron recientemente a Cuba y quieren volver a México.

Como estaba previsto, los vuelos de las dos aerolíneas que tienen rutas regulares entre ambos países operaron el miércoles sin contratiempos.

El gerente de Mexicana de Aviación en La Habana, Raúl Álvarez, informó a La Jornada que el jueves 30 saldrá en su horario habitual de la mañana el primer vuelo de su filial Click a Cancún, y que la empresa estaba estudiando la forma en la que trabajará después, para sacar a sus pasajeros que aún permanecen en la isla.

Un empleado de la oficina de reservaciones de Cubana de Aviación informó que la línea tendrá un vuelo a la ciudad de México el jueves 30, suspenderá operaciones el viernes 1º y el sábado 2 y volverá a salir al Distrito Federal el lunes 3 y el martes 4.

Ninguna de las dos aerolíneas traerá pasajeros de México a Cuba, de acuerdo con las disposiciones oficiales, por lo que habrá naves que volarán desde territorio mexicano a La Habana sólo con la tripulación a bordo.

La aeronáutica civil llama ferry a los vuelos en los que al menos una parte del trayecto se realiza sin pasajeros y ocurren generalmente por necesidades de mantenimiento.

Gerardo Arreola, La Jornada, 30 de abril.

Comprados o amenazados 62% de los funcionarios municipales del país

Los cárteles de la droga, bandas de secuestradores y otro tipo de organizaciones delictivas que operan en México tienen vínculos con funcionarios locales en alrededor de 62 por ciento de los 2 mil 438 municipios que hay en el país, ya que mantienen amedrentados o han logrado cooptar desde comandantes policiacos, jefes de la policía municipal y secretarios de Seguridad Pública hasta alcaldes de algún ayuntamiento, según consta en estimaciones hechas por autoridades gubernamentales.

Los municipios más afectados por el fenómeno de la corrupción de servidores públicos que reciben sobornos o amenazas de parte del crimen organizado están ubicados en estados del norte del país que hacen frontera con Estados Unidos, así como en algunas regiones de occidente, centro y sur mexicanas, precisan estos documentos.

Estos informes de inteligencia a los que ayer tuvo acceso La Jornada fueron elaborados en los pasados cuatro meses por autoridades civiles y militares, mediante datos aportados por dependencias del gobierno federal y por diversas procuradurías y secretarías de Seguridad Pública estatales.

Por ejemplo, hay registros documentados de la existencia de “muy posibles vínculos” entre el narco y funcionarios –el informe no menciona nombres ni hace referencia a partidos políticos– de municipios fronterizos como Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales y Agua Prieta, Sonora; Anáhuac y Mier, Nuevo León, además de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Otros ayuntamientos donde miembros del crimen organizado regularmente soborna y amenaza a autoridades locales son, entre otros, Arteaga, Monclova y Piedras Negras, Coahuila; Badiraguato, Angostura, Navolato y Mocorito, Sinaloa; Gómez Palacio, Guanaceví y San Bernardo, Durango; Uruapan, Apatzingán, Aguililla, Arteaga, Tepalcatepec, La Piedad y Lázaro Cárdenas, Michoacán; Jalpan de Serra, Querétaro y Pedro Escobedo, Querétaro, así como Ixtapan de la Sal y Coacalco, en el estado de México.
Presencia de Los Zetas, La Familia y los cárteles de Sinaloa y Juárez

Asimismo, en municipios del sur del país como Arcelia, Acapulco, Petatlán e Iguala, Guerrero; Cárdenas y Comalcalco, Tabasco y Benito Juárez, en Quintana Roo, los narcos han logrado consolidar una red de vínculos con servidores públicos, hecho que les ha permitido operar el trasiego y venta al menudeo de drogas, así como extorsionar a autoridades, empresarios y ciudadanos.

Las sumas que reciben mensualmente los funcionarios locales que han logrado ser cooptados van de los 5 mil hasta 70 mil pesos, cantidad que depende del rango, el sector o la zona en que cada uno labora.

Los grupos criminales que más penetración han tenido en las esferas de poder municipales son el cártel del Golfo por medio de Los Zetas; el de Sinaloa o del Pacífico, La Familia Michoacana y el cártel de Juárez.

La prestigiosa Economist Intelligence United (EIU) citó una declaración del alcalde Sergio Arredondo Olvera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), en un reporte titulado “El narco contra alcaldes”, publicado el martes pasado por este diario.

Arredondo dijo, según EIU, que lo que la delincuencia exige a los ediles mexicanos es que “no vean nada. Los munícipes están entre la espada y la pared… Luchan contra un enemigo mucho mejor equipado, con mejor financiamiento”.

En suma, las estimaciones de inteligencia gubernamental consideran que “el índice de corrupción ligada al crimen organizado de agentes policiacos, comandantes municipales, secretarios de Seguridad Pública (locales), y de algunos alcaldes de los 2 mil 438 municipios existentes en el país, es de mil 505 ayuntamientos (…) Se logró documentar que en ese número de municipios se tiene algún tipo de vínculo entre funcionarios y las diversas bandas delictivas que operan en el país”.

Alfredo Méndez, La Jornada, 30 de abril.

Partidos hacen oficial suspensión de actos masivos de proselitismo

Los partidos del Trabajo (PT), Convergencia y de la Revolución Democrática (PRD) oficializaron la suspensión de actos masivos de campañas electorales. Los dos primeros, como coalición Salvemos a México, y el tercero por separado, acordaron reforzar la propaganda en medios de comunicación.

Frente a esto, a los candidatos perredistas se les invitó a hacer campaña puerta por puerta, pero acatando las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de influenza porcina.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, en tanto, envió una carta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y a los presidentes nacional de PAN, PT, PVEM, Convergencia, PSD y Nueva Alianza, exhortándolos a reunirse de manera urgente para abordar lo relativo a las campañas políticas.

El perredista consideró indispensable asumir en conjunto “decisiones oportunas que permitan que las elecciones (del 5 de julio próximo) se desarrollen de manera adecuada, aun si tuviéramos que revisar el calendario”.
Por su lado, el presidente nacional de Convergencia, Luis Maldonado, dijo que con independencia de la reunión de hoy en el Instituto Federal Electoral (IFE), su partido insistirá en que se respete la fecha legal para el inicio de las campañas.

La perredista Dolores Padierna informó que en el PRD no habrá actos iniciales hasta que pase la contingencia sanitaria y que, en cambio, a los candidatos del partido se les pidió organizar los cierres correspondiente.

Mientras, en el PAN se informó de la cancelación de todas las actividades masivas y concentraciones partidistas. La medida se aplicará hasta nuevo aviso. Por lo pronto, el blanquiazul promueve en el IFE la modificación del calendario electoral, que prevé el inicio de campañas el 3 de mayo.

Alma Muñoz y Georgina Saldierna, La Jornada, 30 de abril.

Prepara el IFE “protocolo sanitario” para campañas

Ante el próximo inicio de las campañas electorales y la epidemia de influenza porcina en el país, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, informó que se prepara “un protocolo sanitario” para ser aplicable a las campañas de los partidos políticos.

Valdés insistió en la pertinencia de que éstos y sus candidatos no realicen mítines ni concentraciones que pongan en riesgo la salud de la población, lo cual, recordó, está siendo considerado por las dirigencias partidistas.

Advirtió que el IFE “está trabajando sobre diversos escenarios. Estamos preparados, afirmó, para cualquier eventualidad en el sentido de tener que redefinir los plazos del proceso electoral”. Habló también sobre el trabajo de los capacitadores del IFE y las medidas de precaución que deben adoptarse; “el instituto está preocupado por no contribuir a que la epidemia se propague entre nuestro personal que está trabajando en el campo”, dijo.

La epidemia de influenza, expresó, no sólo condicionó las formas de la sesión, sino también buena parte del fondo de las discusiones relativas al esquema de arranque de las campañas, los tiempos oficiales cedidos por el IFE para difundir mensajes de emergencia e incluso las medidas sobre capacitación electoral.

Partidos políticos

A su vez, los partidos hablaron de no politizar el tema; sin embargo, fue lo primero en que todos incurrieron. En principio, el perredista, Rafael Hernández se refirió a la suspensión de mítines de su partido, incluida la celebración por el aniversario del PRD el 5 de mayo, e insistió en la propuesta presentada la víspera para convocar a una reunión urgente, donde estuvieran incluidas las secretarías de Gobernación y de Salud.

De inmediato el priísta Sebastián Lerdo de Tejada casi dio por inviable dicha reunión, si no se contaba con una información de la autoridad de salud que aludiera a cambios sustanciales. “Convocar a reuniones sin la sustancia técnica aportada por las áreas facultadas constitucional y legalmente para ello sería una reunión política y no técnica”, dijo.
Afirmó estar dispuesto al diálogo y a alcanzar acuerdos, pero “atendiendo recomendaciones técnicas en función de lo que las autoridades sanitarias difundan. Le toca al gobierno federal (decir) qué se puede y qué no se puede hacer desde el punto de vista de la movilidad ciudadana. Evidentemente, los virus no tienen ideología ni preferencia partidaria, por lo que no habrá ninguna promoción que vaya en contrasentido de las recomendaciones sanitarias”.

Las afirmaciones priístas fueron reprochadas por el panista Roberto Gil, quien aseveró que la medida decretada por la autoridad sanitaria “no es de cumplimiento potestativo de los partidos o ciudadanos. Es una emergencia que ha sido explicada y declarada por lo que la responsabilidad de los partidos no es de comprometerse u ofrecer su cumplimiento. Hay una obligación no solamente como ciudadanos, sino también como responsables públicos de la vida colectiva de atender irrestrictamente dichas medidas”.

Dijo que sería un contrasentido que mientras la vida cotidiana de la sociedad ha sido trastocada por la epidemia, “los partidos hagamos como si nada estuviera pasando; que si está limitada la actividad educativa y económica, los institutos políticos vayamos a campaña como si nada estuviera pasando. No estamos frente a una concesión de los partidos, ante una autolimitación de éstos, sino a una obligación política, jurídica y ética”.

Durante la sesión se ratificó la designación de Alfredo Cristalinas como responsable de la unidad de fiscalización, cuyo nombramiento había sido revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por no haberse corroborado la experiencia necesaria requerida por ley.

También se designó a Rosa María Cano Mendoza directora jurídica, en sustitución de Rolando De Lassé.

Alonso Urrutia, La Jornada, 30 de abril.

La Habana no es la que debe hacer gestos a EU: Raúl Castro

Cuba “no es la que tiene que hacer gestos” para normalizar las relaciones con Estados Unidos, afirmó ayer el presidente Raúl Castro, subrayando así la complejidad de cualquier aproximación entre los dos gobiernos, que desde hace 16 días sostienen conversaciones informales y discretas en Washington.

En un discurso ante representantes de 140 países No Alineados reunidos aquí, el mandatario reafirmó además su disposición a “hablar de todo con el gobierno” del presidente Obama, “pero no a negociar nuestra soberanía, ni nuestro sistema político (…) ni nuestros asuntos internos. Y si quieren discutir todo eso” vamos a “discutirlo todo, todo, todo; lo nuestro, pero también lo de ellos”, puntualizó. Antes dijo que “Cuba no ha impuesto sanción alguna contra EU”, ni tiene “una base militar en ese país contra la voluntad de su pueblo”. Además , calificó de “positivas” las disposiciones de Obama para viajes y remesas.

Manuel Juan Somoza en La Habana, Milenio, 30 de abril.

Exigen presencia de Piedad Córdoba para liberar a Moncayo

La guerrilla de las FARC reiteró, a través de una carta, la condición de que la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba esté presente en la liberación del soldado Pablo Emilio Moncayo, en su poder desde hace 11 años, y cuestionó el posible apoyo de Brasil a esa operación.

“Para su materialización, consideramos indispensable la presencia de CPP (Colombianas y Colombianos por la Paz, ONG) encabezada por la senadora Piedad Córdoba, como garantía de transparencia en los operativos, así como del profesor Gustavo Moncayo (padre del rehén)”, puntualizó el texto.

El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se produce luego de que el fin de semana pasado, el presidente del país, Álvaro Uribe, rechazó la presencia de políticos en la liberación, anunciada por los guerrilleros el 16 de abril.

La carta de las FARC, fechada el pasado domingo y dirigida a Córdoba, añadió que la voluntad del gobierno, “si es sincera, debe plasmarse en decisiones y desarrollarse sin ambigüedades y con seriedad”.

El grupo dijo además que no tiene “objeciones” a la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Iglesia católica en la entrega del uniformado, pero la consideran “insuficiente”, precisa la misiva divulgada por la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP).

El pasado sábado, en un acto público, Uribe dijo que “la única institución autorizada para avanzar en ese proceso es la Cruz Roja Internacional, que se puede ayudar, si a bien lo tiene, de la Iglesia católica”.

Las FARC, la guerrilla más antigua y militarmente poderosa del país, tienen con Moncayo a otros 21 uniformados que propone canjear por unos 500 de sus militantes en prisión, tres de ellos en EU.

Al respecto, el grupo insurgente señaló que la liberación unilateral de Moncayo posibilitaría allanar “el camino por alcanzar acuerdos humanitarios que permitan la liberación de los prisioneros de las dos partes, y, luego, en paso posterior, avanzar en el objetivo de excluir a la población civil de la confrontación”.

Pese a la advertencia de Uribe, la senadora del opositor partido Liberal (socialdemócrata) viajó a Brasil para buscar el apoyo logístico de ese país a fin de recibir al suboficial, tal como lo hizo en febrero pasado cuando las FARC entregaron a Córdoba a cuatro uniformados y los dos últimos rehenes civiles del llamado grupo de canjeables.

En tal sentido, las FARC comentaron que “creemos pertinente (...) analizar si los pactos militares firmados en días pasado por los gobiernos de Brasil y Colombia pudiesen interferir de alguna manera y si, llegado el caso, fuese necesario tocar otras puertas”.

AFP en Bogotá, Milenio, 30 de abril.

Van PRI-Panal en alianza por la gubernatura de Querétaro

En medio de una manifestación de integrantes del SNTE sección 24, el Consejo General del Instituto Electoral local aprobó la coalición PRI-Panal por el cargo a gobernador y algunas presidencias municipales.

Horas después de que fueron plantados por el panista Armando Rivera para la alcaldía capitalina, ambos partidos políticos llegaron con porra para concentrarse en la sede del IEQ.

Unos 300 docentes se dieron cita en las instalaciones del organismo electoral, quienes, a pesar de la alerta epidemiológica, abarrotaron la sala de sesiones del consejo general.

Luego de aprobada la coalición Juntos para Creer, el dirigente estatal de Nueva Alianza, Alejandro Cayetano Gómez, se dirigió a los docentes y les recalcó que el compromiso de la coalición era con ellos.

“Es con los queretanos, pero el compromiso más fuerte es con quienes se encuentran en la áreas marginadas y olvidadas por este gobierno y que tienen necesidades prioritarias, como agua, luz transporte y servicios médicos”, dijo.

Acompañado por el dirigente priista, Hiram Rubio, señaló: “Hay dos Querétaros, uno el que nos venden a todo el país y que sólo conocen los turistas y el que se encuentra en desventaja, lleno de necesidades y que está en el abandono; por eso la necesidad de concretar esta coalición”, explicó.

Con votación unánime, el Consejo General del IEQ aprobó la coalición parcial; cumplió con los requisitos que estipula la ley electoral de Querétaro, que prevé lanzar candidatura común para la gubernatura, los municipios de Tequisquiapan, Amealco, San Juan del Río, así como los distritos locales II y X.

Estrella Álvarez en Querétaro, Milenio, 30 de abril.

HRW: México, sin voluntad para juzgar a sus militares

Human Rights Watch (HRW) consideró que el gobierno mexicano “no tiene voluntad política, sino temor y miedo” para que sean investigados y sancionados los militares que cometen violaciones a los derechos humanos, y exhortó a las autoridades del país a “acabar con la impunidad” para que no se vea socavado el estado de derecho.

En su informe titulado “Impunidad uniformada” se destaca que en 11 años sólo se ha castigado a un militar. Sostuvo que actualmente hay 34 procesados, pero no detenidos por actos violatorios.

El director ejecutivo del organismo, Keneth Roth, destacó la necesidad de no aplicar el fuero militar a elementos que violan derechos humanos de civiles y que éstos sean juzgados en tribunales civiles

El documento analiza 17 casos presentados ante la CNDH, organismo que ha documentado una triplicación de las quejas contra militares en los últimos dos años, justamente cuando el Ejército salió a las calles para realizar tareas policiacas.

Las violaciones en las que incurren los militares, añadió, son asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias; sin embargo, aseguró Toth, “ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal”.

El organismo añadió que sólo hay un caso documentado de un militar sancionado, aunque eso ocurrió hace 11 años. “El sistema de justicia militar está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos contra civiles.”

Ante de hacer público el documento, los representantes de HRW se reunieron con autoridades federales, a quienes se les entregó el informe. Al respecto, José Miguel Vivanco, representante del organismo en México, señaló estar “muy decepcionado”, porque los funcionario sólo tuvieron “excusas” para no dar a conocer los avances en la materia.

Detalló que la Sedena ofreció información sobre los casos analizados, pero no se entregó ni se estableció algún acuerdo.

Sobre el encuentro con el procurador Eduardo Medina Mora, Vivanco sostuvo que trató de evadir su responsabilidad. En tanto, dijo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se comprometió a realizar un monitoreo sobre el caso.

Respuesta oficial

El gobierno federal ofreció “analizar con detenimiento” el informe de Human Rights Watch y formular las observaciones pertinentes. Sin embargo, reiteró que “ha mantenido un claro compromiso con la promoción y respeto de los derechos humanos”.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que las autoridades han demostrado su “plena voluntad para fortalecer el estado de derecho y sancionar las violaciones que pudiera cometer cualquier funcionario en el ejercicio de sus funciones”.

Reiteró que las resoluciones de los tribunales militares pueden ser “recurridas” ante la justicia civil mediante el juicio de amparo. “Es práctica habitual de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito conocer de demandas de amparo en las que interviene como parte dicho tribunal militar.

“El gobierno federal reconoce la indispensable labor realizada por las fuerzas armadas en el combate al crimen y a la delincuencia organizada. De igual modo, reconoce también los problemas que esta intervención genera en el contacto con la ciudadanía, por lo que se han adoptado medidas para prevenirlos.”

Asimismo, refiere que la Sedena ha aceptado todas las recomendaciones de la CNDH sobre la actuación del Ejército.

Eugenia Jiménez, Milenio, 30 de abril.

Uribe solicita ayuda a Chávez

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pidió ayer ayuda a su par de Venezuela, Hugo Chávez para capturar “a terroristas de las FARC” que mataron a ocho militares colombianos en una zona montañosa de la frontera con Venezuela. El choque tuvo lugar en la región del Perijá y, según testigos, los rebeldes huyeron a suelo venezolano.

EFE, El Universal, 30 de abril.

Cuba no debe hacer gesto: Raúl Castro

LA HABANA (DPA y EFE).— El presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmó ayer que su país no tiene que hacer “gestos” a Estados Unidos y calificó de “mínimas” las medidas del mandatario Barack Obama hacia la isla.

“Cuba no ha impuesto sanción alguna contra Estados Unidos ni contra sus ciudadanos. No es Cuba la que tiene que hacer gestos”, dijo el también general de cuatro estrellas en el discurso inaugural de una reunión de dos días del Movimiento de Países No Alineados (NOAL).

“No es Cuba la que impide a los empresarios de ese país hacer negocios con el nuestro, no es Cuba la que persigue las transacciones financieras realizadas por los bancos estadounidenses, no es Cuba la que tiene una base militar en territorio de Estados Unidos contra la voluntad de su pueblo”, señaló.

Aunque reiteró su oferta de diálogo en “igualdad de condiciones” y calificó de “positivas” las medidas aprobadas por Obama el 13 de abril, que eliminaron las restricciones a los viajes de cubano-estadonidenses y al envío de remesas a la mayor de las Antillas, las consideró de “alcance mínimo”.

Para Raúl Castro, “el bloqueo quedó intacto, no hay pretexto político ni moral que justifique la continuidad de esa política”.

Reafirmó su disposición a discutir “todo, incluyendo expresamente el tema de derechos humanos y presos políticos”, como aseguró el 16 de abril pasado en una reunión con otros países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) en Venezuela, antes de la Cumbre de las Américas en Puerto España, en Trinidad y Tobago.

“Hemos reiterado que estamos dispuestos a hablar de todo con Estados Unidos, en igualdad de condiciones, pero no a negociar soberanía ni nuestro sistema político y social, el derecho a la autodeterminación ni nuestros asuntos internos”, subrayó.

Mientras tanto, en Washington, el secretario de Estado adjunto para Latinoamérica, Thomas Shannon, afirmó ayer que EU sostiene regularmente reuniones con representantes de la Sección de Intereses de Cuba en Washington y que “continuará” manteniéndolas.

Shannon no quiso profundizar en las dos reuniones que mantuvo el 13 y el 27 de abril con el titular de la Sección de Intereses de Cuba, Jorge Bolaños, ni entrar en los detalles de su conversación.

El lunes, Estados Unidos admitió que celebra reuniones informales con representantes cubanos en Washington.

DPA y EFE, El Universal, 30 de abril.

Human Rights condena la “impunidad” militar

La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) se dijo “profundamente desilusionada” ante el incremento de los abusos cometidos por el Ejército mexicano contra civiles y lamentó la poca disposición del gobierno federal, sobre todo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Procuraduría General de la República (PGR), para castigar a los responsables.

Dijo que en el marco de los operativos contra el crimen organizado, el Ejército ha cometido “abusos aberrantes” como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias, sin que hasta la fecha ningún efectivo militar esté sujeto a proceso judicial.

Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, explicó que esa situación se debe a que las violaciones a los derechos humanos son remitidas y juzgadas por tribunales militares y éstos carecen de eficacia y transparencia para garantizar la justicia que reclaman las víctimas.

Ayer, Human Rights Watch presentó el informe Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública.

Esta organización documentó 17 casos de “graves abusos” cometidos por militares contra 70 civiles entre 2007 y 2008.

Roth señaló que falta voluntad política para resolver esta situación, por lo que llamó al presidente Felipe Calderón para que garantice que los abusos graves de militares contra civiles sean investigados y juzgados por autoridades civiles y no castrenses.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, señaló que hay poca disposición en la PGR para defender el fuero civil “a pesar de que se trata de violaciones a los derechos humanos y de que saben que el fuero militar no funciona”.

Indicó que esta situación implica además un debilitamiento del estado de derecho que atenta contra el objetivo de terminar con la violencia del narcotráfico.

Aclaró que HRW no tiene objeción en que el Ejército participe en labores de seguridad pública, “pero lo debe hacer con apego a los derechos humanos y si cometen abusos deben ser juzgados y castigados por tribunales civiles”.

Se documenta un caso ocurrido en mayo de 2007 en Michoacán, señala el informe, cuando en una emboscada los soldados detuvieron a 36 personas, cuatro de ellas mujeres menores de 18 años.

Los detenidos fueron retenidos en la 21 zona militar por 84 horas y sujetos a tortura; las mujeres fueron violadas y obligadas a detallar de su supuesto nexo con grupos armados y de narcos.

Al respecto, la Sedena informó a los expertos de HRW que aún investigan las “lesiones y los presuntos actos de tortura”.

Otro caso documentado por HRW se ubica el 3 de agosto de 2007 en Sonora. Algunos soldados detuvieron a tres hombres, pero sólo presentaron a dos ante el Ministerio Público acusados de portación ilegal de armas. El tercero fue hallado muerto al día siguiente a un costado de una carretera de la entidad. El cadáver tenía huellas de tortura.

La Sedena aseguró que falleció por problemas de salud, pero no dijo por qué su cuerpo apareció en una carretera y meses después indemnizó a los familiares.

Liliana Alcántara y Noemí Gutiérrez, El Universal, 30 de abril.

IFE prepara protocolo sanitario para las campañas

El Instituto Federal Electoral (IFE) reveló que prepara un protocolo sanitario para el desarrollo de las campañas políticas y sostuvo que está listo para, de forma eventual, modificar los plazos legales en torno al proceso electoral federal en curso.

Las ocho fuerzas políticas del país cerraron filas en torno a las acciones emprendidas para enfrentar la emergencia por la epidemia de influenza porcina y demandaron no lucrar electoralmente en detrimento de la salud de los mexicanos; cada cual matizó.



El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, indicó que con base en información de la Secretaría de Salud podría convocar una reunión del IFE con los líderes de partidos y los secretarios de Gobernación y de Salud para analizar la coyuntura nacional.



El IFE y los partidos políticos llamaron a mantener la serenidad y abstenerse de convocar a mítines o a concentraciones.

Durante la sesión pública de ayer, que se desarrolló entre estrictas medidas de seguridad e higiene, Valdés subrayó que el IFE obsequiará todas las solicitudes de tiempos en radio y televisión que han presentado las autoridades sanitarias, para que tengan cobertura nacional.



Rafael Hernández Estrada, representante del PRD ante el IFE, insistió en que es necesaria una reunión de alto nivel “para condensar medidas que tienen que ver con la elección”.



El representante del PRI, Sebastian Lerdo de Tejada, puntualizó que la epidemia no debe ser pretexto para mezquindades políticas. El representante del PAN, Roberto Gil, dijo que el cumplimiento de las medidas no es de cumplimiento potestativo de los partidos o de los ciudadanos.

Francisco Reséndiz, El Universal, 30 de abril.

Ampara juez a indígenas acusados de matar a informante del Ejército

El Juzgado Octavo de Distrito con sede en Acapulco concedió un amparo a otros cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), que son señalados como presuntos responsables del homicidio de un informante del Ejército, ocurrido en enero del 2008.

A principios de este año, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez –ex presidente de la OPIM–, Braulio Manzanares Lorenzo –hermano del ex preso de El Camalote Orlando Manzanares Lorenzo–, José Eugenio Cruz, Félix Ortega Dolores y Merced Santiago Lorenzo solicitaron la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión que les dictó el juez de primera instancia radicado en Ayutla de los Libres, Jesús Sánchez Sánchez.

El amparo fue tramitado ante la jueza octava de Distrito, Libia Lizbeth Larumbe Radilla, quien el pasado 21 de abril emitió su fallo a favor de los cinco defensores de derechos humanos, resolviendo que no existen elementos de prueba que corroboren su participación, ya sea como autores materiales o intelectuales en el crimen de Alejandro Feliciano García. Con esta resolución queda sin efecto la orden de aprehensión librada en contra de los cinco integrantes de la organización Me’phaa.

Esta es la segunda ocasión en que la juez octava de Distrito ampara a miembros de la OPIM, pues en octubre del año pasado otorgó un primer amparo a cuatro de los cinco indígenas me’phaa que estaban recluidos en el penal de Ayutla y que fueron adoptados por Amnistía Internacional como presos de conciencia.

El Centro de Derechos Humanos de Tlachinolla informó que en esa ocasión los indígenas encarcelados no fueron liberados de inmediato porque la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, aun cuando no contaba con elementos jurídicos para ello; su único objetivo fue postergar la detención de los cuatro defensores de derechos humanos. Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la resolución de la juez octava de Distrito y el día 19 de marzo del año en curso se ordenó la inmediata libertad de los cuatro presos de conciencia.

La nueva resolución de la juez octava de Distrito Libia Lizbeth Larumbe Radilla corrobora que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fabricó un expediente y el Poder Judicial, apartándose de los principios de imparcialidad e independencia, dictó una orden de aprensión que era ilegal y contenía vicios de origen, contra los defensores de derechos humanos de la OPIM.

Horacio Ramos en Acapulco, Crónica, 30 de abril.

Responde México: ningún servidor público goza de impunidad

El gobierno federal aseguró ayer que “ningún servidor público, incluidos aquellos que forman parte de las fuerzas armadas, goza de impunidad” en México, y advirtió que es indispensable la labor que realiza el Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado y la delincuencia organizada.

Lo anterior fue en respuesta al organismo internacional Human Rights Watch (HRW), que en un informe presentado ayer afirmó que “el sistema de justicia militar (en México) es deficiente debido a que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército quedan impunes”.

A través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno mexicano aseguró que “la Constitución y las leyes contienen normas de observancia obligatoria para las autoridades tanto civiles como castrenses”.

Por ello, insistió, ningún servidor público, ni adscrito a las fuerzas militares “goza de impunidad”.

Sostuvo que, además, las resoluciones del Tribunal Militar pueden ser recurridas ante la justicia civil, mediante el juicio de amparo.

“Es práctica habitual de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito conocer de demandas de amparo en las que interviene como parte dicho tribunal militar”, puntualizó.

Sin embargo, la dependencia dijo que el gobierno federal “analizará con detenimiento el informe de Human Rights Watch y formulará las consideraciones pertinentes en su momento”.

Reiteró, no obstante, que México ha mantenido un claro compromiso con la promoción y el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos, y ha demostrado su plena voluntad para fortalecer el Estado de derecho y sancionar las violaciones que pudiera cometer en ejercicio de sus funciones.

La Secretaría de Gobernación señaló al respecto que el gobierno federal reconoce “la indispensable labor realizada por nuestras fuerzas armadas en el combate al crimen y a la delincuencia organizada; de igual forma, reconoce los problemas que esta intervención genera, en el contacto con la ciudadanía, por lo que se han adoptado medidas para prevenirlos”.

Resaltó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado todas las recomendaciones que la CNDH ha formulado con motivo de la actuación de personal del Ejército en tareas de seguridad pública.

Luciano Franco, Crónica, 30 de abril.

Soldados han cometido graves abusos contra más de 80 víctimas, acusa HRW

Militares mexicanos asesinaron presuntamente al menos a 12 civiles desarmados en los últimos dos años, violaron a unas 20 mujeres y detuvieron ilegalmente y torturaron a otras 50 personas, aseguró ayer la organización Human Rights watch (HRW).

En el informe “Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, el organismo con sede en Nueva York describe 17 casos de graves abusos militares con más de 80 víctimas.

El documento presentado hoy en México precisa que en todos esos casos, registrados en operativos contra el crimen organizado, los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad.

El único caso en que se condenó a cuatro soldados fue un proceso desarrollado por autoridades civiles.

HRW señala que en 12 casos de presuntos asesinatos los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que éstos no acataron la orden de detener sus vehículos.

El 1 de junio de 2007, en un camino rural en el estado de Sinaloa, un grupo de soldados “presuntamente alcoholizados y consumiendo drogas” disparó contra una camioneta, donde murieron dos mujeres y tres menores, según la entidad de derechos humanos.

El 26 de marzo de 2008, en ese mismo estado, militares dispararon desde un vehículo del Ejército “desde muy corta distancia y sin razón” contra un automóvil y mataron a cuatro personas.

En esta acción murieron dos de los soldados, “aparentemente a causa de disparos de los mismos militares”.

Las otras tres muertes fueron casos individuales en los estados de Sonora, Michoacán y Tamaulipas.

El organismo internacional creado en 1988 indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas ni con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.

“Estos abusos aberrantes atentan directamente contra el objetivo de terminar con la violencia vinculada con el narcotráfico y de mejorar la seguridad pública”, subraya en su informe la ONG.

Una delegación de HRW, encabezada por su director ejecutivo, Kenneth Roth, presentó las conclusiones de su informe a miembros del gabinete del presidente Felipe Calderón, entre ellos al secretario de Gobernación, al procurador general de la República y al Procurador General de Justicia Militar.

“Estas reuniones fueron tensas y difíciles, en particular con la Procuraduría General de la República y con los militares, aunque con el ministro de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fueron más cordiales”, dijo a Efe el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

El directivo de HRW explicó que “México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares”.

El informe sostiene que la impunidad es favorecida por el sistema de justicia militar mexicana, que carece de “independencia e imparcialidad” y es una estructura cerrada y sin transparencia.

Las investigaciones de los fiscales militares generalmente se cierran por “falta de pruebas” y, aunque en ocasiones se ha indemnizado a las víctimas, esa reparación “no compensa la falta de justicia que prevalece en estos casos”, revela el documento.

Human Rights Watch pidió a Calderón promover reformas a las leyes castrenses para que los jueces civiles puedan juzgar y sancionar a los militares que violan los derechos humanos de la población.

Esta reforma debe garantizar la estabilidad en los cargos de los jueces y magistrados militares para evitar su dependencia del ministro de Defensa.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México confirmó recientemente que el Ejército ha torturado a civiles detenidos en operativos contra el crimen organizado.

De acuerdo con el segundo visitador de la CNDH, Mauricio Ibarra, las mayoría de los casos son “detenciones arbitrarias y un trato cruel” a los arrestados.

La CNDH documentó ocho casos de tortura en 2008, el mismo número que los registrados en los tres primeros meses de este año.

Notimex y EFE, Crónica, 30 de abril.

El IFE elabora protocolo de sanidad para el desarrollo de las campañas

Conjuntamente con las autoridades gubernamentales, en especial la Secretaria de Salud, el IFE elabora un protocolo sanitario para el desarrollo de las campañas electorales que arrancan el próximo domingo en medio de la emergencia sanitaria por la epidemia del virus porcino, y con ello determinar cuáles acciones no deben ser realizadas por los partidos para no generar focos de riesgo.

El presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, informó que se mantienen en contacto con la Secretaria de Salud federal y esperan que, en breve, tengan una respuesta para poner en marcha ese protocolo sanitario.

“Hemos hecho una consulta formal a la SSa para que en términos de lo que establece nuestra legislación, nos especifique aquellos elementos de las campañas electorales que no deben ser realizados por los partidos políticos, en atención a la contingencia sanitaria en virtud de esta consulta”, explicó

De igual manera, antes de la sesión del Consejo General del IFE de ayer, Valdés Zurita abrió la posibilidad de modificar el calendario electoral, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incrementara a nivel 5, el grado de alerta por la epidemia porcina aunque será en las próximas horas cuando se tome una decisión a ese respecto, de manera conjunta con los partidos políticos.

Apenas unas horas antes, Valdés Zurita se mostró reacio a esa posibilidad y aseguró que el IFE estaba en condiciones de cumplir el calendario electoral, pero el aumento en el nivel de alerta modificó ayer su postura.

—¿Un reajuste en el calendario de las campañas puede darse en esta semana?

—Esto evidentemente tendría que definirse esta semana, dada que la inminencia del inicio de las campañas y considerando las nuevas circunstancias que están presentándose, por la información del cambio de calificación de la OMS, es un elemento que nosotros debemos considerar en análisis con la autoridad sanitaria.

El presidente del IFE no descartó una reunión con todos los consejeros y los partidos para analizar esa posibilidad de modificar el calendario electoral, pero será con base en los informes que les proporcionen las autoridades, sobre todo las sanitarias.

“No queremos reunirnos solamente para reflexionar sino reunirnos para analizar información concreta, con alto contenido técnico que nos permita llevar a resoluciones ciertas para el consejo general”, explicó.



PRD pide reunión urgente de partidos y Segob



El dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega envió una carta a sus homólogos de los otros siete partidos políticos y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para solicitarles “una reunión urgente” a fin de analizar todos los posibles escenarios en los que se llevarían a cabo las campañas electorales en medio de la contingencia sanitaria por la epidemia de influenza porcina, sin descartar la posibilidad de revisar y modificar el calendario electoral.

“En cualquiera de los escenarios es indispensable asumir decisiones oportunas que permitan que las elecciones se desarrollen de manera adecuada, aun si tuviéramos que revisar el calendario electoral”, explica

En su misiva, subraya a los dirigentes partidistas y al gobierno federal la necesidad e importancia de analizar el escenario más complejo, que son las decisiones y acciones que se tomarán en caso de que se extienda por largo tiempo la fase de emergencia en el país.

“Estoy convencido de que los partidos no pueden hacer abstracción de la existencia de la epidemia y llevar a cabo las campañas olvidando o soslayando que la salud de los mexicanos es lo prioritario”, indicó.

Alejandro Páez, Crónica, 30 de abril.

Uribe pide ayuda a Chávez para capturar a rebeldes de las FARC

Con el fin de evitar algún mal entendido, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pidió ayer ayuda a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, para que contribuya “a capturar a los terroristas de las (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) FARC” que asesinaron ayer a ocho militares colombianos en una zona montañosa de la frontera nordeste con Venezuela, dijo a su arribó a Roma, a donde acude para una visita oficial.

“Pedimos al señor presidente Chávez y a las autoridades de Venezuela que nos brinden toda la ayuda para capturar a los bandidos” quienes —según aseguró Uribe— se refugiaron “en la hermana República Bolivariana de Venezuela”.

Ocho militares colombianos murieron ayer y otro resultó herido durante enfrentamientos con las FARC en El Templado, uno de los cerros de la serranía limítrofe del Perijá, departamento caribeño de La Guajira.

Según el presidente Uribe, los hechos se registraron a un kilómetro de la frontera con territorio venezolano y con base en los testimonios de campesinos “los sicarios de las FARC se escondieron hacia la hermana Venezuela”.

Uribe insistió en la ayuda del presidente Chávez para capturar a “estos bandidos para que sean llevados a la cárcel, pues no pueden seguir con esa práctica cobarde de asesinar colombianos y abusar del territorio de los países hermanos”.

APOYO. Uribe aseguró también desde Madrid, España, que su país necesita “más ayuda eficaz de todo el mundo, especialmente de Europa, para poder combatir el narcotráfico”, al que definió como el “enemigo” de las libertades.

El mandatario colombiano hizo esta petición durante el discurso que pronunció al serle entregado el primer Premio “Cortes de Cádiz a la Libertad”, concedido por el Ayuntamiento de la sureña ciudad de Cádiz en reconocimiento a su labor contra el terrorismo.

El mandatario colombiano reclamó una “gran reflexión contra el narcotráfico” ya que, a su juicio, existe un “debate equivocado”.



Incautan importante arsenal a la guerrilla



El Ejército colombiano incautó el martes en el sur del país uno de los arsenales más grandes que se hayan decomisado a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que presuntamente estaba destinado para su entrega a células que protegen al jefe militar rebelde Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy.

El comandante de la Fuerza de tarea Conjunta Omega del Ejército, Javier Flores, dijo que se le cortó el paso al abastecimiento bélico de más de mil 500 hombres que rodean a tres integrantes del secretariado de las FARC que se mueven en el sur del país, entre ellos el Mono Jojoy.

En el operativo se incautaron más de 200 mil cartuchos, morteros, granadas, minas antipersonales, una tonelada de explosivos Anfo y otros elementos de guerra, informó el gobierno colombiano en un comunicado.

Presuntamente los explosivos iban a ser utilizados para una ola de atentados que pretendía desplegar ese grupo armado en mayo próximo.

Agencias en Roma y Madrid, Crónica, 30 de abril.

¿Qué hacemos?, IFE a Ssa

El IFE solicitará información a la Secretaría de Salud sobre la situación que priva en el país por la epidemia de la influenza, ello en el marco de etapas electorales que están por arrancar como las campañas, este 3 de mayo.

La decisión fue tomada ayer durante una reunión entre el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, y los representantes de los institutos políticos.

De acuerdo con fuentes electorales, la información que proporcione la dependencia federal será vital para acatar disposiciones ante la emergencia sanitaria, como la que ya asumieron los partidos de no realizar conglomeraciones, para evitar contagios del virus.

En tanto, el IFE informó en un comunicado que ésta fue la primera reunión de varias que sostendrán el consejero Valdés y los representantes partidistas para analizar la evolución de la emergencia sanitaria.

“Los representantes partidistas coincidieron con el Consejero Presidente en hacer un llamado a la serenidad, y a evitar la organización de mítines o eventos que promuevan las concentraciones ciudadanas, con base en las recomendaciones que, al respecto, ha hecho la autoridad”.

La comunicación indica que tras el llamado de Valdés de no convocar a eventos masivos, los representantes partidistas ofrecieron transmitir la solicitud a sus dirigencias y candidatos, “para que se cumpla hasta que las autoridades competentes levanten la alerta sanitaria”.

Mauricio Rubí, El Economista, 29 de abril.

México,“vanguardista” en derechos humanos

México es vanguardista internacional en la protección de los derechos humanos y la no discriminación, explicó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Mediante un comunicado, se informó que el funcionario federal se reunió ayer con el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, y con el director para las Américas de dicha organización, José Miguel Vivanco.

Se explicó que Gómez Mont resaltó el avance de la armonización legislativa en las leyes mexicanas en materia de garantías individuales.

Ante los directores, manifestó que en México la Constitución protege la diversidad, las garantías y los derechos humanos de todos los ciudadanos, a través de una política de Estado en la que están involucrados los tres poderes de la Federación.

En la reunión que se efectuó ayer en las instalaciones de la dependencia, el Secretario destacó que el país ha avanzado en los estándares internacionales de protección a los derechos humanos en la última década.

Para ello se ha fortalecido el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de los Adultos Mayores, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Mexicano de la Juventud.

En febrero, Gómez Mont presentó la Revisión Periódica Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde se admitieron 83 de 91 recomendaciones en la materia. Se espera que en junio tengan respuesta de las otras ocho.

Tania Rosas, El Economista, 29 de abril.

Buscan por espionaje al Montesinos colombiano

Las interceptaciones telefónicas y seguimientos no autorizados a por lo menos 600 magistrados, periodistas y políticos por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia, organismo que depende del presidente Álvaro Uribe, toman visos parecidos al de una película de espías durante la guerra fría y ya es comparado con el caso de Vladimiro Montesinos en Perú.

El director del organismo Felipe Muñoz, anunció la destitución de 11 funcionarios de seccionales departamentales a quienes se les “perdió la confianza” y cambios en la estructura interna, como la abolición del Grupo de Observación Nacional e Internacional (Goni), considerado una facción siniestra.

A este grupo, según un informe preliminar de la Fiscalía General de la Nación, se le atribuye el seguimiento no autorizado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los agentes, no solo escuchaban sus conversaciones de forma ilegal sino que elaboraron una carpeta bajo el rótulo de “Vicios” en la que consignaron situaciones de la vida íntima de los magistrados como sus preferencias sexuales y posibles relaciones extraconyugales. También pidieron al Ministerio de Hacienda entregar información clasificada sobre cuentas bancarias y hasta los contratos de telefonía celular de los magistrados.

La Sala Vino, desde la cual se realizaban las interceptaciones, ya no estará bajo la tutela de la dirección de inteligencia del DAS, sino que dependerá del director, para permitir su depuración.

Ayer el ex presidente y ex secretario general de la OEA, César Gaviria, comparó el escándalo a lo sucedido en Perú a instancias de Vladimiro Montesinos, hombre de confianza de Alberto Fujimori.

“Aquí lo que no sabemos es quién fue el Montesinos”, aseguró Gaviria al hacer alusión a una declaración del ex jefe de Inteligencia del DAS, Francisco Tabares, quien señaló que por lo menos en cuatro ocasiones se había reunido con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria para “informarles” sobre varios temas.

El ex presidente Gaviria, quien fue uno de los personajes analizados por los agentes de inteligencia, no solo pidió a Uribe responder por lo sucedido sino que aseguró que no se impidió para que desde ese organismo de seguridad se siguiera vendiendo información clasificada a narcotraficantes y paramilitares.

El precandidato presidencial colombiano Rafael Pardo, víctima del espionaje, exigió que se aclare quién es el “Montesinos colombiano”, en referencia al hombre que lideró una red similar en el gobierno peruano del hoy encarcelado expresidente Alberto Fujimori.

“Es claro que hubo seguimientos sistemáticos, ya se sabe a quién y cuándo. Lo que no se sabe es quién los ordenaba y recibía los informes. Éste no es un asunto de mandos medios y se necesita saber quién es el Montesinos colombiano”, dijo Pardo en una entrevista que publicó ayer el diario bogotano El Espectador.

Claves

Las FARC, ¿partido?


• El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo ayer que si la guerrilla colombiana de las FARC quisieran llegar al poder, “sería mucho más fácil” que crearan un partido político para disputar las elecciones.

• La familia del abatido jefe de las FARC Raúl Reyes, muerto en un ataque colombiano a Ecuador en 2008, anunció que pedirá al Estado la entrega del cadáver.

Clara Isabel Vélez en Medellín y DPA, Milenio, 29 de abril.

Caracas retira a su embajador en Perú por el asilo a Rosales

El gobierno de Venezuela ordenó el retorno de su embajador en Perú, en protesta por el asilo político que le dio Lima al líder opositor Manuel Rosales, quien está acusado por un cargo de enriquecimiento ilícito.

La Cancillería emitió la noche del lunes un comunicado en el que señala que se ordenó la suspensión de los trámites al traslado del embajador designado Arístides Medina, cuyo nombramiento fue anunciado la semana pasada.

También señaló que se inicia una fase de “evaluación integral” de las relaciones con Perú, cuyo gobierno anunció el lunes que le concedía el asilo al líder opositor. El comunicado recordó que Venezuela solicitó la entrega de Rosales, mediante una petición de arresto a través de la Política Internacional (Interpol), y que a pesar “del cúmulo de pruebas, el gobierno del Perú decidió otorgarle el asilo político”.

Afirmó que esa decisión “constituye una burla contra el derecho internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el pueblo de Venezuela”. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, Santiago Fujimori, negó ayer que la concesión del asilo sea un “gesto de hostilidad o inamistad” contra Venezuela. Mientras, el partido de Rosales, Un Nuevo Tiempo (UNT) agradeció ayer a Perú por concederle asilo político a su líder, y criticó el llamado a consultas a su embajador que hizo el gobierno de Venezuela. El presidente de Perú, Alan García, afirmó en Río Branco(Brasil) que el asilo político “no alterará” las relaciones con ese país.

Agencias en Caracas, Milenio, 29 de abril.

Tráfico de armas, amenaza para la seguridad nacional

El Senado aprobó ayer cambios a la Ley de Seguridad Nacional para considerar como amenaza el tráfico ilegal de armas de fuego, cartuchos y municiones de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Además, otorga la facultad explícita a la Secretaría de Seguridad Pública para que, a través de la Policía Federal Preventiva, coadyuve con la Secretaría de Hacienda y la Dirección General de Aduanas en la seguridad y vigilancia de cada uno de los puentes internacionales del país.

Los priistas que impulsaron la minuta —Fernando Castro, Pedro Joaquín, Fernando Baeza Meléndez y Ricardo Pacheco— ponderaron que México y Estados Unidos iniciaron el “proyecto Gunrunner” con la finalidad de impedir el tráfico de armas de fuego.

De acuerdo con información de la embajada de Estados Unidos en México, la mayoría de los incidentes violentos con armas de grueso calibre son perpetrados por organizaciones de narcotraficantes que las importan de territorio estadunidense.

Entre estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del virus A/H1N1, los senadores aprobaron también los juicios en línea, los cuales permitirán la impartición de justicia mediante internet.

Se podrá realizar todo el proceso en línea, desde la demanda hasta la sentencia. Además, destacaron, estarán garantizados los derechos de audiencia y de seguridad jurídica.

Angélica Mercado, Milenio, 29 de abril.

100 agentes fronterizos de EU investigarán tráfico de armas

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) anunció ayer el envío de más de 100 agentes a Houston, Texas, a fin de desmantelar las redes de compradores de armas que surten a los cárteles mexicanos.

La ciudad de Houston es considerada uno de las principales centros de adquisición de armas de las organizaciones del narcotráfico en México, debido a su extensión y cercanía con la línea divisoria entre ambos países.

El director interino de la ATF, Kenneth Melson, dijo que se desplegarán investigadores y analistas al área de Houston, para que a lo largo de 120 días desarrollen labores de inteligencia contra los traficantes de armas, que puedan incidir en su detención.

El despliegue anunciado forma parte de una iniciativa de recaudación de inteligencia ubicada dentro del Proyecto Gun and Runner, un operativo de largo plazo orientado a frenar el tráfico de armas a México.

Melson precisó que los agentes enviados a Houston trabajarán en tres fases: En la fase uno, los agentes darán seguimiento a las pistas que se tienen sobre tráfico; en la fase dos, la información desarrolladla servirá de base para iniciar nuevas investigaciones de tráfico, y en la fase tres se darán las conclusiones de las iniciativas, al enviarse los casos criminales para su procesamiento judicial en Estados Unidos y México.

Notimex en Houston, 29 de abril.

El IFE, sin atribuciones para modificar calendario electoral

El consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, afirmó que ese instituto no tiene atribuciones para modificar el calendario electoral de los comicios intermedios del próximo 5 de julio, e indicó que se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo.

Entrevistado luego de que el PRD propuso una reunión entre líderes de los partidos políticos, las secretarías de Gobernación y Salud, y el IFE para analizar esa posibilidad ante la epidemia de influenza porcina que se registra en el país, el consejero presidente dijo que una situación extrema como la que se está viviendo podría llevar al Poder Legislativo a tomar una decisión de esa naturaleza.

Sin embargo, puntualizó que con la información con que cuenta, el IFE podría seguir con el desarrollo de las actividades, entre ellas, la capacitación a domicilio.

“En una situación de extrema emergencia, la autoridad competente tendría que considerar la modificación de la jornada electoral. Pero eso no es facultad del Instituto Federal Electoral, como lo he dicho con toda claridad”, aseguró Leonardo Valdés.

Susana Hernández, Milenio, 29 de abril.

Se cancelan los actos masivos de campaña

En una primera reunión que sostuvo el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, con los representantes de PAN, PRD, PRI, PSD, PT, PSD, Convergencia y Nueva Alianza ante el organismo, acordaron no realizar actos masivos ni mítines para evitar la propagación de la enfermedad, como lo recomendó la autoridad sanitaria.

Asimismo, el IFE y los ocho partidos políticos solicitarán a la Secretaría de Salud un informe detallado sobre la situación que priva en el país por la epidemia de influenza porcina, con el fin de determinar las medidas a seguir en el marco de las campañas de los candidatos a una diputación federal que arrancan el 3 de mayo.

En un comunicado, el instituto informó que los representantes ofrecieron transmitir el llamado a la serenidad y evitar mítines a sus dirigencias y a sus candidatos, para que se cumpla hasta que las autoridades competentes levanten la alerta.

Por su parte, el secretario general del PRI, Jesús Murillo, anunció que arrancarán la contienda con alternativas como los medios de comunicación y cartas personales.

A menos de una semana de iniciar la campaña el 3 de marzo próximo, Murillo ofreció que el PRI está en la mejor disposición de apoyar al gobierno, para hacer frente a la epidemia de influenza porcina.

“Una cosa es suspender actos masivos y otra suspender las campañas, son cosas distintas. Las campañas se pueden hacer sin necesidad de actos masivos, son cosas completamente distintas, entonces lo que se hará es cancelar actos masivos”.

Precisó que el 3 de mayo el PRI optará por medios electrónicos y otro tipo de formas, “¿a poco si les mando una carta los contagio? No”.

Puntualizó que esta modalidad durará sólo el tiempo que se mantenga la contingencia sanitaria.

Propone PRD analizar cambios

Ante la “crítica situación”, el PRD llamó a los líderes de los partidos políticos a ser sensibles y los convocó a una reunión, de manera urgente, con las secretarías de Gobernación y Salud, y el Instituto Federal Electoral para analizar la posibilidad de modificar el calendario electoral.

Al acudir a las instalaciones del IFE a registrar a sus 500 candidatos a una diputación federal por mayoría relativa y representación proporcional, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, consideró pertinente una reunión al más alto nivel en las próximas horas con el propósito de analizar la situación del proceso electoral.

“Para el PRD lo más importante es la salud de la gente y la superación de la emergencia y por ello mismo, con responsabilidad, es obligado que se considere, incluso, la revisión de las fechas del calendario electoral”, puntualizó.

A su vez, al entregar sus respectivas listas para el registro de sus candidatos, el PSD se sumó a la preocupación expresada horas antes por el PRD y propuso que los partidos políticos cedan el 10 por ciento de sus prerrogativas para apoyar a las autoridades sanitarias en la emergencia.

Angélica Mercado y Susana Hernández, Milenio, 29 de abril.

Consideran amenaza el tráfico de armas

La introducción ilegal de armas de fuego y explosivos al País será considerada como una amenaza nacional, aprobó este martes el Senado de la República.

En las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que fueron propuestas por el PRI, se obliga a la Secretaría de Seguridad Pública para que, a través de la PFP, coadyuve con la Secretaría de Hacienda y Aduanas en la seguridad y vigilancia de todos los puentes internacionales del País para evitar el tráfico, pues actualmente la legislación no aclara esta atribución.

Esto, aclara el documento, para que los servidores públicos de la SSP que participen con los delincuentes para ejecutar este ilícito, se les puedan fincar sanciones como autoridades por corrupción.

En la ley vigente se establecen 12 tipos de amenazas a la seguridad nacional, entre ellas el espionaje, rebelión, traición a la patria o genocidio en contra del País; actos de interferencia extranjera; sabotaje a las acciones contra la delincuencia organizada; actos contra la seguridad de la aviación; atentados contra el personal diplomático; financiamiento a organizaciones terroristas; y la destrucción de infraestructura estratégica.

En la minuta aprobada, que fue enviada a la Cámara de Diputados para su aval, los senadores consideran que la proliferación de armas de fuego sin control ocasiona que estos artefactos caigan en manos no sólo de la delincuencia organizada sino también de los delincuentes comunes y hasta de grupos terroristas, por lo que constituye una grave amenaza a la seguridad nacional, regional e internacional.

Para el Senado, el 90 por ciento de las armas de fuego utilizadas por la delincuencia organizada provienen del extranjero, principalmente de los Estados Unidos, pues se tienen detectados 12 mil puntos de venta a lo largo de toda su frontera sur.

"En nuestro país se han perdido miles de vidas en hechos relacionados con armas de fuego, cifra que iguala las bajas ocurridas en Iraq, pero con la diferencia de que allá han ocurrido durante los últimos seis años, mientras que aquí en meses", indica el dictamen.

Érika Hernández y Claudia Guerrero, Reforma, 29 de abril.

Acusan a Ejército de cateos ilegales

La mitad de las quejas contra el Ejército mexicano por presuntas violaciones a los derechos humanos es por cateos ilegales.

En un informe entregado a través la Ley de Transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 614 quejas de ciudadanos que dijeron haber sufrido la incursión de militares en sus domicilios sin que existieran las respectivas órdenes judiciales.

Por cada queja, la Sedena entregó a la CNDH un informe para que el organismo determinara si efectivamente hubo o no violación a las garantías fundamentales.

En total, fueron mil 143 quejas presentadas en contra de la Sedena durante 2008.

Las otras quejas más frecuentes, según la clasificación de la CNDH, son 275 por detenciones arbitrarias, 136 por ejercicio indebido de la función pública, 23 por lesiones, 12 por violaciones al derecho y la legalidad, y 83 clasificadas como otras.

Las mil 143 quejas presentadas contra la Sedena el año pasado la convirtieron, por primera vez, en el área del Gobierno federal con mayor número de presuntas violaciones a los derechos humanos, por encima del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Educación Pública.

De acuerdo con un informe de la Sedena presentado en febrero pasado en Ginebra, Suiza, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los últimos dos años se han abierto 27 expedientes en contra de 40 militares que presuntamente incurrieron en violaciones a las garantías fundamentales.

Durante 2008, de acuerdo con la Sedena, a través de su Dirección General de Derechos Humanos se le dio capacitación en esa materia a 266 generales, 3 mil 330 jefes, 16 mil 295 oficiales, 60 mil 822 integrantes de la tropa y 2 mil 301 rurales.

El mes pasado, el titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, el General Brigadier Jaime Antonio López Portillo, admitió que en algunos casos, durante las acciones que desarrollan contra el narcotráfico, se ocasionan perjuicios a la sociedad civil.

"La legislación militar prevé todo este tipo de cosas, evitar violaciones a la garantías individuales, pero hay algunas circunstancias en las que es inevitable o desgraciadamente se puede generar alguna problemática en la que se lleva a cabo algún daño a las personas o a la propiedad", dijo entonces.

Algunas de las incursiones ilegales en las que presuntamente ha incurrido la Sedena han motivado recomendaciones de la CNDH. Una de ellas es la 38/2007 emitida en septiembre de 2007 por los cateos sin orden judicial y los presuntos abusos que militares cometieron en los poblados de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo.

Entre el 2 y 4 de mayo de ese año, los militares sitiaron los tres pueblos en busca de los asesinos de cinco militares que habían sido emboscados en Carácuaro y que, en ese momento, era el mayor número de soldados muertos tras un ataque del crimen organizado.

Rolando Herrera, Reforma, 29 de abril.

Presume Segob logros de México

El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, presumió que en México la protección de los derechos humanos está garantizada y contenida en todas las normas y programas gubernamentales.

El funcionario federal se reu- nió ayer con el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, y con el director para las Américas de esa organización, José Miguel Vivanco, a quienes aseguró que, en la última década, y particularmente durante la administración del Presidente Felipe Calderón, México ha avanzado en la protección de los derechos fundamentales y en armonización legislativa entre leyes mexicanas y estándares internacionales.

"En muchos casos, México está a la vanguardia internacional en la protección de los derechos fundamentales, como en el caso del derecho a la no discriminación", dijo Gómez Mont, según un comunicado de Segob.

Reforma, 29 de abril.

Perciben desdén de Calderón a DH

El interés común de México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada termina en los derechos humanos.

Para la organización Human Rights Watch (HRW), mientras el Presidente Barack Obama ha enmarcado la lucha contra la inseguridad dentro de parámetros de los derechos humanos, el Presidente Felipe Calderón no está convencido de que el respeto a los derechos fundamentales sea esencial para incrementar la seguridad pública.

"Tenemos preocupaciones de fondo porque, después de dos años de Gobierno, cada vez tenemos más la impresión de que el Gobierno del Presidente Calderón no está convencido de que el respeto a los derechos humanos es uno de los factores clave para conseguir incrementar la seguridad pública en México. Respetar derechos humanos está en el mejor interés de un Gobierno que persigue incrementar los niveles de seguridad pública.

"Esa claridad no existe y, en cambio, se reserva el tema de derechos humanos casi como una carga, como un saludo a la bandera donde uno sabe que, al final del discurso, uno tendrá que decir: 'Y evidentemente que todo esto debe hacerse sin violar los derechos humanos'", asegura el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

En entrevista exclusiva, el activista habla sobre la nueva relación México-Estados Unidos, previo al lanzamiento, hoy miércoles 29 de abril, de un informe sobre justicia militar y derechos humanos en México titulado: "Impunidad uniformada".




¿Cómo describe la nueva relación México-EU?

Que el Presidente Obama haya elegido a México como el primer país de América Latina que visita deja clara su importancia estratégica. El Presidente Bush, que estuvo inicialmente muy interesado en México, a partir de los atentados del 11 de septiembre no sólo lo relegó a un cuarto lugar -y, con ello, al resto de América Latina- peor aun, decidió desarrollar una política de lucha contra el terror en la que subordinó todo, incluso los derechos humanos, a las prioridades de seguridad interna.

Con Obama, las relaciones entre México y EU no sólo se pueden volver a estrechar; también se van a dar en un nuevo contexto, con una Administración que ha dado muestra de tener puntos de vista diametralmente opuestos a los de su predecesor, especialmente en temas de derechos humanos.




¿Cuál ha sido el discurso de Obama para preservar los derechos humanos en el marco de la estrategia de seguridad con México?

Es prematuro avanzar líneas en esa dirección. Sin embargo, el Presidente Obama ha dicho, en todos los contextos, que se puede y se debe luchar para incrementar la seguridad dentro de parámetros de respeto a los derechos fundamentales.

Ha dicho que está en contra de la tortura, que su Gobierno repudia ese tipo de prácticas. La intención de la nueva Administración es que el componente de derechos humanos no quede subordinado a otro tipo de intereses. Es el problema histórico de los EU: promover derechos humanos en ciertos países y hacerse de la vista gorda cuando se trata de aliados estratégicos.




¿Ve la misma voluntad del Presidente Calderón para garantizar los derechos humanos que la expresada por Obama?

La diferencia es dónde colocas el componente de los derechos humanos: dentro o fuera de la ecuación de seguridad. Nuestra impresión es que el Presidente Calderón no está consciente, no está convencido que le sirve a México, en su lucha por la seguridad, el actuar dentro de ciertos parámetros.




¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno federal en sus comunicaciones con HRW?

Las respuestas han sido formalmente correctas, pero dan lugar a que persista la duda sobre si el Gobierno está persuadido de que la fuerza pública debe actuar bajo ciertos parámetros no sólo por una cuestión valórica, sino para que actúe profesionalmente y no acuda a métodos y prácticas que no se diferencian del crimen.

Al cometerse abusos, excesos y encubrimiento, es difícil que los funcionarios que forman parte de estas instituciones puedan actuar con rectitud cuando saben que hay otros dentro de la institución que se deben favores unos con otros. La cultura que se impone alrededor de estas instituciones es esencialmente de abusos, unidas a encubrimiento e impunidad.




¿Ha hecho HRW una evaluación de los candados para que sigan fluyendo los recursos de la Iniciativa Mérida?

Aún es un poco temprano para evaluar el impacto de estos candados. La Secretaria de Estado de EU no ha informado al Congreso sobre esa materia y, según la ley norteamericana, la Secretaria (Hillary) Clinton tiene la tarea o la obligación de informarle al Congreso sobre cómo se están desarrollando esas políticas en función de ciertos estándares de derechos humanos.




¿Qué posibilidades hay de una reforma migratoria?

Ha sido valiente Obama al insistir en que tiene el compromiso de presentar, este año ante el Congreso norteamericano, una propuesta que permita regularizar la situación de los millones de indocumentados que existen en EU. Sin el empuje de la Casa Blanca y sin que la Casa Blanca esté dispuesta a gastar capital político en esta iniciativa, va a ser muy difícil que la realidad cambie. No es un tema fácil y va a ser doblemente complejo en una época de recesión.

Esto depende del Congreso, que en EU es uno de los órganos más sensibles al estado de ánimo de la opinión pública, en buena parte porque los congresistas aspiran a reelegirse, y sus bases pueden obligarlos a apartarse de la política de la Casa Blanca a pesar de pertenecer al mismo partido.

Silvia Garduño, Reforma, 29 de abril.