La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) se dijo “profundamente desilusionada” ante el incremento de los abusos cometidos por el Ejército mexicano contra civiles y lamentó la poca disposición del gobierno federal, sobre todo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Procuraduría General de la República (PGR), para castigar a los responsables.
Dijo que en el marco de los operativos contra el crimen organizado, el Ejército ha cometido “abusos aberrantes” como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias, sin que hasta la fecha ningún efectivo militar esté sujeto a proceso judicial.
Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, explicó que esa situación se debe a que las violaciones a los derechos humanos son remitidas y juzgadas por tribunales militares y éstos carecen de eficacia y transparencia para garantizar la justicia que reclaman las víctimas.
Ayer, Human Rights Watch presentó el informe Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública.
Esta organización documentó 17 casos de “graves abusos” cometidos por militares contra 70 civiles entre 2007 y 2008.
Roth señaló que falta voluntad política para resolver esta situación, por lo que llamó al presidente Felipe Calderón para que garantice que los abusos graves de militares contra civiles sean investigados y juzgados por autoridades civiles y no castrenses.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, señaló que hay poca disposición en la PGR para defender el fuero civil “a pesar de que se trata de violaciones a los derechos humanos y de que saben que el fuero militar no funciona”.
Indicó que esta situación implica además un debilitamiento del estado de derecho que atenta contra el objetivo de terminar con la violencia del narcotráfico.
Aclaró que HRW no tiene objeción en que el Ejército participe en labores de seguridad pública, “pero lo debe hacer con apego a los derechos humanos y si cometen abusos deben ser juzgados y castigados por tribunales civiles”.
Se documenta un caso ocurrido en mayo de 2007 en Michoacán, señala el informe, cuando en una emboscada los soldados detuvieron a 36 personas, cuatro de ellas mujeres menores de 18 años.
Los detenidos fueron retenidos en la 21 zona militar por 84 horas y sujetos a tortura; las mujeres fueron violadas y obligadas a detallar de su supuesto nexo con grupos armados y de narcos.
Al respecto, la Sedena informó a los expertos de HRW que aún investigan las “lesiones y los presuntos actos de tortura”.
Otro caso documentado por HRW se ubica el 3 de agosto de 2007 en Sonora. Algunos soldados detuvieron a tres hombres, pero sólo presentaron a dos ante el Ministerio Público acusados de portación ilegal de armas. El tercero fue hallado muerto al día siguiente a un costado de una carretera de la entidad. El cadáver tenía huellas de tortura.
La Sedena aseguró que falleció por problemas de salud, pero no dijo por qué su cuerpo apareció en una carretera y meses después indemnizó a los familiares.
Dijo que en el marco de los operativos contra el crimen organizado, el Ejército ha cometido “abusos aberrantes” como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias, sin que hasta la fecha ningún efectivo militar esté sujeto a proceso judicial.
Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, explicó que esa situación se debe a que las violaciones a los derechos humanos son remitidas y juzgadas por tribunales militares y éstos carecen de eficacia y transparencia para garantizar la justicia que reclaman las víctimas.
Ayer, Human Rights Watch presentó el informe Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública.
Esta organización documentó 17 casos de “graves abusos” cometidos por militares contra 70 civiles entre 2007 y 2008.
Roth señaló que falta voluntad política para resolver esta situación, por lo que llamó al presidente Felipe Calderón para que garantice que los abusos graves de militares contra civiles sean investigados y juzgados por autoridades civiles y no castrenses.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, señaló que hay poca disposición en la PGR para defender el fuero civil “a pesar de que se trata de violaciones a los derechos humanos y de que saben que el fuero militar no funciona”.
Indicó que esta situación implica además un debilitamiento del estado de derecho que atenta contra el objetivo de terminar con la violencia del narcotráfico.
Aclaró que HRW no tiene objeción en que el Ejército participe en labores de seguridad pública, “pero lo debe hacer con apego a los derechos humanos y si cometen abusos deben ser juzgados y castigados por tribunales civiles”.
Se documenta un caso ocurrido en mayo de 2007 en Michoacán, señala el informe, cuando en una emboscada los soldados detuvieron a 36 personas, cuatro de ellas mujeres menores de 18 años.
Los detenidos fueron retenidos en la 21 zona militar por 84 horas y sujetos a tortura; las mujeres fueron violadas y obligadas a detallar de su supuesto nexo con grupos armados y de narcos.
Al respecto, la Sedena informó a los expertos de HRW que aún investigan las “lesiones y los presuntos actos de tortura”.
Otro caso documentado por HRW se ubica el 3 de agosto de 2007 en Sonora. Algunos soldados detuvieron a tres hombres, pero sólo presentaron a dos ante el Ministerio Público acusados de portación ilegal de armas. El tercero fue hallado muerto al día siguiente a un costado de una carretera de la entidad. El cadáver tenía huellas de tortura.
La Sedena aseguró que falleció por problemas de salud, pero no dijo por qué su cuerpo apareció en una carretera y meses después indemnizó a los familiares.
Liliana Alcántara y Noemí Gutiérrez, El Universal, 30 de abril.
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