Militares mexicanos asesinaron presuntamente al menos a 12 civiles desarmados en los últimos dos años, violaron a unas 20 mujeres y detuvieron ilegalmente y torturaron a otras 50 personas, aseguró ayer la organización Human Rights watch (HRW).
En el informe “Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, el organismo con sede en Nueva York describe 17 casos de graves abusos militares con más de 80 víctimas.
El documento presentado hoy en México precisa que en todos esos casos, registrados en operativos contra el crimen organizado, los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad.
El único caso en que se condenó a cuatro soldados fue un proceso desarrollado por autoridades civiles.
HRW señala que en 12 casos de presuntos asesinatos los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que éstos no acataron la orden de detener sus vehículos.
El 1 de junio de 2007, en un camino rural en el estado de Sinaloa, un grupo de soldados “presuntamente alcoholizados y consumiendo drogas” disparó contra una camioneta, donde murieron dos mujeres y tres menores, según la entidad de derechos humanos.
El 26 de marzo de 2008, en ese mismo estado, militares dispararon desde un vehículo del Ejército “desde muy corta distancia y sin razón” contra un automóvil y mataron a cuatro personas.
En esta acción murieron dos de los soldados, “aparentemente a causa de disparos de los mismos militares”.
Las otras tres muertes fueron casos individuales en los estados de Sonora, Michoacán y Tamaulipas.
El organismo internacional creado en 1988 indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas ni con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.
“Estos abusos aberrantes atentan directamente contra el objetivo de terminar con la violencia vinculada con el narcotráfico y de mejorar la seguridad pública”, subraya en su informe la ONG.
Una delegación de HRW, encabezada por su director ejecutivo, Kenneth Roth, presentó las conclusiones de su informe a miembros del gabinete del presidente Felipe Calderón, entre ellos al secretario de Gobernación, al procurador general de la República y al Procurador General de Justicia Militar.
“Estas reuniones fueron tensas y difíciles, en particular con la Procuraduría General de la República y con los militares, aunque con el ministro de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fueron más cordiales”, dijo a Efe el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
El directivo de HRW explicó que “México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares”.
El informe sostiene que la impunidad es favorecida por el sistema de justicia militar mexicana, que carece de “independencia e imparcialidad” y es una estructura cerrada y sin transparencia.
Las investigaciones de los fiscales militares generalmente se cierran por “falta de pruebas” y, aunque en ocasiones se ha indemnizado a las víctimas, esa reparación “no compensa la falta de justicia que prevalece en estos casos”, revela el documento.
Human Rights Watch pidió a Calderón promover reformas a las leyes castrenses para que los jueces civiles puedan juzgar y sancionar a los militares que violan los derechos humanos de la población.
Esta reforma debe garantizar la estabilidad en los cargos de los jueces y magistrados militares para evitar su dependencia del ministro de Defensa.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México confirmó recientemente que el Ejército ha torturado a civiles detenidos en operativos contra el crimen organizado.
De acuerdo con el segundo visitador de la CNDH, Mauricio Ibarra, las mayoría de los casos son “detenciones arbitrarias y un trato cruel” a los arrestados.
La CNDH documentó ocho casos de tortura en 2008, el mismo número que los registrados en los tres primeros meses de este año.
En el informe “Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, el organismo con sede en Nueva York describe 17 casos de graves abusos militares con más de 80 víctimas.
El documento presentado hoy en México precisa que en todos esos casos, registrados en operativos contra el crimen organizado, los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad.
El único caso en que se condenó a cuatro soldados fue un proceso desarrollado por autoridades civiles.
HRW señala que en 12 casos de presuntos asesinatos los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que éstos no acataron la orden de detener sus vehículos.
El 1 de junio de 2007, en un camino rural en el estado de Sinaloa, un grupo de soldados “presuntamente alcoholizados y consumiendo drogas” disparó contra una camioneta, donde murieron dos mujeres y tres menores, según la entidad de derechos humanos.
El 26 de marzo de 2008, en ese mismo estado, militares dispararon desde un vehículo del Ejército “desde muy corta distancia y sin razón” contra un automóvil y mataron a cuatro personas.
En esta acción murieron dos de los soldados, “aparentemente a causa de disparos de los mismos militares”.
Las otras tres muertes fueron casos individuales en los estados de Sonora, Michoacán y Tamaulipas.
El organismo internacional creado en 1988 indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas ni con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.
“Estos abusos aberrantes atentan directamente contra el objetivo de terminar con la violencia vinculada con el narcotráfico y de mejorar la seguridad pública”, subraya en su informe la ONG.
Una delegación de HRW, encabezada por su director ejecutivo, Kenneth Roth, presentó las conclusiones de su informe a miembros del gabinete del presidente Felipe Calderón, entre ellos al secretario de Gobernación, al procurador general de la República y al Procurador General de Justicia Militar.
“Estas reuniones fueron tensas y difíciles, en particular con la Procuraduría General de la República y con los militares, aunque con el ministro de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fueron más cordiales”, dijo a Efe el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
El directivo de HRW explicó que “México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares”.
El informe sostiene que la impunidad es favorecida por el sistema de justicia militar mexicana, que carece de “independencia e imparcialidad” y es una estructura cerrada y sin transparencia.
Las investigaciones de los fiscales militares generalmente se cierran por “falta de pruebas” y, aunque en ocasiones se ha indemnizado a las víctimas, esa reparación “no compensa la falta de justicia que prevalece en estos casos”, revela el documento.
Human Rights Watch pidió a Calderón promover reformas a las leyes castrenses para que los jueces civiles puedan juzgar y sancionar a los militares que violan los derechos humanos de la población.
Esta reforma debe garantizar la estabilidad en los cargos de los jueces y magistrados militares para evitar su dependencia del ministro de Defensa.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México confirmó recientemente que el Ejército ha torturado a civiles detenidos en operativos contra el crimen organizado.
De acuerdo con el segundo visitador de la CNDH, Mauricio Ibarra, las mayoría de los casos son “detenciones arbitrarias y un trato cruel” a los arrestados.
La CNDH documentó ocho casos de tortura en 2008, el mismo número que los registrados en los tres primeros meses de este año.
Notimex y EFE, Crónica, 30 de abril.
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